SINTESIS DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LAS INVESTIGACIONES PREVENCIONALES Y JUDICIALES

El presente informe resume las principales irregularidades, omisiones y
falencias, detectadas en los expedientes tramitados en el Juzgado de
Instrucción Nro 13 donde se investigan, entre otros, los homicidios de:

1 – Juan Delgado – Exp. 2085/01
2 – Yanina Garcia – Exp. 2128/01
3 – Walter Campos – Exp 2160/01
4 – Rubén Pereyra – Exp. 2129/01
5 – Claudio Lepratti – Exp. 2100/01
6 – Graciela Acosta – Exp. 2126/01

Del análisis de las actuaciones prevencionales surgen los siguientes patrones de prácticas policiales:

a) Alteración y/o modificación del escenario de los hechos.-
b) Recepción de testimonios por parte de personal de las propias secciones
policiales involucradas en los homicidios investigados.-
c) Testigos aportados y/o individualizados por personal de las propias secciones policiales comprometidas en los homicidios investigados.-
d) Producción de otras medidas probatorias por parte de las mismas secciones policiales implicadas.-
e) Desobediencia de las instrucciones prevencionales dictadas por el propio juez de instrucción ( por ej., a pesar de que el Poder Judicial ordena que instruya el sumario prevencional la División Judiciales, otras secciones continúan participando y/o conduciendo la investigación).-
f) Aparente falsificación de pruebas, como testimonios o actas policiales.-
g) Amenazas e intimidación a familiares de las vícitimas y a testigos.-
h) Fabricación de causa penal a la víctima.-
i) Falta de preservación del escenario del hecho, imposibilitando la realización de medidas probatorias esenciales.-
j) No se informa al juez de instrucción la totalidad de las secciones policiales que intervinieron en los hechos.-

Del análisis de los expedientes, se han advertido las siguientes prácticas
judiciales:

a) Rechazo a los pedidos de avocamiento solicitados por representantes de los familiares de las víctimas o por el Ministerio Fiscal.-
b) Llamativo “extravío “, en el ámbito del Juzgado, de pedidos de avocamiento interpuestos por la Fiscalía.
c) Ausencia de conducción Judicial de la totalidad de las investigaciones, las que en algunos casos quedaron por meses en manos de la policía, sin un control Jurisdiccional directo.
d) Al surgir presuntos delitos o faltas administrativas, cometidas por el
personal policial interviniente, la Autoridad Jurisdiccional omite promover en forma inmediata su investigación de oficio.
e) Demora u omisión de realizar medidas probatorias esenciales, como por ej. pericias sobre armas, reconstrucciones, declaración de testigos, careos, etc.-
f) Falta de investigación de las contradicciones y/o diferencias entre las
declaraciones de un mismo testigos en sede policial y judicial y entre testigos.
g) La instrucción Judicial no agota la totalidad de las hipótesis
investigativas, fundando sus resoluciones casi exclusivamente sobre la base de las investigaciones realizadas por la policía y de los dichos de los propios imputados.
h) Durante las declaraciones de testigos que aportan elementos acusatorios, se realizan preguntan tendenciosas que, en lugar de desentrañar la mecánica de los hechos, apuntan a hacerlas entrar en contradicción o desacreditarlas. No se observa una práctica similar cuando los que declaran son policías.
i) En algunas de las causas, se observa una insuficiente producción de pruebas en relación a los hechos imputados en las indagatorias, poniéndose así en riesgo el esclarecimiento de los mismos, por el transcurso de los plazos procesales.

Las practicas policiales y judiciales aquí enumeradas, se sustentan en las
acciones y omisiones de los tres poderes del Estado. Asimismo crean las
condiciones para impedir el esclarecimiento de los hechos, garantizar la
impunidad de sus autores materiales e intelectuales y eludir las
responsabilidades políticas. Este estado de Impunidad es el que posibilita la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales.

La Comisión está conformada por los profesoresores Rubén Naranjo y Iván Hernández Larguía, Mariana Hernández, Lilian Echegoy, Gustavo Martínez, Antonio Tesolini, Dra Carmen Maidagan, Dr Federico Garat,
Padre Salvador Yaco (Parroquia Santa Catalina), Padre Nestor negri (Párroco Nuestra Señora de Itatí, barrio Las Flores), Padre Marcelo Valcecchi (Obra Don Bosco, Congregación Salesiana), Padre Juan José Gravet, Padre Daniel Oscar Siñeriz, Paula Moretti, Florencia Barrera y Enrique Font ( Sección de Criminología y Política Criminal, Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos Facultad de Derecho UNR). Los diputados provinciales Eduardo Di Pollina, Ángel D`Ambrosio,
Alfredo Cecchi, Alicia Tate y Federico Pezz. Los diputados nacionales Alberto Piccinini y Alicia Gutierrez.