SEMANA CLAVE EN EL JURY A EDUARDO FARIZ

El viernes terminó la primera etapa del juicio político al titular del Juzgado Federal de Reconquista, Eduardo Luis María Fariz. Más de 50 testigos declararon ante el jury de Enjuiciamiento de Magistrados y, en su mayoría, no dejaron bien parado al suspendido juez, dijeron allegados al caso, quienes indicaron que existen muchas probabilidades de que Fariz sea removido de su cargo. De acuerdo con trascendidos, las declaraciones de muchos testigos derivarían en nuevas investigaciones por distintas causas. Este jueves se conocerán los alegatos y se especula con que el suspendido juez federal preste declaración. Luego, el Jurado de Enjuiciamiento tiene hasta el 7 de marzo para expedir su veredicto, ya que se vencen los 180 días de suspensión al magistrado.
En siete jornadas (desde el jueves 9 al viernes 17 de febrero) unas cincuenta personas, entre abogados, periodistas, empleados del Juzgado Federal y hasta el propio obispo de Reconquista (que envió un escrito), brindaron su testimonio en el primer juicio político realizado por el Consejo de la Magistratura durante 2006. Ahora, el Jury se tomará un “descanso” hasta el próximo jueves, cuando se escucharán los alegatos. Luego, se le brindará a Fariz la posibilidad de efectuar su descargo y, según estimaron fuentes que siguen de cerca el proceso, es probable que el juez intente desmerecer a muchos de los testigos, aunque son pocas las probabilidades de que quede absuelto y vuelva a ocupar su cargo.
Cuando el jueves 9 comenzaron a escucharse los testimonios de los más de 50 testigos presentados por ambas partes, se especulaba con que muchas de esas declaraciones no aportarían nada nuevo a los integrantes de la sala juzgadora. Pero hasta el relato de testigos presentados por la propia defensa terminaron por perjudicar a Fariz, dijeron los voceros consultados.
Uno de los testimonios más contundentes fue el del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, quien aseguró que notaron muchas irregularidades al momento de nombrar conjueces, ya que siempre el bolillero caía en los mismos. Entre otras cosas, Pochettino recordó (sin dar nombres) el caso de un abogado que estaba a cargo del Juzgado por un pedido de licencia de Fariz, que tuvo que tomar declaración a un detenido por tráfico de drogas, para luego terminar siendo su abogado defensor y, en otra oportunidad en que Fariz pidió licencia, obtener la liberación de su defendido (gracias a otro abogado que hizo las veces de conjuez).
Una polémica liberación

El funcionario se refería a la detención de Aldo Ferrero, un hombre residente en Morteros, provincia de Córdoba, quien fue detenido en marzo del año pasado en un camino rural de Suardi, en el departamento San Cristóbal, con 154 kilos de marihuana en la parte trasera de una camioneta. El arresto lo hizo el agente de la guardia rural Claudio Capdevila, quien trasladó a Ferrero hasta el Juzgado Federal de Reconquista. Ferrero llegó esposado y quien le tomó la primera declaración fue el abogado Ricardo Degoumois, en su carácter de conjuez, quien ordenó que el imputado quedase tras las rejas. En tanto, Capdevila fue citado a declarar en dos oportunidades y grande fue su sorpresa –según habría comentado– cuando asistió al segundo llamado, ya que Ferrero había cambiado de abogado y ahora era defendido por Degoumois.
El 4 de agosto, estando Fariz nuevamente con licencia, otro conjuez (Hugo Rebechi) liberó a Ferrero. Doce horas más tarde, el agente Capdevila apareció muerto de un disparo en la cabeza, en un camino rural del departamento San Cristóbal. La causa, desde el inicio, fue caratulada como suicidio, pese a varias irregularidades existentes en los seis cuerpos del expediente, que –por ejemplo– denunció Pochettino. Y luego fue archivada.
El viernes 17 declaró el médico Gustavo de Pratto, profesional que extendió a Fariz el certificado que señalaba “lumbalgia” como justificativo de la licencia cuando Ferrero recuperó la libertad. Al parecer, el médico –que fue presentado como testigo por parte de la defensa– estuvo muy nervioso ante las preguntas de los integrantes del Jurado.
Otro testimonio que terminó perjudicando al suspendido juez federal fue el de la actual secretaria penal del Juzgado, María Eugenia Zarza, quien aseguró que, cuando Fariz pidió licencia en agosto (momento en que Ferrero fue liberado), el abogado Hugo Rebechi, conjuez que quedó a cargo del Juzgado, se enteró dos días antes que iba a asumir el reemplazo. Por estos dichos, Zarza fue nuevamente citada a declarar y, en su ampliatoria, reafirmó sus dichos y reconoció ante el jury que Fariz pedía licencia cuando tenía que resolver casos importantes, reveló una fuente judicial.
En tanto, el titular del gremio judicial, Julio Piumatto (quien presentó la denuncia contra Fariz ante el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2003), dio detalles sobre las imputaciones contra el accionar del juez y de las alegadas persecuciones laborales a empleados y empleadas del Juzgado.
En declaraciones a radio Amanecer de Reconquista, el titular del gremio judicial aseguró que “cuando termine todo esto, la gente se va a animar a dar nombres y apellidos, porque aquí hay más responsables, aunque lo determinante acá –y por eso lo hemos denunciado en su momento– es el accionar de Fariz y el fiscal (Federal de Resistencia Cristóbal) Cavanagh”.
Varios empleados del Juzgado Federal mencionaron que Fariz solía reunirse a puertas cerradas en su despacho con algunos abogados del foro local, quienes luego salían por una puerta lateral. Entre ellos nombraron a Ricardo Degoumois y Hugo Rebechi, ambos conjueces, el abogado Francisco Peralta y el fiscal Cavanagh.
Una de las empleadas del Juzgado Federal indicó que, cuando miles de ahorristas querían recuperar sus depósitos del “corralito” impuesto por el gobierno nacional, los únicos amparos que se atendían con celeridad eran los presentados por el estudio Peralta. Además, apuntó que una de las hijas del suspendido juez trabaja en dicho estudio, “algo que no es ilegal, pero sí sospechoso”, confió una fuente allegada a la causa.
Fariz estuvo presente en todo el juicio, sentado a la derecha de cada una de las personas que declararon, metiendo presión con su mirada, algo que habría molestado a varios testigos, la mayoría presentados por su defensa, según describieron algunos de los presentes.

Un juez “justo”

En agosto del año pasado, Fariz formuló declaraciones a dos radios de la ciudad de Santa Fe en las que, mostrándose tranquilo pese a las acusaciones que pesaban en su contra, dijo: “Desde el punto de vista profesional, siento que se me reprochan algunas conductas, pero como abogado creo que esas acusaciones no tienen sustento jurídico y como juez siempre intenté ser justo”.
También negó haber sugerido el nombre de abogados a algunos imputados, principalmente en causas relacionadas con estupefacientes. “En absoluto. Esto lo desmiento categóricamente. Jamás he insinuado a ningún detenido la designación de ningún profesional. No es mi estilo”, argumentó en su momento ante los medios santafesinos.
La denuncia contra Fariz fue presentada ante el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2003 por Julio Piumato y Carlos Minella, secretario General y secretario de Interior, respectivamente, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), por acoso laboral, irregularidades en algunos procesos judiciales y en la designación de jueces y conjueces dentro del juzgado, ocurridas desde su creación, en setiembre de 1997. Luego, fueron agregadas varias denuncias al “expediente Fariz”, entre ellas la causa por narcotráfico que derivó en la liberación de Aldo Ferrero y la muerte del policía Claudio Capdevila.