SERÍAN 2000 LOS MILITARES QUE SERÁN JUZGADOS, DIJO PAMPURO

El ministro de Defensa, José Pampuro, estimó ayer que 2000 militares podrían ser juzgados por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida.

“Unos dos mil militares, casi todos retirados, pueden ser juzgados nuevamente, aunque también podría ser citado alguno en actividad”, afirmó Pampuro durante una entrevista que publicó el diario español El País.

Pampuro afirmó que “casi todos ellos (están) retirados, aunque también podría ser citado alguno en actividad, porque eso nunca se sabe cuando se inicia un proceso.

El ministro afirmó, sin embargo, que los miembros de las Fuerzas Armadas “están dispuestos a recorrer el camino de la Justicia” y aseguró que “lo único que quieren” es que “no se convierta en una caza de brujas” o en una “persecución”.

Pampuro dijo que si bien existe “preocupación” entre los militares, éstos “van a colaborar con la Justicia para cerrar definitivamente 30 años de divisiones” en la sociedad.

También expresó su confianza en que “los militares en actividad hayan comprendido absolutamente la necesidad de terminar con esto por el camino de la justicia que ha elegido el presidente” (Néstor Kirchner). “Más allá de su preocupación van a colaborar. Están dispuestos a recorrer ese camino, lo único que quieren es que esto se mantenga dentro de la ley y no se convierta en una persecución o una caza de brujas”, sostuvo el ministro.

En la Justicia, en tanto, trascendió ayer que el fiscal Eduardo Freiler centrará la primera etapa de su investigación en determinar quiénes fueron los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad ocurridos bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

Freiler buscará trazar un registro de los “ejecutores” de las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos cometidos, en particular, bajo el mando del general (destituido) Carlos Suárez Mason, anticiparon ayer dos funcionarios judiciales.

Pedido de copias

Para ello, la Fiscalía solicitará copia de los archivos de los organismos de derechos humanos para obtener datos sobre todos los centros clandestinos de detención de las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, según detallaron los informantes de Comodoro Py.

La instrucción de la llamada “causa 450” apuntará así primero a los entonces oficiales militares de menor rango, los suboficiales, policías federales y bonaerenses, miembros del servicio penitenciario y civiles que participaron de aquellos crímenes.

Freiler solicitará hoy, además, que se restablezca el procesamiento de cerca de treinta militares que en 1987 fueron beneficiados por la ley de obediencia debida, tal como anticipó ayer . Lo hará ante la jueza María Servini de Cubría, a cargo desde anoche del expediente.

Cambio de manos

Así lo decidió su par Sergio Torres, quien recibió el lunes por sorteo la “causa 450” sobre el I Cuerpo del Ejército y, luego, la “causa 761” sobre los crímenes ocurridos en la ESMA, tras la excusación de Servini de Cubría.

Torres utilizó la facultad de “compensar” a un juez que se excusa con la remisión de un expediente de similares características que habilita el reglamento judicial para evitar la sobrecarga laboral de un juzgado.

Las instrucciones de ambas causas sumarán, además, los datos sobre crímenes, responsables y desaparecidos que surgieron en los últimos años a raíz de los llamados “juicios de la verdad” que abrieron varias cámaras federales del país.

“Se han abierto legajos que pueden complementar la información que había en los expedientes viejos”, afirmó un camarista federal.

Pruebas de Garzón

El juez federal Sergio Torres requirió ayer a su par español, Baltasar Garzón, que remita a los tribunales de Comodoro Py las pruebas que obran en la causa impulsada en Madrid sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Torres reclamó a la Audiencia Nacional de Madrid todos los documentos que Garzón había preparado para impulsar el juicio de extradición de 39 militares y el civil Gonzalo Torres de Tolosa, para determinar luego qué delitos ya son investigados en otras causas abiertas por la Justicia argentina y qué hechos deben ser instruidos en el nuevo expediente.

Ministro textual

“Unos 2000 militares pueden ser juzgados nuevamente, casi todos ellos retirados, aunque también podría ser citado alguno en actividad, porque eso nunca se sabe cuando se inicia el proceso”

“Más allá de su preocupación, las Fuerzas Armadas van a colaborar con la Justicia para cerrar definitivamente treinta años de divisiones”

“Confío en que los militares en actividad hayan comprendido absolutamente la necesidad de terminar con esto por el camino de la justicia que ha elegido el Presidente”

“Lo único que quieren los militares es que esto se mantenga dentro de la ley y no se convierta en una persecución o en una caza de brujas”.