“SILENCIOSA” RECONVERSIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE

Sigilosamente, el DEM de Santa Fe, procedió a estructurar un cambio programático, que persigue el objetivo de reformular el área tributaria del municipio. La “reforma” se produce sin haberla propuesto al Concejo Municipal, y tras el fallido intento tercerizador que se diera de baja el pasado 27 de febrero.

El decreto 00165, de fecha 4 de abril, y que lleva la firma del propio Intendente, del Secretario de Gobierno, Pablo Abraham y del Secretario de Hacienda Fernando Giusti, promueve la reforma, y la creación de un PROGRAMA DE RECONVERSIÓN, GESTIÓN, EJECUCIÓN CONTROL TRIBUTARIO, que se agrega en un anexo del decreto, y al que se asigna un fondo fijo especial de 3.500 pesos mensuales, que tendrá como objetivo –de acuerdo a la ley – la atención de gastos menores a 500 pesos, y que estará bajo el control de la Dirección de Rentas.

En seis puntos, el programa plantea la necesidad de “modernizar los sistemas informáticos, software y equipamientos con tecnologías obsoletas e inadecuadas para los tiempos” (sic); justifica la “necesidad de generar recursos genuinos, recupero de deudas y facilitar los cumplimientos”.Además, establece “insertar la equidad tributaria y capacidad de pago en los sujetos” y “crear un equipo de tareas con roles precisos y la definición de una estructura organizacional”.

El mismo día, y en consecuencia con el decreto anterior, el Intendente de la ciudad resuelve y formula a través de los decretos 00166/67 y 68, en los que se autoriza la contratación de las contadoras públicas nacionales Patricia Rey y Alejandra Maricel Cruz Escobar, por un plazo de cinco meses y con una retribución mensual de 1.000 pesos cada una, para cumplir con las funciones de “OPTIMIZAR LOS RECURSOS PROPIOS Y ATENDER BIEN AL CIUDADANO”.

En los decretos subsiguientes, y bajo el objeto de realizar ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, BRINDAR INFORMACIÓN, NOVEDADES, RECORDATORIOS DE PAGOS, ATENCIÓN A RECLAMOS E INQUIETUDES, MEDIANTE EL CENTRO DE ATENCIÓN (CALL CENTER), además de prestar apoyo logístico, controlar y organizar los “legajos especiales”.

Para cumplir con esas funciones, el municipio se autoriza a contratar -también por cinco meses y una retribución de 800 pesos mensuales- a Maria Estela Guadalupe Puntel, Susana Beatriz Herrera, Fabiana Guadalupe Abbate y Virginia Laura Cornú.

Según pudo saber Notife.com, los decretos se encuentran en el marco de las atribuciones del intendente de la ciudad y, si bien aún no fueron analizados por el Tribunal de Cuentas, no habría motivos de observación formal.

Lo llamativo es la reserva con la que se manejó el tema en la órbita municipal y, la pregunta que se deriva de este discreto manejo informativo, es si efectivamente hacían falta las designaciones efectuadas por el intendente, a lo que cabe agregar si las personas fueron nombradas por su capacidad o -repitiendo la metodología de otras designaciones- basándose en cercanías personales del intendente y sus colaboradores.