SIN LIBERTAD Y SIN DERECHOS
Los presos se arrumban en las comisarías de Rosario en un siniestro número tres o cuatro veces mayor al que señala no sólo el sentido común, sino la opinión técnica del área de Arquitectura y Planimetría de la Unidad Regional II.
En el marco del hábeas corpus correctivo que para los detenidos en todas las seccionales rosarinas presentó la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) en septiembre pasado, el juez de Instrucción Nº 11 Carlos Triglia elevó un informe al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia donde da cuenta del hacinamiento y de la cantidad de medidas judiciales con el pedido de que cese esa situación denunciada ante todos los juzgados penales y a las que las autoridades policiales y del Ministerio de Gobierno de la provincia no dieron respuesta.
Desde la CTC, Antonio Tesolini renovó el reclamo para que Triglia fije un plazo a la provincia para que resuelva la situación y que declare la ilegalidad de la detención en comisarías. La CTC dice que no sólo el Poder Ejecutivo provincial no cumplió sino que el Poder Judicial tampoco arbitró las medidas para exigir que “no continúe la violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Triglia elevó el informe al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, en el que da cuenta de la cantidad de detenidos en los 45 lugares de detención de Rosario entre comisarías, subcomisarías y penales y en relación con los últimos cinco años, un lapso en el que se interpusieron 75 recursos de hábeas corpus correctivos en relación con los que los jueces pidieron que cese el hacinamiento o bien que se desalojen los penales, medidas nunca atendidas o que se mantuvieron por pocos días. Esas interposiciones fueron motorizadas por distintos actores que tomaron el agravamiento de la situación de detención y las condiciones de hacinamiento para pedir, justamente, que termine la situación violatoria de los derechos humanos. Así actuaron la Coordinadora de Trabajo Carcelario, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, los defensores generales y grupos de detenidos con diversos patrocinios. El informe de Triglia tiene origen en el hábeas corpus correctiivo presentado ante su juzgado en septiembre pasado por la CTC y a partir de allí el magistrado condensó los datos que hablan de la crítica situación que se registra en Rosario y de la absoluta falta de respuesta a las invocaciones para que cese el hacinamiento.
Los datos que suministra el titular de Instrucción 11ª tienen en cuenta la capacidad de alojamiento de cada penal de acuerdo a las mediciones y asesoramiento de Arquitectura y Planimetría de la Unidad Regional II. De acuerdo a esas evaluaciones oficiales se señala la capacidad de alojamiento de cada penal y luego los datos de la superpoblación al 17 de diciembre pasado con el detalle de las medidas solicitadas y nunca atendidas para que el gobierno provincial y la Justicia terminen con el hacinamiento:
* Comisaría 1ª: Tiene capacidad para 10 personas con 30 alojados al 17 de diciembre y presentaciones de hábeas corpus en el 2001 en Instrucción 6ª que ordenó bajar la cantidad de detenidos en el lugar. A esa presentación siguió otra en el mes de octubre del mismo año ante Instrucción 4ª y luego en diciembre de 2002 ante Instrucción 7ª. Ninguna fue atendida cuando los jueces se dirigieron ante el jefe de policía de la URII, la jefatura de la provincia o el Ministerio de Gobierno.
* Comisaría 3ª: Capacidad 10 alojados, tiene 44 al 17 de diciembre mientras que se interpusieron medidas correctivas en junio de 2000 ante la 11ª Nominación, en junio de 2001 en Instrucción 3ª, en mayo de 2002 ante la 7ª, en octubre de 2002 ante la 8ª y el 25 de octubre de 2002 ante la Instrucción 11ª.
* Comisaría 5ª: Capacidad 10 personas con 46 alojados, se presentaron hábeas corpus en marzo de 2000 ante Instrucción 11ª , en mayo del mismo año ante la 10ª, en diciembre de 2001 ante la 4ª y en noviembre de 2002 otra vez ante la 4ª Nominación.
* Comisaría 11ª: Capacidad 16 personas y hay 44 alojados. Se presentaron recursos por la situación de esta seccional el 1º de octubre de 2002 ante Instrucción 1ª, el 23 de noviembre de 2001 ante la 5ª, en junio de 2002 ante la 3º, el 30 de septiembre del mismo año ante la 1ª, el 23 de noviembre de 2004 ante la 3ª cuando el juez Luis María Caterina ordenó el desalojo.
* Comisaría 12ª: Capacidad para 6 y tiene 32 alojados y hubo presentaciones por situaciones de hacinamiento el 23 de noviembre de 2001 en Instrucción 5ª, el 22 de marzo de 2002 otra vez en la 5ª, el 20 de marzo de 2003 ante el juzgado de Instrucción 3ª y el 23 de noviembre de 2004 ante Instrucción 3ª cuando también se ordenó que cesara el hacinamiento.
* Comisaría 15ª: Con capacidad para 14 detenidos tiene 44 alojados. Después de la terrible historia de hacinamiento, incendio y muerte de detenidos hubo presentaciones para corregir la situación en enero 2001 ante Instrucción 6ª, en noviembre del mismo año ante la 4ª Nominación,en diciembre del 2001 ante la 10ª y enero de 2002 ante la 1ª, en mayo de 2002 ante Instrucción 6ª, enero 2003 ante la 13ª y durante el 2004 ante Instrucción 6ª.
* Comisaría 18ª: Con capacidad para 8 personas, hay alojadas 44. Por la situación de hacinamiento intervino a comienzo de 1999 Instrucción 11ª y hacia fines del año otra vez el juzgado de la 11ª, en septiembre de 2000 la 13ª, en mayo de 2001 la 12ª, en julio del 2002 la 6ª.
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