SUBSIDIOS: AHORA INVESTIGARÁ LA FISCAL DEFERAL GRISELDA TESSIO

En las últimas horas, el juez federal Reynaldo Rodríguez dispuso poner en manos de la fiscal Griselda Tessio la investigación tendiente a determinar si existieron irregularidades en el manejo de subsidios nacionales que llegaron a Santa Fe, para sostener el sistema de transporte público de colectivos urbanos.

Desde hace tiempo sobrevuela en la ciudad la sospecha de que se manejó información falsa acerca de la cantidad de unidades que se encontraban circulando. Como las empresas reciben desde la Nación subsidios de acuerdo con el número de coches en funcionamiento, se sospecha que se pudo haber “inflado” la cantidad de colectivos para cobrar más dinero de forma irregular.

Existen tres líneas diferentes de subsidios: una a través del denominado Sistau, que es un apoyo general al transporte urbano de colectivos; otro por medio de un precio diferenciado en la compra de gasoil y, finalmente, aparece un tercero específico para las empresas de Santa Fe, por haber sufrido las consecuencias de la inundación del río Salado.

En los últimos meses, el juez Rodríguez había ordenado un peritaje que fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal. El control consistió en verificar colectivo por colectivo, para determinar así la cantidad exacta de unidades en circulación, los números de chasis, motor, patentes, etc.

El objetivo fue comparar la información recabada con los datos suministrados por la Municipalidad acerca de cómo está compuesto el sistema.

A principios de setiembre, El Litoral revelaba que esta verificación realizada por la Policía Federal habría detectado una serie de irregularidades e, incluso, que se habrían encontrado en reparación o en funcionamiento menos unidades de las que figuran a nivel municipal.

Según trascendió, los peritos habrían podido comprobar la existencia de alrededor de 220 colectivos, cuando voceros municipales aseguraron en varias oportunidades que el sistema de transporte urbano de la ciudad cuenta con más de 265 coches.

También se habría detectado información irregular con respecto a los números de chasis y motor.

Este controvertido tomó estado judicial el pasado 13 de febrero, cuando el fiscal provincial Carlos Romero recibió una denuncia en este sentido. En aquel momento el caso recayó en el juzgado de Instrucción N° 5, a cargo del fallecido Eduardo Giovannini. El juez tomó declaración testimonial a los concejales de Encuentro para Santa Fe, Leonardo Simoniello y Jorge Henn, acerca de un informe que éstos hicieron público a través de su página web, en el que se planteaba la posibilidad de que existieran datos falsos en las declaraciones juradas.

Pero poco después, la Justicia Provincial se declaró incompetente para avanzar en este caso porque si hubieran existido irregularidades, se habrían producido en el manejo de fondos provenientes de impuestos nacionales. Por eso, el caso fue derivado a la Justicia Federal.

La ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) establece penas de prisión que van de tres años y seis meses, a nueve años, para quienes en forma “engañosa se aprovecharen indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria, siempre que el monto anual sea superior a los 100 pesos”.