SIGUE LA POLÉMICA POR EL PROYECTO PARA AMPLIAR EL SECRETO DE ESTADO

La polémica por el proyecto de ley para ampliar los secretos de Estado continúa y desde el Gobierno refuerzan su estrategia para despegarse del cuestionado tema. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, reiteró que desconoce el proyecto y que el Ejecutivo no lo está propiciando, aunque reconoció que quienes lo impulsan son “senadores amigos”.

“No he hablado con nadie ni vi un proyecto, no es un tema que el Gobierno esté propiciando. Es cierto que el proyecto es de senadores amigos”, afirmó el ministro en declaraciones radiales.

El proyecto no fue propiciado desde el Gobierno, pero los senadores firmantes tienen buena relación y sintonía con el presidente Néstor Kirchner: María Perceval —la autora—, presidenta de la Comisión de Defensa y mencionada como posible futura ministra del área; Miguel Pichetto, presidente del bloque del PJ y mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado; Mario Daniele, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia; y la ex frepasista convertida al kirchnerismo Diana Conti.

Conti intentó explicar esta mañana que “se le atribuye (al proyecto) una intencionalidad distinta a la que tiene. Es verdad que el secreto ha sido utilizado de manera oscurantista. Pero quizás ocurrió porque no existe una norma que regule los secretos oficiales”. Y afirmó: “La intencionalidad no es ampliar, sino restringir los secretos. Hace falta que haya clasificación de lo que fue secreto y obligatoriedad de su publicidad”.

El polémico proyecto de ley de secretos oficiales, anticipado el domingo por Clarín, trata de regular las excepciones al principio de que todos los actos del Gobierno deben ser públicos.

Las áreas del Gobierno que saldrían favorecidas en cuanto a facultades para activar los secretos serían: la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y hasta los jefes de las fuerzas federales de seguridad que de esta cartera dependen, además del propio Congreso. Así, se sumarían a los que ya están autorizados legalmente para decidir la secrecidad de actos de Gobierno que afecten la “seguridad nacional”: la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y el área de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Según el proyecto, la Jefatura de Gabinete adquiriría el control sobre los secretos, con lo que el Gobierno se aseguraría una enorme amplitud de facultades, ya que el jefe de Gabinete coordina la tarea de los ministerios.

Ayer, tanto el ministro como el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, intentaron despegarse del polémico proyecto. Entre otras cosas, argumentaron que “en el Gobierno no tenemos ningún conocimiento de ese proyecto de ley ni tampoco estamos trabajando sobre ese tema”. El jefe de ministros recordó que en el Congreso hay un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene media sanción del Senado, para derogar las leyes secretas.