SOBRESUELDOS: CAVALLO DICE QUE LAS DENUNCIAS BUSCAN DISTRAER

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo sostuvo que la discusión en torno a los “sobresueldos” es una “operación mediática” orientada a “generar confusión” para que así “quede sin castigo el enriquecimiento ilícito de quienes pasaron por la función pública”.

Asimismo, Cavallo confirmó que se pagaron “reintegros de pagos protocolares” pero por cifras de hasta 6.500 pesos mensuales para los ministros y subrayó que el ex presidente Carlos Menem fue quien pidió que los pagos se efectuaran en forma secreta.

A través de una nota publicada en su sitio de Internet, bajo el título “Siembran confusión para cosechar impunidad”, Cavallo sostuvo además que “de esta situación confusa pretenden beneficiarse tanto funcionarios de los gobiernos del pasado como del presente”.

El ex ministro rompió el silencio que lo rodeaba en las últimas jornadas y salió así a defenderse ante las sospechas que pesan sobre los funcionarios que integraron la administración del ex presidente Carlos Menem por la entrega de “sobresueldos”.

Para Cavallo, “el argumento defensivo que se pretende validar es simple: cuando, ante una denuncia de enriquecimiento ilícito, el acusado no pueda explicar un aumento substancial de su patrimonio, argumentará que por la ley secreta 18.302 recibió ‘sobresueldos’ de la magnitud suficiente como para justificar aquel aumento”.

“Los funcionarios interesados en enriquecerse a través de la función pública tienen gran interés en que la Justicia acepte este argumento. Quedaría impune para siempre cualquier delito de enriquecimiento ilícito”, agregó.

El ex titular del Palacio de Hacienda señaló, además, que “la confusión se siembra argumentando que yo, como Ministro de Economía, informé al Gabinete Nacional en 1992 que los funcionarios debían declarar los ‘sobresueldos’ a la Dirección General Impositiva”.

“De esta forma se pretende legalizar los ‘sobresueldos de hasta 100 mil pesos mensuales’ (sic) de cuya existencia generalizada ya se ha convencido a la opinión pública”, añadió.

Cavallo dijo entonces que “para comenzar a despejar la confusión y para que los delincuentes no se salgan con la suya, debo aclarar desde el vamos que los ‘reintegros de gastos protocolares’ se limitaron a cifras de hasta 6.500 pesos mensuales para los ministros, 5.700 para los secretarios y 4.900 para los subsecretarios”.

El ex ministro destacó que “todos los funcionarios que concurrían a las reuniones de Gabinete Nacional, saben que al poco tiempo de asumir como Ministro de Economía propuse instituir el régimen transparente que finalmente fue plasmado en el decreto 838 de 1994. Pero predominó el criterio de evitar que ese reintegro de gastos tuviera difusión y el Presidente decidió que se pagaran en forma secreta”.

“Este sistema funcionó desde 1991 hasta la sanción del decreto 838, que cambió el origen presupuestario de los reintegros por gastos protocolares y le quitó el carácter secreto, aunque mantuvo los montos que se habían abonado mensualmente en el período anterior”, puntualizó.

Según Cavallo, “es claro que los funcionarios que recibieron dinero por fuera del sistema legal vigente cometieron delitos y deben ser juzgados, pero no aquellos funcionarios que recibieron una retribución por su trabajo, y un reintegro de gastos vinculado con su función, dentro del marco legal y lo incluyeron correctamente en sus declaraciones juradas de impuestos”.

El ex funcionario se quejó porque “han metido en la misma bolsa a todos los funcionarios honestos que recibieron una retribución por su trabajo y un reconocimiento de gastos razonables vinculados con su gestión, con los que no pueden justificar incrementos patrimoniales millonarios y recurren a los gastos reservados como explicación de lo inexplicable”.