SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE ALBERTO RODRIGUEZ SAA

En una causa que ya lleva casi cuatro años, el fiscal Jorge Di Lello solicitó el rechazo de un pedido de nulidad interpuesto por la defensa del gobernador de San Luis y ex senador Alberto Rodríguez Saá, en una causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito.

Se trata de un caso con mucho voltaje político por el que también está siendo investigado el ex presidente y actual diputado nacional Adolfo Rodríguez Saá por el juez federal Juan José Galeano.

La causa se abrió en el 2000 por una denuncia del ex diputado del Frepaso Juan José Laborda Ibarra quien había afirmado que Rodríguez Saá había pasado de tener, en 1983, una casa y dos autos usados a poseer 25 inmuebles y acciones en varias empresas valuadas en unos 22 millones de pesos—dólares.

Ante esta denuncia, el juez Galeano pidió una serie de informes a la DGI, a la Inspección General de Justicia, al Banco Central y a fines del año pasado le dio vista al fiscal Di Lello para que opinara si correspondía ordenar que Rodríguez Saá justificara el origen de su patrimonio.

Es un punto sensible porque el artículo 268 del Código Penal que contiene el delito de enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y no es el fiscal, sino el funcionario el que debe demostrar con qué plata aumentó su patrimonio.

Ante ese pedido de Galeano, el abogado Pablo Jacoby —el mismo que representa a Memoria Activa en el juicio por la AMIA— pidió la nulidad de lo actuado por el juez, informaron a Clarín fuentes judiciales. Además, reclamó un peritaje de los bienes del actual gobernador puntano, como paso previo a que su cliente justificara el origen de su fortuna. En cambio, en el caso por supuesto enriquecimiento ilícito de la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, primero se pidió la justificación y luego el peritaje.

Una eventual nulidad de las actuaciones, obligaría a rehacer la investigación y se retrasaría la marcha de la causa.

La defensa apoyó su solicitud de nulidad en que:

Es “una investigación absurda, carente de todo fundamento y originada a partir del insólito testimonio de un acérrimo opositor político de mi defendido”.

Como faltan pruebas “cuyo resultado puede eventualmente resultar decisivo para la resolución del proceso, no se advierte cómo puede el juez efectuar consideraciones de ningún orden respecto de un eventual enriquecimiento patrimonial apreciable”.

“El razonamiento exteriorizado por el juez es sencillamente equivocado y particularmente lesivo de elementales garantías procesales vinculadas con el derecho de defensa, así como también contrario a principios básicos de economía procesal.”

Sin embargo, el fiscal Di Lello pidió que se rechace la nulidad pedida por Rodríguez Saá citando fallos de la Cámara Federal. Y ahora el juez debe decidir si acepta o no la nulidad.