Separan a un comisario por faltante de armas

El oficial, quien no es la primera vez que es investigado por irregularidades en la fuerza, quedó sumariado administrativa y judicialmente.

Según fuentes de la causa, el faltante de las armas se descubrió en medio de una auditoría interna que viene llevando adelante en distintas regionales de la provincia la Dirección de Asuntos Internos. "Es un trabajo largo y meticuloso porque además de constatar las armas reglamentarias en poder de los uniformados se deben contar las que están en comisarías y otras dependencias y aquellas que se secuestran en los distintos operativos y que son derivadas a los depósitos judiciales", contó un vocero inobjetable. Además, la fuente sostuvo que "por reglamentos, esas armas secuestradas no pueden ser utilizadas por los policías por lo que el destino de las faltantes es por demás de sospechoso".

Marcelo M. estaba a cargo del depósito judicial de la UR XVII desde hace aproximadamente un año y ayer dejó sus funciones por disposición del titular de esa regional, el comisario mayor Marcelo J. Egido. Fue después de que al auditoría de Asuntos Internos comprobara que dos revólveres calibre 32 y una pistola calibre 11.25 habían desaparecido del depósito en el cual debían estar y que estaba bajo su custodia.

Lo llamativo del caso es que durante el día de ayer altos oficiales de la misma unidad policial sanlorencina admitieron ante este diario la auditoría que se lleva a cabo, pero sostuvieron, como queriendo ocultar la gravedad del incidente, que el faltante detectado eran "neumáticos de autos que están en el depósito judicial que se encuentra en el cruce de las rutas A-012 y 34".

El accionar del comisario Marcelo M. al interior de la fuerza no es la primera vez que es investigado. En 2008 se presentó contra él una denuncia en la Fiscalía Federal 1 de Rosario por presunto encubrimiento de narcotráfico.

Es que M. estaba por entonces a cargo de la Brigada de Drogas Peligrosas de Villa Constitución cuando la jueza federal Laura Cosidoy denunció que en ese departamento del sur santafesino el comercio de estupefacientes era tan visible que resultaba inexplicable que la policía no lo reprimiera. Y, cuando el mismo gobierno provincial envió a un investigador para ratificar la denuncia, constató que en domicilios presuntamente allanados por M. sin resultado alguno, efectivamente se comercializaban drogas.