SUSANA PUEBLA SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN: “HAY MÁS GATOPARDISMO QUE OTRA COSA”

El Laboratorio de Políticas Educativas y la Mutual Maestra no quisieron estar ausentes del debate sobre la nueva ley de Educación y aceptaron el desafío planteado por el gobierno de analizar los lineamientos esbozados en el Documento Base.

Tras desmenuzar los ítems que el poder de turno nacional considera relevantes incluir en la futura normativa, las organizaciones detectaron cierta continuidad con la Ley Federal cuyas falencias pretenden superarse.

“Todo indica que hay cierta continuidad con la normativa actual. Algunos puntos que fueron incluidos en el documento están extraídos casi textualmente de la Ley Federal y los equipos técnicos que los redactaron son los mismos que hicieron la legislación que hoy está vigente. Por eso me quedan ciertas dudas de que haya un cambio. Yo creo que hay más gatopardismo que otra cosa”, aseguró Susana Puebla, coordinadora del Laboratorio de Políticas Educativas.

Las entidades sostienen que el Estado vuelve a cometer un error del pasado. Define la política educativa pero no se hace responsable de su cumplimiento efectivo porque “comparte esa obligación con la familia y otros agentes sociales, reiterando casi exactamente lo que dice la ley 24.195 en los artículos 2,3 y 4”, señaló Puebla.

La profesional consideró inadmisible que el Estado no se coloque como único garante de un derecho constitucional y delegue parte de esa facultad en la comunidad. “Si el Estado va a compartir la responsabilidad con la sociedad civil, quiere decir que no puede garantizar el derecho solo y les está pidiendo a todos que inviertan también en la educación”, señaló Puebla.

El temor del Laboratorio de Políticas Educativas y de la Mutual Maestra es que la familia financie lo que el Estado no hace. “Si éste asume un rol subsidiario, tengo dudas de que la calidad educativa quede en una declaratoria y que sólo la logren los sectores que tienen una posición económica buena que les permita brindarles a sus hijos un colegio pago o una escuela pública con cooperadoras que suplan lo que el Estado no hace. Y, finalmente, el 44 % que está bajo el nivel de la pobreza seguirá estando en el mínimo de educación, que no es lo deseable”, argumentó.

Financiamiento y gobierno

El Documento Base plantea ambiciosas mejoras en el sistema educativo. Se establece la obligatoriedad del secundario, se fija como prioritario el acceso a la escolaridad, el aprendizaje de una segunda lengua y la utilización de las tecnologías de la información. Además, se compromete a brindar a los docentes condiciones dignas de trabajo, formación y carrera y a los alumnos, escuelas en condiciones materiales dignas.

Sin embargo, el gobierno se olvida de incorporar en el debate una serie de temas que la Mutual Maestra y el Laboratorio de Políticas Educativas consideran insoslayables. “Una ley no puede ser nada más que una declaratoria de buenas intenciones, sino que debe hablar de temas tan importantes como el financiamiento, el gobierno de la educación, las escuelas técnicas y privadas y la formación universitaria, que no fueron incluidos en el debate” , sostuvo Puebla, tras considerar inadmisible que la normativa que sienta las bases y ordena el sistema educativo “parcialice las temáticas”.

La profesional señaló que el documento base “da por hecho” que el que manejará los hilos de la educación argentina será el Consejo Federal de Educación, constituido por el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias.

La Mutual Maestra y el Laboratorio de Políticas Educativa no avalan este modelo de gobierno porque consideran que la “educación es un aspecto tan importante de la vida social y para el futuro del país que no puede quedar sólo en manos de un gobierno de turno. La educación es una política de Estado que deberíamos acordar sostener entre todos. Por eso planteamos la constitución de gobiernos colegiados que cuenten con la representación de todos los actores del sistema educativo, docentes, padres y demás organizaciones para que podamos definir más democráticamente las políticas educativas y considerar las expectativas y demandas de otros sectores”, señaló Puebla.

Dadas las coincidencias que observa entre algunos puntos de la normativa actual y el Documento Base, la profesional se mostró asombrada de que la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no haya advertido dichas falencias o puntos débiles del texto.

Reducir brechas

Con respecto a la propuesta de extender la obligatoriedad de la enseñanza al secundario, Puebla consideró loable la iniciativa, pero cree que antes es necesario consolidar la calidad educativa en el nivel inicial y primario. “La base del sistema tiene que ser sólida porque, si no, es probable que la escuela se convierta en un contenedor de adolescentes, pero sin calidad educativa”.

Antes de prolongar la escolaridad, la profesional estima conveniente avanzar en la implementación de jornadas escolares completas para los alumnos de EGB y en la educación inicial.

Puebla sostuvo que todas estas medidas no serán eficaces si no se implementan políticas económicas que permitan reducir las desigualdades. “El gobierno tendrá que pensar que, si quiere calidad educativa, también tendrá que redistribuir el ingreso, ya que hay una relación directamente proporcional entre la situación socioeconómica de la población y el nivel educativo que alcanza. Los sectores con mejores ingresos son los que se apropian de mayores saberes”, afirmó Puebla.

Universidad y religión

El Laboratorio de Políticas Educativas y Mutual Maestra sostienen que debió incluirse en el documento base al sector universitario porque las casas del altos estudios son formadoras de docentes y “no están distantes de las expectativas de la población que no sólo tiene que acceder al nivel medio para conseguir un trabajo sino también a la universidad”.

El otro punto, también contemplado por la Ley Federal y con el cual no coinciden las organizaciones mencionadas, es la propuesta de incluir en la educación la dimensión religiosa. “Personalmente creo que los sistemas educativos deben ser mixtos: debe existir el sector privado y el público para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento”, sostuvo Puebla, quien sostiene que “se está atentando contra el laicismo”, agregó.