SIGUE LA TENSIÓN EN BOLIVIA

La promulgación de la polémica ley petrolera no apartó el fantasma del conflicto social en Bolivia, donde empezaron a emerger nuevos pedidos de nacionalización de los hidrocarburos, mientras el presidente Carlos Mesa enfrenta una andanada de críticas por su indecisión en este tema.

Mesa optó por no pronunciarse sobre la ley energética, que finalmente debió promulgar el Congreso. A cambio anunció un plan económico y social que desató numerosos cuestionamientos, en uno de los episodios más complicados para este gobierno, que distintos sectores ven como “muy debilitado”.

Además, la ley promulgada por el Parlamento no logró aplacar las protestas sociales, y los cortes de ruta se mantenían ayer en cuatro regiones. Cientos de mineros ingresaron al centro de La Paz, que colapsó durante varias horas ante los choques protagonizados por los manifestantes y la policía.

Los desórdenes, que no dejaron heridos o víctimas, se desataron después de que los mineros lanzaran cargas de dinamita contra los efectivos que resguardaban los alrededores de las sedes oficiales, obligando a que éstos respondieran con gases lacrimógenos y usaran un vehículo blindado para dispersar la protesta.

Las juntas de vecinos de la combativa ciudad colindante de El Alto, que protagonizaron ruidosas protestas desde el lunes, anunciaron que continuarán sus presiones sobre el gobierno y hasta amenazan con un paro. Los mineros mantienen cortadas las rutas en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba en reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos y el cierre del Congreso.