SUPERPODERES: LA UCR Y EL MACRISMO CONFIRMARON QUE IRÁN A LA JUSTICIA

Esperamos no hacer sapo en la Justicia”, le dijo a Clarín el jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo. Se sirvió de la ironía para ratificar la decisión de impugnar en los tribunales la ley de superpoderes aprobada ayer a la madrugada y relacionarla con el animalito de peluche que usó Mauricio Macri como emblema del duro mensaje que pronunció en la extenuante sesión.

Horas después de sancionada la norma que permitirá al jefe de Gabinete manejar el Presupuesto a discreción, tanto los partidos de PRO (la alianza de macristas y provinciales) como el radicalismo reiteraron sus amenazas de denunciar judicialmente los superpoderes por considerarlos “inconstitucionales”.

Por el momento, son las únicas fuerzas que encarrilarán sus acciones por esa vía. Por consejo de sus juristas, lo harán una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la norma (tiene diez días hábiles de plazo) y la haga operativa publicándola en el Boletín Oficial.

En tanto que el ARI de Elisa Carrió duda en seguir el mismo camino. “Nuestros abogados están analizando la viabilidad jurídica de una eventual presentación y luego veremos qué criterio adoptamos desde lo político”, admitió el titular de esa bancada, Eduardo Macaluse.

El temor de los legisladores aristas es que los acusen de recurrir a uno de los poderes del Estado —el Judicial— para que resuelva en su favor lo que otro poder —el Legislativo— definió en sentido contrario durante un debate del que participaron. Es la tesis que abonan por el momento los peronistas disidentes que se opusieron al proyecto oficial.

Los que no muestran reparo alguno en recibir esa acusación —anticipada en chicanas de pasillo desde sectores kirchneristas— son los radicales.

El presidente de esa fuerza y diputado, Roberto Iglesias, aseguró que “no pueden decirnos que judicializamos la política, porque si una ley es anticonstitucional la única manera de dirimirlo es en la Corte”.

De todos modos, los denunciantes jugarán con la jurisprudencia en su contra: la Justicia suele escaparle a sentencias que puedan significar conflicto de poderes.

Lejos de achicarse, la UCR tiene el texto de la denuncia en estado avanzado y solo le falta ponerle el moño para elevarlo a la Justicia. La base jurídica fue aportada por el ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, por Ernesto Sanz, el jefe de los senadores que ordenó el retiro de su tropa cuando se votaron los superpoderes en la Cámara alta.

Los mendocinos Sanz e Iglesias se reunirán el martes con el titular de los diputados Fernando Chironi —que anoche viajó a su ciudad, Viedma, para acompañar en un acto al ex presidente Raúl Alfonsín— para definir quiénes firmarán la presentación.

En el macrismo dudan entre hacer la denuncia como bloque parlamentario o dejar la representación a los partidos de la coalición. Lo que tienen claro es que será una obra a dos manos: la trabajan los diputados Pablo Tonelli y Jorge Vanossi, dos ex radicales que se plegaron a la coalición de centroderecha.

Más allá de los matices jurídicos, la UCR y el macrismo aseguran que la ley de superpoderes violan cinco artículos de la Constitución:

Artículo 29: considera infames traidores a la patria a quienes concedan la suma del poder público al Poder Ejecutivo.

Artículo 75: encomienda al Congreso fijar el presupuesto de gastos anuales.

Artículo 76: prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo.

Artículo 99: le impide al Poder Ejecutivo “bajo pena de nulidad absoluta e insanable” emitir disposiciones de carácter legislativo. Solo lo admite en “circunstancias excepcionales”.

Artículo 100: el jefe de Gabinete debe ceñirse a la ejecución del presupuesto votado por el Congreso.