SUBSIDIARÍAN A DEUDORES HIPOTECARIOS

Mientras el titular del Fondo Monetario Internacional, Horst Kšhler, manifestaba ayer ante empresarios y banqueros su preocupación por la postergación de las ejecuciones hipotecarias, el Gobierno comenzó a pensar en subsidiar a los deudores en condiciones de remate.

Así lo afirmó ayer, sin demasiadas precisiones, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “La idea es buscar un mecanismo por el cual se resuelva definitivamente la situación de deudores hipotecarios, sin afectar los derechos de los bancos, ni afectar los intereses del fisco. Economía está buscando la fuente de financiamiento para resolver el problema, que tenderá a ser un subsidio”, dijo.

Fernández anunció también la creación de un registro único que incluirá a todos los deudores hipotecarios que estén en condiciones de ejecución, que deberá ser aprobado por el Congreso. Hay, según las asociaciones de bancos, unas 16.000 personas involucradas.

Los interesados tendrán, una vez que la norma sea publicada en el Boletín Oficial, 45 días para inscribirse. Cerrado el registro, dos semanas más tarde, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para instrumentarlo.

Las ejecuciones hipotecarias se postergaron por cuarta vez en mayo pasado, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. La medida se había tomado a principios de 2002, junto con la ley de emergencia económica, para proteger a los deudores que habían quedado desamparados luego de la devaluación y la pesificación. La regulación encontró siempre el rechazo del Fondo y de los bancos.

Ayer, la titular del Banco Nación, Felisa Miceli, fue una de las encargadas de transmitirle a Kšhler el mensaje del Gobierno. “Se le explicó claramente que era una cuestión absolutamente transitoria, producto de las crisis, y que no era para nada objetivo de nadie continuar con esto, sino encontrar una solución para los deudores de vivienda única”, dijo Miceli después del encuentro con Kšhler, en el hotel Sheraton.

Los deudores, insatisfechos

Fernández aclaró que se estudiaría cada caso. “Esta medida la teníamos en estudio hace tiempo -dijo-. Es un problema que no puede dilatarse más. No queremos generar privilegios entre quienes reciban esta ayuda y aquellos que, con esfuerzo, pagan sus viviendas.” La creación del registro cayó bien entre los banqueros. Sin embargo, en el sector volvieron a plantear, por las dudas, su postura respecto del eje central de la discusión: basta de prórrogas.

“Todo mecanismo ideado para solucionar un problema de un sector es bueno. Pero no queremos más medidas genéricas para atender a problemas sectoriales”, dijeron a LA NACION en la Asociación de Bancos Argentinos (ABA). Y negaron que alguien del Gobierno les hubiera hablado de la posibilidad de subsidiar a los deudores con problemas.

Al contrario de lo que podría pensarse, la decisión del Gobierno no conformó a los representantes de los deudores, que la juzgan insuficiente.

“No estamos de acuerdo -dijo Hilda Gumprich, vocero de la Asociación de Deudores Argentinos-. Ocuparse de los deudores es importante. Pero estos 90 días tienen que ser los últimos, y tenemos que buscar, entonces, una solución definitiva. Y ésta no es una solución definitiva.”

Gumprich afirmó que el registro debería incluir no sólo a los morosos, sino a todos los deudores hipotecarios, aunque estuvieran al día con los pagos. Y no sólo a los clientes de bancos. En la lista, sostuvo, deberían agregarse, por ejemplo, las personas que se endeudaron fuera del sistema financiero: en compañías financieras, escribanías y consultoras.

“Muchos de ellos, aunque tienen la cuota al día, soportan que los acreedores les exijan el pago en dólares, con tasas que superan el 25 por ciento”, dijo Gumprich.

Cifras difusas

La cuestión es más ardua de lo que aparenta: si bien los deudores no bancarios parecen incalculables -no existe un registro fehaciente al respecto-, se estima que son mucho más numerosos que quienes contrajeron obligaciones en los bancos.

Las cifras generan desencuentros entre los involucrados. En la Asociación de Deudores, por ejemplo, calculan, en total, en más de 500.000 las personas en situación comprometida. Esto no quiere decir que todos estén en proceso de remate, pero sí que se le acercan.

Hay en el país, estiman, 7,5 millones de deudores hipotecarios. De esa cantidad, dos millones tienen compromisos fuera de los bancos, de los que un 25% está en zona riesgosa.