SIGUE EN LA JUSTICIA DE EE.UU. LA PELEA POR FONDOS DEL CORREO

En la corte del juez de Nueva York, Thomas Griesa, parece haber quedado fuera de discusión que los bienes susceptibles a embargos en los Estados Unidos no pueden ser privados. Si bien el anciano magistrado mantuvo la medida cautelar sobre dos cuentas del Correo Argentino en Manhattan, no tomará una decisión definitiva hasta determinar si la empresa postal pertenece o no al Estado.

Según la ley norteamericana, sólo se puede consumar un embargo luego de que un juez haya estudiado los argumentos de todas las partes en una disputa. Por eso, Griesa convocó ayer por la tarde a una audiencia pública en la corte del número 500 de la calle Pearl, en Manhattan, para oír tanto las razones de los abogados del Gobierno argentino como de Guillermo Gleizer, el representante legal de un fondo llamado Macrotecnic, que le ganó un juicio a la República por 550 mil dólares, y que quiere confiscar las cuentas del Correo.

Después de casi una hora de sesión, Griesa decidió darle plazo a Gleizer hasta el jueves al mediodía para que presente un escrito, dando los argumentos de por qué cree que los 11,5 millones de dólares depositados por el Correo Argentino en cuentas en el Banco BNP Paribás y Lehman Brothers, ambos de Nueva York, pueden ser embargables. Luego, los abogados del Gobierno tendrán otra semana más para contra argumentar esos dichos y defender sus posiciones.

Esta audiencia generó consultas entre empresarios en la Argentina, bajo el temor de que los afecte una interpretación demasiado laxa sobre qué constituye o no un bien embargable. En el fondo de la cuestión, estaba la inquietante pregunta de si los activos en los Estados Unidos de compañías con deudas con el Estado argentino podían ser reclamados por los bonistas que le ganaron juicios a la República.

Pero, la sesión de ayer arrojó cierta luz sobre esta cuestión. Esta empezó con una intervención del abogado del Gobierno, Jonathan Blackman, quien le aseguró a Griesa que los fondos en cuestión son de una sociedad anónima privada. Si bien el Poder Ejecutivo retiró la concesión del Grupo Macri, el Estado no tiene participación accionaria en el Correo Argentino S.A., agregó.

Entonces, Griesa dijo: “Si esto es así, nos vamos todos a casa”, como indicando que la discusión estaba cerrada. Luego de este incisivo comentario, toda la discusión quedó relegada a determinar si el Correo pertenecía o no al Estado, y no si los fondos privados podían ser usados para resarcir a los acreedores de la deuda.

Gleizer, un abogado argentino, que está tratando de convertirse en el cruzado de los pequeños ahorristas que han perdido con el default, le insistió al juez Griesa que el Gobierno había adquirido la propiedad del Correo con la resolución 32 del Ministerio de Planificación. Sin embargo, esta medida sólo dice que se incorpora al “dominio del Estado” $ 46 millones en inversiones que hizo el Grupo Macri en la empresa.

En un momento, el magistrado le solicitó la copia de la medida y de otras resoluciones sobre el Correo, pero Gleizer se negó a entregárselas, diciendo que él había pagado mucho dinero para obtenerlas. La verdad, sin embargo, es que estos documentos se encuentran gratuitamente en Internet. Testigos presentes en la Corte dijeron a Clarín que el abogado parecía no entender completamente el inglés del juez, quien muchas veces habla elípticamente, aunque de manera muy lenta.

Blackman, del estudio Cleary, Gotlieb, Steem and Hamilton, le dijo a Clarín que Griesa recién decidirá la suerte de los 11,5 millones del Correo una vez que lea las argumentaciones de ambas partes. Mientras tanto, hay dos medidas cautelares sobre las cuentas: una, la pedida por el juez argentino Eduardo Favier Dubois (ver Buscan tranquilizar a…); la otra es la del magistrado de Nueva York.

En el Gobierno, anoche había alivio, porque se estimó que prevaleció la “racionalidad”. En su defensa, la Argentina dirá que el Correo es una persona jurídica diferente al Estado; que esa persona jurídica está en concurso; y que embargar dinero de particulares con deudas con el Estado sería un antecedente grave.