STORNI DECLARÓ EN TRIBUNALES

El ex arzobispo Edgardo Gabriel Storni debió presentarse en tribunales el lunes, donde fue indagado por el juez Carlos Ferrero por la reapertura de la causa por “coacción agravada”, en la que se le atribuye ser el “instigador” de las presiones contra el padre José Guntern, para que éste se retractara de una serie de dichos que lo perjudicaban.

Storni ya había sido indagado y procesado por la supuesta comisión del delito de coacción por el fallecido juez Eduardo Giovannini, pero la defensa del eclesiástico apeló la medida. La Sala IV de la Cámara de Apelación Penal aceptó el reclamo del abogado Eduardo Jauchen y anuló el procesamiento, por considerar que existió un error formal en el momento en que se lo indagó.

Según la Sala IV, el procesamiento por coacciones en grado de instigador debió ser anulado porque se cometieron errores formales en el trámite, que de alguna manera jaquearon las garantías constitucionales que debe tener todo imputado. Por este motivo se inició nuevamente el proceso y se citó al imputado para tomarle declaración.

Actualmente la causa está en trámite y si bien no trascendió el contenido de su exposición, Storni siempre negó haber ordenado que presionaran a Guntern, por lo que se supone se habría mantenido en esa postura.

Jauchen dijo en su momento que en caso de que Storni hubiera ordenado llevar al sacerdote al Arzobispado, ésta “no es una orden ilícita, porque en todo caso en ningún momento ordenó que lo presionaran. Se limitó a pedir que lo convocaran y, además, él no participó en la reunión, ni tiene conocimiento de cómo se desarrolló la misma. De manera tal que no puede haber instigación a cometer un delito”.

Aquella reunión
El 22 de agosto de 2002, se realizó una reunión en el Arzobispado donde se habría presionado a Guntern para que negara una serie de dichos que comprometían a Storni.

Cuando se le tomó indagatoria por primera vez acerca de este hecho, en el juzgado se le dijo al ex arzobispo que estaba imputado de “haber convocado el día 22 de agosto de 2002” a cuatro sacerdotes “y ordenado trasladar en forma urgente a la sede del Arzobispado” al padre Guntern. Además se agregó que “una vez reunidos, los vicarios, de acuerdo a lo planeado en reuniones previamente celebradas, bajo presión, amenazas e intimidación obligaron a Guntern a firmar contra su voluntad un acta canónica en la que se retractaba sobre sus dichos…”.

Esto significa que a Storni no se le dijo con claridad que estaba siendo indagado como presunto instigador de las coacciones que luego sobrevinieron sobre Guntern.

En el momento en que el juez que investiga una causa toma declaración indagatoria a un sospechoso, debe expresarle con absoluta simpleza y claridad cuál es el delito que se le imputa. Ahora habrá que esperar para saber qué postura adoptará Ferrero.

Mientras tanto, Storni continúa procesado por el supuesto delito de abuso sexual contra un seminarista.