SOLO DIEZ FAMILIARES PODRÁN INGRESAR EL LUNES A LA LEGISLATURA

De un extremo al otro. Luego de que anteayer los familiares de las 193 víctimas de la tragedia de Cromagnon lograran imponer el ritmo que se les antojaba a la sesión en la que la Legislatura porteña definiría si suspendía o no a Aníbal Ibarra, hasta hacerla naufragar, se supo que sólo diez representantes de los deudos podrán participar pasado mañana de la reunión en la que los diputados retomarán el debate. Al resto ni siquiera les permitirán acceder al edificio.

La decisión, que despertó la indignación de los familiares, fue adoptada ayer por la mayoría de los jefes de bloque -en un encuentro en el que no ingresaron otros legisladores ni asesores, como lo hacen usualmente-, en un intento por evitar que se repitan las presiones sufridas anteayer por los diputados durante toda la sesión y los desmanes ocurridos cuando el vicepresidente 1° del cuerpo, Santiago de Estrada, anunció la apertura de un cuarto intermedio.

“Esta medida es tan desagradable que invita a que la rechacemos. Ellos dicen diez porque creen que estamos divididos en cinco grupos y cuentan dos interlocutores por grupo. Pero ese número no puede nunca representar a 190 familias. Entramos todos o ninguno”, anunció ayer a LA NACION José Iglesias, que en el incendio del boliche de Once perdió a su hijo Pedro, tras conversar -según dijo- con los otros padres.

Iglesias, que también es querellante en la causa penal, adelantó luego que los familiares sienten que hay un derecho lesionado y que, por eso, durante el fin de semana analizarán la posibilidad de recurrir a la Justicia para revertir la nueva determinación de los legisladores porteños.

“Para nosotros esto demuestra que quieren consagrar la impunidad de Ibarra a oscuras”, concluyó.

Los diputados sabían que su cambio de postura incomodaría a los familiares. Tanto que eligieron comunicar la decisión por medio de una conferencia organizada repentinamente. Y apoyaron que fuera Estrada el encargado de enfrentar las cámaras.

Conferencia improvisada

Apenas terminó la rueda de prensa, los encargados de seguridad de la Legislatura agilizaron el tendido de vallados sobre la calle Perú, temerosos de que los padres aprovecharan el fin de semana para instalarse frente al Palacio y estar prestos para entrar en él el lunes.

Según confirmaron fuentes de distintos bloques a LA NACION, el macrismo puro, los aliados del macrismo, el kirchnerismo y ARI votaron en favor de restringir a diez la cantidad de familiares que serán testigos de si prospera o no el juicio político contra el jefe de gobierno. En cambio, el ibarrismo prefería sesionar directamente sin deudos en el recinto para tener garantizada su seguridad física.

Es que, anteayer, la conducta de los familiares y su reacción final ante la interrupción de la sesión sembraron el temor entre los diputados. E incluso hubo acusaciones contra Estrada, responsable de la seguridad en el interior del edificio, por haber manejado mal el desarrollo del debate.

“Consideramos que la responsabilidad primera de lo ocurrido le cabe al vicepresidente 1°. Fue incapaz de garantizar las condiciones adecuadas para la intervención de las posiciones reflejadas en diferentes dictámenes”, sostuvo el bloque kirchnerista, que debió retirarse del recinto tras los reiterados insultos recibidos por no apoyar el juicio político a Ibarra.

Estrada admitió a LA NACION que sólo existió un “ingreso adicional al pactado, de entre 50 y 60 familiares por vez, cuando parientes que estaban en otro salón pidieron permiso para ir al baño, burlaron los controles y entraron en el recinto”.

De todos modos, legisladores de diferentes bloques reconocían ayer que los disturbios habían sido “inevitables”, pues la única decisión que habría conformado a los familiares hubiera sido la destitución de Ibarra. Y no había votos suficientes para eso.