SUÁREZ MASON SE NEGÓ A AMPLIAR SU INDAGATORIA EN UNA CAUSA POR CRÍMENES DURANTE LA DICTADURA
Una vez frente al magistrado y al secretario Marcelo Sonvico, el imputado hizo uso de sus derechos constitucionales y se negó a contestar las preguntas, tras lo cual fue remitido nuevamente a la cárcel, donde permanece detenido.
El 23 de marzo último, Suárez Mason fue notificado de la declaración de inconstitucionalidad del indulto que lo había beneficiado, por lo que su situación se retrotrajo al momento previo al perdón presidencial dictado por Carlos Menem, cuando fue procesado por 38 homicidios.
En aquella breve diligencia (que duró alrededor de diez minutos), Suárez Mason se notificó de la resolución dictada por el juez Canicoba Corral por la que decretó la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales.
En este expediente, se investigan gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en dependencias del I Cuerpo de Ejército y es una de las tres “megacausas” que se abrieron tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Con su negativa a declarar, Suárez Mason siguió el mismo camino que había elegido el coronel retirado Jorge Olivera Rovere, detenido tras la nulificación de los indultos, quien hizo uso de sus derechos constitucionales y se abstuvo de contestar preguntas.
Al decretar la inconstitucionalidad del perdón contra seis militares, el magistrado concluyó que los indultos no están exentos del control judicial y concluyó que Menem ejerció la facultad presidencial cuando no era válido hacerlo, porque ya existían compromisos internacionales para perseguir penalmente a los autores de crímenes aberrantes.
Canicoba Corral analizó también la decisión que tomó el Congreso Nacional en agosto de 2003, cuando por ley 25.779 anuló las normas sobre Punto Final y Obediencia Debida, lo que derivó en la reapertura de tres “megacausas” por ilícitos cometidos durante la última dictadura.
El juez aludió al “terrorismo de Estado sin precedentes” ejercido en esa etapa, en la que, “en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes o adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y hasta fantasmal: la de los ‘desaparecidos'”.
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