SOLÁ Y GONZÁLEZ GARCÍA PIDEN QUE LA CHICA VIOLADA PUEDA ABORTAR

El gobernador bonaerense, Felipe Solá, se involucró en la polémica sobre la inminente autorización o negativa judicial para la práctica de un aborto a una joven discapacitada mental que fue violada y dijo “estar de acuerdo” con el pedido de los familiares de la chica, que quieren interrumpir la gestación. A esta actitud se sumó también ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

“Espero que (la Suprema Corte) le dé la razón”, manifestó Solá. “Estoy totalmente de acuerdo con el deseo de abortar de la joven que había sido violada”, insistió el gobernador.

El caso llegó al más alto tribunal de la Provincia después del rechazo de la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial Nø 11 de La Plata al aborto planteado por la Asesora de Incapaces. El expediente está en la Procuración de la Corte para una evaluación preliminar y en los próximos días deben resolver los ministros. La menor tiene un embarazo de cuatro meses.

En su momento, la Asesora Laura Ozafraín había solicitado a la Justicia de Menores una “aborto eugenésico”, previsto en el artículo 86, inciso segundo del Código Penal. La norma prevé la interrupción del embarazo cuando existe presunción del nacimiento del bebé con una enfermedad hereditaria para la que no existe cura o cuando existe riesgo de vida también para la madre.

La jueza de Menores Inés Siro consideró que no había tal riesgo. Sostiene en su dictamen que el caso no está encuadrado en la doctrina del aborto terapéutico. La Cámara ratificó la postura. Y con la nueva apelación será la Suprema Corte la que se expedirá.

Por su parte, González García declaró estar “indignado” por los recientes fallos de la Justicia platense. “Es increíble la actitud de la jueza Siro porque esto no es una teocracia”, dijo el funcionario. “La religión (Católica) —agregó el ministro— es muy respetable, pero la Ley está por encima de cualquier religión en nuestro país. Esto es una democracia”.

La Cámara de Apelaciones había mencionado como soporte del fallo el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos contenida en el Pacto de San José de Costa Rica. Allí queda establecido que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida a partir del momento de su concepción”. Citan, además, el artículo 63, que determina como personas por nacer a “las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno”.

Ginés González García ataca esta ingeniería jurídica y demandó de la Suprema Corte una actuación “rápida” para salvar una resolución que “vulnera el sentido común”. “Tengo ganas de presentarme de oficio a la justicia” para revertir esta situación. “Es una chica con una discapacidad mental y que fue violada. Me parece increíble la actitud de la Justicia de darle vueltas a este tema”, fue la advertencia del ministro. “Todo esto pasa —concluyó— mientras el embarazo avanza y la familia (…) sufre por esta incertidumbre”.