SIGUE EL CONFLICTO PETROLERO Y PELIGRA LA PROVISIÓN DE GAS

El Ministerio de Trabajo volvió a albergar ayer a trabajadores y empresarios ansiosos por dirimir sus disputas salariales. Esta vez se trató de los petroleros que, pese a varias horas de reuniones -algunas de ellas dirigidas por el ministro Carlos Tomada-, no lograron destrabar el conflicto que amenaza con poner en peligro el suministro de gas.

Entrada la noche de ayer, las negociaciones se interrumpieron para continuar hoy por la tarde y tratar de llegar a un acuerdo antes de pasado mañana, fecha en que la Federación Argentina del Petróleo y Gas Privado (Fapygp), que lidera Rubén Ferreira, planea iniciar un paro por tiempo indeterminado.

Lejos del diálogo y a varios miles de kilómetros del ministerio ubicado en la avenida Alem, los trabajadores petroleros ya habían pasado a las medidas de fuerza. Ayer, la mayoría de los yacimientos vio afectada su producción por las asambleas en las que deliberaron los trabajadores. “Empezamos a tener problemas de operación porque los empleados se retiran a las asambleas”, confió un ejecutivo de una petrolera con operaciones en la Patagonia. “Si esto se mantiene, va a haber problemas con el suministro de gas en el corto plazo”, agregó otro hombre del sector.

Según pudo establecer LA NACION, la cuenca austral -que abarca los yacimientos del sur de Santa Cruz y los que se emplazan en Tierra del Fuego y en la costa off shore de la provincia- estuvo totalmente paralizada ayer. En Neuquén también hubo inconvenientes en la operación de los yacimientos. “Loma de la Lata [el principal yacimiento de gas del país] está afectada. Su funcionamiento está alterado. Hoy no está en riesgo el suministro, pero está alterado. Opera bajo emergencia y podría haber inconvenientes en 48 horas”, informó una fuente del sector.

El conflicto tiene su origen en un reclamo salarial. La Fapygp -que reúne a los sindicatos de todo el país- reclama la equiparación de todos los trabajadores petroleros del país, con sus pares de la provincia de Chubut, donde con el aval del gobernador de esa provincia, Mario Das Neves, percibieron un retroactivo, desde enero último, de $ 260 mensuales que ya habían logrado los petroleros del norte de Santa Cruz.

A su vez, todos los trabajadores petroleros del país ya habían logrado una recomposición salarial. El convenio, firmado el 20 de septiembre pasado, incluyó una mejora de $ 350 y un acuerdo de “paz social” hasta junio de 2006. Sin embargo, a menos de un mes del pacto, poco parece haber quedado.

“No queremos ser discriminados; somos veintiocho mil trabajadores petroleros en todo el país”, manifestó el secretario gremial de la Fapygp, Alberto Roberti.

El Gobierno se preocupó por dejar en claro que no han empezado las medidas de fuerza y que, en caso de no llegar a un acuerdo este fin de semana, esto sucedería sólo pasado mañana. Por eso, quizás el Ministerio de Trabajo guardó silencio respecto de una conciliación obligatoria. “[El ministro Carlos] Tomada no quiere dictar ninguna conciliación sin que haya un compromiso de los gremios de que efectivamente la van a acatar”, dijo uno de los hombres con acceso a las negociaciones salariales. Tomada ya estaba al tanto de las fotografías que mostraban el estado en que quedó la empresa Terminales Marítimas Patagónicas [Termap] del barrio Caleta Córdova, en Santa Cruz, después de que fue tomada por los empleados durante el conflicto con el sindicato provincial. Termap fue tomada el viernes último por la noche, cuando más de 800 trabajadores petroleros ingresaron por la fuerza tras superar las barreras de seguridad internas de la planta.

Cerca de 800 petroleros agrupados en el Sindicato de Petroleros privados de la cuenca austral de Santa Cruz abandonaron los yacimientos en una huelgapor tiempo indeterminado. Ayer, Luis Cárdenas, secretario general del sindicato, recibió una denuncia firmada por el juez federal Gerardo Caamaño, en la cual se lo responsabiliza por la posible merma en el suministro de gas.

“Al reclamo lo iniciamos hace siete meses y ya nos han paseado varias veces; queremos una respuesta”, expresó ayer Cárdenas a LA NACION. Si bien ya han sido notificados por las autoridades del Ministerio de Trabajo, Cárdenas adelantó que no acatarán la conciliación obligatoria.

“El lunes nos presentaremos, a las 10, pero eso no significa que acatemos la conciliación”, dijo el sindicalista. En cuanto a una posible merma en el suministro, aclaró que, al momento de retirarse el personal de las plantas petroleras, “estaban operando y, a su vez, las empresas tienen personal fuera de convenio que se puede encargar de que las plantas sigan operativas”.

Las operadoras afectadas por la medida son Petrobras, Chevron y Sipetrol en la cuenca Austral. En la zona de Neuquén, las medidas de fuerza alcanzan a varias empresas, y en particular a la petrolera Repsol YPF, que opera al yacimiento Loma de la Lata, que inyecta el gas que se consume en Buenos Aires.