SIN OBSTÁCULOS, EL OFICIALISMO HIZO LEY LA PRÓRROGA DE FACULTADES AL EJECUTIVO

Sin tensión ni resistencia, el oficialismo en Diputados transformó en ley la prórroga hasta el 24 de agosto del 2009 de facultades que son propias del Poder Legislativo en favor del Poder Ejecutivo.

La potestad le concede al presidente de la Nación poder resolver con un decreto desde la privatización del Banco Nación hasta la disolución de alguna de las Fuerzas Armadas. Los ejemplos, no refutados, los dio en el debate el diputado Pablo Tonelli (Pro, murphista). La oposición coincidió en calificar de “inconstitucional” la norma.

La aprobación cierra la serie abierta con la ley de creación de la comisión bicameral de los decretos de necesidad y urgencia y de los decretos emergentes de esas facultades. En el medio -todo en un rápido trámite de pocos días- la sanción de la ley de los superpoderes para que el jefe de Gabinete reasigne como prefiera las partidas que el Congreso vota en cada Presupuesto anual.

La bancada gubernamental que preside Agustín Rossi tuvo el apoyo de ex duhaldistas fieles (Peronismo Federal).

Votaron en contra radicales, aristas, macristas, peronistas opositores (bloque Justicialista Nacional), provinciales y socialistas. El resultado fue de 121, contra 69 y una abstención.

Entre los ausentes, sobresalió Elisa Carrió, lo cual restó interés a la discusión toda vez que ella resumía sus críticas con aquello de “ahora vienen por la República”. Un inminente viaje a Perú pretendió excusarla.

Tampoco estuvieron los constitucionalistas Jorge Vanossi (macrista) y Rafael Bielsa, kirchnerista, ni Mauricio Macri, si bien ello no fue sorpresa. En el caso de Bielsa, probablemente por razones de conciencia y, además, para no generar ahora enojos en la Casa Rosada. En el caso de Macri porque no es hombre de discusiones ni asistencias rigurosas.

La ley es la cuarta de una serie iniciada en 1999 cuando el Congreso aprobó las delegaciones existentes hasta 1994 y dejó pendientes su acabado alcance por falta de un digesto ordenador que se halla en camino.

La ley, que es una iniciativa del Poder Ejecutivo, basa su razón de ser en el artículo 100 inciso 12 de la Constitución en lo que refiere a la comisión bicameral de control. Es ésa recién creada pero todavía no constituida.

Esas potestades permiten al PEN la creación y organización de entidades autárquicas que le competan al Poder Legislativo como correo, bancos oficiales, entes impositivos, aduaneros y educacionales, así como la creación de entidades vinculadas al transporte y colonización.

También puede dictar normas tanto para la organización de las Fuerzas Armadas como para legislar en materia de servicios públicos, además de “toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo Nacional que se relacione con la administración del país”.

Para Tonelli, autor de un dictamen por la minoría, “el Congreso quedará despojado de las más importantes atribuciones”.

Marcela Rodríguez, del Ari, puso la luz en los decretos de Kirchner que en función de esas delegaciones dictó en los dos últimos años, muchos de ellos originados en la cartera que conduce Julio De Vido con pagos millonarios. “Esto es un cheque en blanco”, sintetizó.

El radical Pedro Aizcoiti rechazó “estas entregas parlamentarias”, visión compartida en sus discursos por el ex duhaldista Juan Alvarez y el saísta Luis Lusquiños, ambos del bloque Justicialista Nacional.

Respaldó la ley el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey, quien advirtió que en caso de rechazo “se produciría un colapso en el sistema legal”, razón que obligaba su apoyo.

La diputada Rosario Romero, titular de la comisión de Justicia, aprovechó para explicar en qué estado se halla el digesto que reducirá drásticamente el número de normas. Cuando llegue —no será dentro de poco— quizá se calme este río revuelto de 26 mil leyes.