SUBSIDIO DEL GOBIERNO PORTEÑO PARA LAS VÍCTIMAS DE CROMAÑÓN

Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad lanzó un subsidio “único y especial” destinado a las víctimas de Cromañón. La medida dispone un pago de siete cuotas mensuales de $1.200 cada una por cada persona muerta en la tragedia y de siete cuotas mensuales de $600 cada una para quienes hayan sufrido afecciones físicas o psicológicas.

En Cromañón murieron 193 personas y se calcula que cerca de ochocientas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Algunas de ellas todavía no se han recuperado del todo y sufren aún las consecuencias de las quemaduras en las vías aéreas superiores, por inhalación de humo tóxico.

El plazo para pedir el subsidio vence el próximo 30 de junio y el beneficio será otorgado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno porteño.

En los considerandos del decreto 692 que entró en vigencia ayer, el Gobierno de la Ciudad define a Cromañón como “una tragedia inédita en la Ciudad de Buenos Aires por la cantidad de personas afectadas y el impacto social que produjo”. Que por esas y otras razones es “oportuno brindar ayuda material directa, de carácter excepcional, a las víctimas que en la actualidad se encuentran en situación de vulnerabilidad, entendida esta como el desequilibrio e indefensión que experimentan los individuos en sus condiciones de vida como consecuencia del impacto provocado por algún evento traumático y que les impide continuar o retomar sus tareas habituales.”

Detrás del lenguaje formal y casi clínico del decreto, el Gobierno establece que el beneficio por persona fallecida se otorgará “según el siguiente orden de prelación excluyente, a favor de: a) los hijos menores de 21 años no emancipados; b) el cónyuge o conviviente con un mínimo de dos años de convivencia previa al fallecimiento; c) los hijos mayores de 21 años o emancipados d) el padre y/o la madre”.

Veinte días después de la tragedia, el gobierno de Aníbal Ibarra anunció que estudiaba un decreto de necesidad y urgencia destinado a ofrecer “reparaciones” a las víctimas. Las cifras que se manejaron fueron de $300.000 por muerte, $180.000 por lesiones gravísimas, $100.000 por lesiones graves y $50.000 por lesiones leves.

Aquella norma que nunca se implementó establecía también que los afectados que aceptaran la indemnización, como también se la llamó, deberían renunciar a iniciar un juicio civil contra la administración comunal.

Esa propuesta y otra similar presentada por legisladores del macrismo fueron rechazada por los familiares de los muertos y por el resto de las víctimas que vieron entonces, y así lo expresaron, una especie de “trueque” de la vida de sus seres queridos por una suma de dinero.

El subsidio puesto en marcha ayer abarca además de a los familiares directos de los 193 muertos, a quienes resultaron afectados física o psicológicamente y aún a aquellos descendientes o ascendientes en primer grado de los muertos que estén en tratamiento médico o psicológico”.

Anoche, los familiares y representantes legales de las víctimas no se ponían de acuerdo sobre la efectividad de la norma. José Iglesias, padre de un chico muerto en Cromañón y cabeza de la querella unificada, dijo que la medida no le parecía mal “en la medida que terminan con la discrecionalidad del funcionario que recibía al sobreviviente y decidía la ayuda en función de su humor del día.” Otro de los querellantes, el abogado Fernando Soto implica “una igualdad hacia abajo. Daban un subsidio desde enero no limitado a seiscientos pesos sino que cubría otras necesidades que destruyó Cromañón.”.