SOBRESUELDOS: EL ÚNICO QUE CORRE RIESGO DE IR PRESO ES EL DENUNCIANTE

Cosas de la Justicia de este país: mientras la causa por los sobresueldos avanza firme hacia su archivo definitivo, el ex secretario que destapó el tema enfrenta su segundo juicio oral. Los ex ministros menemistas que reconocieron que cobraban unos 4 mil pesos en negro por mes, ni siquiera están procesados. Pero el ex secretario privado que los acusó ya fue condenado a dos años de prisión y esta semana podría recibir una pena de entre tres y ocho años más.

Roberto Wilfen Martínez Medina trabajaba para Raúl Granillo Ocampo, ex ministro de Justicia y amigo de Carlos Menem. Durante el juicio contra la plurifuncionaria María Julia Alsogaray, en abril de 2004, provocó un escándalo al declarar que entre sus tareas estaba la de retirar de la jefatura de Gabinete ciertos sobres para su jefe. Esos dichos generaron la investigación judicial que tuvo como imputados a —entre otros— los ex ministros Oscar Camilión, Domingo Cavallo, Jorge Rodríguez y el propio Granillo Ocampo.

Desde un comienzo, Granillo contestó a esos cargos que su ex secretario mentía y que, además, lo había extorsionado con revelar supuestos secretos si no le entregaba dinero. Esa acusación —precisamente— es el eje del juicio al que Martínez Medina está siendo sometido en estos días por el Tribunal Oral en lo Criminal número 27. La condena a dos años en suspenso se la puso en enero pasado el juez Norberto Oyarbide.

Fue porque, envalentonado con sus denuncias, Martínez Medina acusó por televisión al abogado Javier Fernández —ex secretario de Rodolfo Barra en la Corte Suprema— de ser “el valijero” de los presuntos sobresueldos en el Poder Judicial. Fernández, con muy buenos vínculos en Comodoro Py 2002, lo querelló y logró una condena dura por calumnias.

Si ese fallo queda firme y luego fuera condenado en la causa que le sigue Granillo, Martínez Medina podría ir preso. Cuando lo llamaron a la primera audiencia, hace un mes, estuvo inhallable y lo declararon en rebeldía. Apareció desmejorado, más flaco que en sus épocas de alto perfil, jurando que había estado internado con un cuadro de depresión.

Tiene un defensor oficial, Santiago Bardi. En la audiencia de mañana se pronunciarán los alegatos y se descuenta que el fiscal, Mario Montoya, jugará fuerte. Los jueces Jorge Soriano, Víctor Pettigiani y Jorge Romeo quedarán, entonces, en condiciones de anunciar su veredicto.

Martínez Medina también fue testigo en más causas federales sobre otros posibles usos de los fondos reservados. El gobierno de Néstor Kirchner entendió que por eso debía incluirselo en un programa de testigos protegidos.

Un día después de su testimonio ante el tribunal oral que juzgó a María Julia, el abogado Ricardo Monner Sans inició la causa en la que se investigaron los sobresueldos. En ese expediente, en julio pasado, el juez Jorge Ballestero procesó por peculado a Camilión y a Rodolfo Aiello, de la jefatura de Gabinete.

Se estableció que los sobresueldos salían de fondos reservados habilitados por una ley secreta aún vigente y, desde determinada época, amparados por decretos. Sin embargo, el día de los Inocentes de 2005, la Cámara revocó los procesamientos y —por más que ratificó el sistema de sobresueldos— recalificó los hechos como una simple malversación de caudales públicos.

No es un detalle: por la pena leve de este delito, la causa quedó a un paso de la prescripción. Para empezar, hace dos semanas, Ballestero dictó la falta de mérito de Camilión, Aiello y de otros ex funcionarios a los que llegó a interrogar; además, suspendió las indagatorias pendientes de —entre otros— Granillo Ocampo y Cavallo. El fiscal, Gerardo Pollicita, apeló.

La próxima discusión pasará por quién paga el costo político de firmar la resolución que cierre formalmente esta causa.