SIN PRESUPUESTO PARA COLCHONES IGNÍFUGOS

A un mes de la muerte por asfixia de 33 internos durante una revuelta en la Unidad Penitenciaria Nº 28 de Magdalena, el gobierno bonaerense distribuyó colchones ignífugos para la totalidad de los presos que continúan alojados en el penal. “Se trata de colchones tratados con un producto retardador de combustión”, dijeron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. En tanto, en las comisarías y penales de la provincia de Santa Fe los detenidos siguen durmiendo en colchones de goma espuma, material sumamente peligroso, que “cuando entra en contacto con el fuego se transforma inmediatamente en una llama”, comentó el dueño de una fábrica de colchones consultada. Según fuentes del gobierno santafesino, por el momento no serán reemplazados los colchones de comisarías y penales por falta de presupuesto.

En junio pasado, luego del incendio en la alcaidía de mujeres que se encuentra detrás de la comisaría 4ª, de La Paz al 400 –que dejó como saldo dos internas muertas y otras dos internadas–, las autoridades provinciales anunciaron que antes de fin de año iban a quedar habilitados uno de los minipenales de Piñero y la alcaidía masculina en Jefatura de Policía, pero en dichos lugares no está contemplada la compra de colchones con algún tratamiento ignífugo. Organismos de derechos humanos vienen solicitando que se prohíba el uso de colchones de goma espuma desde hace una década, pero todavía no han tenido respuestas.

Tras consultas realizadas a vendedores y fabricantes de colchones de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, se constató que el precio mínimo de un colchón de goma espuma es de 55 pesos, y que la cifra va creciendo a medida de que al jergón se le suma calidad, espesor y valor de marca; mientras que los colchones con tratamiento ignífugo son “mucho más caros”, dijo un fabricante.

LA OPCIÓN DE LOS COLCHONES DE LANA

Varios de los comeciantes consultados dijeron no contar con colchones con algún tipo de protección antiflama “porque son caros y la gente no los compra”. Una alternativa, considerada como la más accesible por todos los consultados, es contar “con colchones de lana, que pueden ser reciclados ya que, cuando se gastan, se pueden volver a inflar con más lana”. Otra opción interesante, aunque mucho más cara, es hacerle a los colchones una funda de cuerina, tal como tienen algunos sanatorios privados.

Al referirse a los colchones de lana –“esos que tenían nuestros abuelos”, dijo a modo de ejemplo un comerciante del centro de la ciudad–, un fabricante de la zona sur señaló que su empresa le vendió en varias oportunidades colchonetas al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar). “El instituto de menores compra colchonetas, que son mucho más baratas que los colchones, porque son muy simples: se hace la funda y se rellenan con 7 kilos de lana; ese artículo sale aproximadamente 80 pesos”, dijo, aunque aclaró que ese costo es para las colchonetas que utilizan los menores.

“En caso de comisarías, hablamos de colchones que llevan por lo menos 18 kilos de lana y por supuesto que el precio sube”, abundó. Pero el comerciante, que acusa más de 30 años en el negocio de colchones, tiró una propuesta: “Lo que se puede hacer es que la provincia arme una especie de taller y compre lana usada para rellenar los colchones que se van gastando: eso abaratará mucho el costo y generará mano de obra para esa gente”.

Otro fabricante coincidió, al referirse a los colchones de lana, en que “éstos no entran en combustión: cuando tienen contacto con el fuego se arrugan y se hacen chiquitos. Si bien no son antiflama, no se queman como la goma espuma”, explicó.

EN SANTA FE, SIN PRESUPUESTO

Consultados por la posibilidad de que en los penales santafesinos se pueda imitar la iniciativa surgida tras la tragedia en la cárcel de Magdalena, fuentes del gobierno provincial indicaron que por el momento los colchones con tratamiento ignífugo no se comprarán para las cárceles santafesinas. Simplemente, por cuestiones presupuestarias.

Los casos de presos quemados o intoxicados en celdas tienen trágicos antecedentes en el ámbito local. En junio pasado, la muerte de las dos reclusas del penal de mujeres de La Paz al 400 vino a engrosar la larga lista de presos fallecidos a causa de incendios. Y esto refrescó los “compromisos” de compra de colchones con algún tipo de tratamiento que impida su combustión.

Promesas similares se escucharon hace dos años, cuando un motín en la comisaría 15ª terminó con un preso muerto y otros diez heridos. Otra protesta fatal ocurrió en noviembre de 2000, luego de que 13 presos fallecieran carbonizados en la comisaría 25ª de Pueblo Nuevo. Mientras que un cuarto caso tuvo como escenario, otra vez, la seccional 15ª, donde cinco reclusos murieron por la inhalación del monóxido de carbono que se desprendía de los colchones, que no contaban con tratamiento ignífugo.

EL CASO MAGDALENA

El pasado 15 de noviembre, al cumplirse un mes de la muerte por asfixia de 33 internos en el penal bonaerense de Magdalena, las autoridades distribuyeron colchones ignífugos para la totalidad de los presos que quedan en ese penal y en breve harán lo propio con las demás instituciones penitenciarias de esa provincia, de acuerdo con la promesa oficial.

El jefe del Servicio Penitenciario provincial, Fernando Díaz, dijo que la Unidad 28 de Magdalena “ya tiene colchones tratados con un producto retardador de combustión”.

Según información oficial, los nuevos colchones son de estopa cocida tratados con el referido sistema “ignífugo”, que prácticamente impide la combustión, y el humo que generan –en caso de incendio– tiene un nivel mínimo de toxicidad, aunque no serían cómodos a la hora de descansar (ver recuadro). La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Felipe Solá que informara si en el penal de Magdalena los detenidos contaban con colchones incombustibles. Antes de contestar el pedido, el Ejecutivo optó por el recambio, lo que hace presumir que los penados dormían en colchones sin ningún tipo de tratamiento especial.

MENOS CÓMODOS, PERO UN POCO MÁS SEGUROS

El gobierno bonaerense anunció un mes después de la tragedia del penal de Magdalena que había distribuido colchones ignífugos para todos los presos de esa prisión. Allí, el pasado 15 de octubre murieron asfixiados 33 internos durante una extraña revuelta que sigue siendo investigada por la Justicia penal. Según el jefe del Servicio Penitenciario provincial, Fernando Díaz, los nuevos colchones son de estopa cocida tratados con un tratamiento “ignífugo”, que prácticamente impide la combustión y el humo que generan, en caso de incendio, tiene un nivel mínimo de toxicidad. Aunque fabricantes de jergones comentaron que la estopa cocida no sirve para usarse en colchones porque “están hechos con retazos de fibras sintéticas o de algodón, en el mejor de los casos, y eso se prende fuego enseguida”. Si bien el material antiflama protegería a los reclusos ante una eventual quema de colchones, por el elevado costo del tratamiento no recomiendan el uso de estopa. “Si bien en principio parecería lana, porque esas fibras se aplastan y aprietan, a la semana se convierte en una especie de lecho de piedra”, graficó. “La lana, en cambio, dura como mínimo cinco años y después tenés la opción de llenarla con más lana”, agregó un fabricante.