SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

Después de haber presentado como diputado un proyecto que perdió estado parlamentario para despenalizar a las mujeres que abortan y ampliar los casos en los que se permite la práctica, el ahora senador nacional Rubén Giustiniani tuvo el martes pasado una satisfacción: la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Senadores comenzó a darle tratamiento a la temática por primera vez. No sólo la iniciativa del legislador santafesino se puso en consideración, sino también las de Silvia Giusti (PJ, Chubut) y de Vilma Ibarra (Frepaso, ciudad de Buenos Aires).

“Se trató de algo inédito, hubo una primera reunión para poner en consideración los tres proyectos y se va a convocar a las organizaciones no gubernamentales y el Ministerio de Salud de la Nación para tratarlos”, afirmó el legislador, autor de la iniciativa que modifica el artículo 86 del Código Penal para permitir el aborto en los casos de violación, inviabilidad de la vida extrauterina y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. También impulsa la derogación del artículo 88, que impone de uno a cuatro años de prisión a la mujer “que causara su propio aborto o consintiera que otro se lo causara”.

Giustiniani reconoció además que “en Diputados también hay un ambiente distinto, porque hay muchos más proyectos”. Si bien desde 1983 hubo diferentes iniciativas al respecto, como la recordada de Florentina Gómez Miranda, cuando el legislador socialista impulsó su proyecto, en 2002, no había ningún otro presentado y hoy existen cinco. De hecho, tanto aquella iniciativa como las actuales cuentan con la firma de la diputada nacional justicialista por Santa Fe, Irma Foresi.

En los completos fundamentos de su proyecto, el senador socialista señala que “numerosas iniciativas legislativas modificando el texto del Código Penal han sido presentadas desde 1983 en relación al tema aborto. Ninguna fue debatida y con el transcurso del tiempo han ido perdiendo estado parlamentario. Pero el miedo a polemizar no protege la vida”.

Giustiniani no tiene ninguna duda de que “la despenalización de la mujer es la respuesta de salud pública a las miles de mujeres, la mayoría adolescentes y pobres, que llegan a los hospitales con hemorragias indetenibles, y que esperan hasta último momento para acudir por miedo a ser denunciadas”.

También en los fundamentos del proyecto, Giustiniani explica: “Nuestro país se encuentra en la categoría de países que permiten el aborto sobre bases detalladas. Las leyes autorizan el aborto para proteger la salud de la madre, sin embargo podemos afirmar que las excepciones previstas en la legislación argentina son prácticamente letra muerta”.

Por eso, la iniciativa legislativa se propone modificar la situación actual, en la que existe “una prohibición implícita que se trasluce en una negativa de los propios profesionales médicos, en muchos casos y de los jueces a autorizar prácticas abortivas”. Con la actual redacción del Código Penal, “aunque la ley no prevé la solicitud de autorización judicial en aquellos casos en que se presentan las situaciones despenalizadas, los médicos acuden al órgano judicial en busca de aprobación. Generalmente el permiso es denegado o la espera de respuesta origina demoras irreversibles”.

Y la magnitud del problema indica la urgencia de encontrar soluciones. “A pesar de la dificultad de cuantificar la magnitud del problema, los índices de mortalidad materna, así como la estimación del número de abortos producidos anualmente y la incidencia de las consecuencias del aborto inseguro en los índices de morbilidad y mortalidad materna son claramente una verdadera y mortal endemia”, dice el proyecto de Giustiniani, que agrega: “Estamos en presencia de un problema de salud pública y, como tal, debe ser incorporado en la agenda legislativa”. Un objetivo que parece estar comenzando a cumplirse, y que tendrá como aliadas inestimables a las organizaciones civiles de mujeres que con su movilización puedan presionar para que el contenido de las leyes aprobadas sea más avanzado.

Según la fundamentación de Giustiniani, “la única consecuencia que tiene la penalización del aborto es que esos abortos lleguen más tardíamente al hospital, con lo cual es mayor el costo de salud para la mujer. No cabe ninguna duda que la penalización del aborto contribuye de manera especial a la destrucción de la vida de las mujeres pobres. Es inadmisible que ante la posibilidad de ser denunciada o encarcelada, una mujer sea privada de la atención necesaria en un servicio de salud”.

Es por eso que el senador toma en cuenta un informe que señala: “Cuando una mujer muere en ejercicio de su capacidad reproductiva resulta necesario no solo establecer las causas de ese deceso, aún también identificar la cadena de responsabilidades de quienes pudieron evitar esa muerte y no lo hicieron pues la defensa y garantía de los Derechos Humanos nos incumben a todos, cualquiera sea la posición que se tenga y el rol que se desempeñe en la Sociedad y el Estado”.

Con la apertura del debate que se produjo el martes pasado, se inicia una nueva batalla legislativa. “Mi experiencia como diputado nacional cuando se aprobó la ley de salud reproductiva fue que la participación de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil significaron un impulso importantísimo, que tuvo otra pata en una verdadera transversalidad de las legisladoras de los distintos bloques, que impulsaron las propuestas más allá de sus identidades políticas”. El gran impulso de las legisladoras permitió que exista una ley nacional de salud reproductiva, y puede impulsar también una legislación más avanzada en materia de aborto.