SON 135 LOS JEFES POLICIALES EN LA MIRA POR SU PATRIMONIO

Los jefes policiales bonaerenses bajo la lupa de Asuntos Internos por su situación patrimonial son 135. Así lo aseguró ayer el ministro de Seguridad Juan Pablo Cafiero. El funcionario adelantó que una vez concluida la revisión muchos de esos expedientes pasarán a la Justicia.

Luego de un ultimátum lanzado por Cafiero hace poco más de un mes, fueron llegando a las oficinas de Asuntos Internos más de 1.000 declaraciones juradas de jefes policiales bonaerenses. Algunas dejaron dudas a los auditores. Ayer, el ministro precisó que el 13 por ciento de aquéllas están siendo investigadas en detalle.

Las carpetas en observación triplican la primera estimación realizada por las autoridades cuando decidieron este relevamiento sobre los bienes de comisarios y subcomisarios. Fue después del pase a retiro del entonces jefe de la Policía, comisario general Alberto Sobrado, sospechado de presunto enriquecimiento ilícito y evasión al Fisco. Al ex responsable de la fuerza se le descubrió una cuenta no declarada de 333.000 dólares en Bahamas.

Luego de eso, como informó Clarín en exclusiva, el Ministerio envió una intimación a más de 1.000 jefes policiales para que presentaran las declaraciones juradas. Cafiero les hizo una advertencia: “El que no pueda justificar sus bienes que se vaya de la fuerza antes de que lo echemos”.

Ayer, en el acto de apertura del Plan de Terminalidad para suboficiales de la Bonaerense —por el cual casi 23.000 policías deberán aprobar el nivel de educación secundaria en los próximos cinco años—, Cafiero dijo que “los patrimonios de 135 jefes son investigados. Puede suceder —aclaró— que muchos de estos casos pasen a la Justicia”.

El caso Sobrado está en la fiscalía platense de Daniel Urriza. Al expediente se incorporaron los estudios de la auditoría de Asuntos Internos y el testimonio de Cafiero. También solicitó al FBI el rastreo de las cuentas bancarias en el exterior. Y le pidió al Banco Central del Uruguay que libere el secreto bancario para determinar si Sobrado trianguló el depósito a través de una entidad financiera de ese país.

Otro policía sospechado es el comisario inspector Aníbal Degastaldi, relevado de la Delegación de Investigaciones de Quilmes. Se le adjudica —aún con su negativa— la propiedad de un restaurante y una vivienda de 500.000 pesos en la Capital Federal. Su nombre trascendió con la causa por el homicidio de María Marta García Belsunce. Tuvo una controvertida participación en las horas posteriores a la muerte en el country Carmel. Según declaró en la Justicia el comisario Angel Casafus, recibió la orden de concurrir al domicilio.

Antes, Casafus había atendido un llamado de Horacio García Belsunce, hermano de la víctima, para pedirle que “le sacara la policía de encima”. La actuación de la DDI de San Isidro resultó confusa y la relación entre ambos oficiales se quebró. Resultado: Degastaldi fue trasladado a Quilmes.

Mientras el ministro hacía el anuncio de los 135 casos, el comisario inspector Alberto Cánepa quedaba relevado de la jefatura de Trenque Lauquen por una denuncia del policía “arrepentido” Norberto Fiori (ver página 29).

Canepa fue destinado a un destino “de escritorio”, aunque todavía no hay sanción administrativa por los cargos en su contra.

Hasta ahora, parece abrirse un bache entre las sospechas y las probanzas en Tribunales. El propio Cafiero lo admitió ayer: “las investigaciones sueles ser muy complejas y sólo basta leer la historia judicial en la Argentina para darse cuenta de eso”.

Este proceso provoca reacciones en la primera fila de la conducción policial. El secretario general, comisario Julio César Frutos, es investigado patrimonialmente y cuestiona el método de hacer conocer las declaraciones juradas antes de que concluya el sumario administrativo. Atribuye a las internas y a “un mal manejo de las autoridades” la “filtración” de los datos de su bienes. “Es llamativo que trasciendan en momentos que estoy ubicado en la línea sucesoria para la jefatura de Policía”.

Hace trece meses, Frutos le envió una carta al entonces presidente Eduardo Duhalde para responsabilizarlo por haber interrumpido la reforma policial iniciada en 1998. Afirmaba en el documento público que fue “por una necesidad política del momento (cuando instaló la candidatura de Carlos Ruckauf con la mano dura)”. Luego de esa polémica pidió una licencia y se apartó de la Departamental de Quilmes. No obstante, en febrero de este año, Cafiero lo designó secretario general, uno de los cargos más altos en la institución.

Ahora, el oficial argumenta que presentó —en Asuntos Internos— cada factura de compra de materiales para la construcción de una casa (valuada en 120.000 pesos) en City Bell y que está a disposición de los auditores para cualquier trámite.

Frutos asegura que aguarda el término de la instancia administrativa para “borrar” las suspicacias y que le quedan tres años de carrera, antes del pase a retiro.