SUSPENDEN A UN JUEZ FEDERAL DE TUCUMÁN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Como si se tratara de un temblor, la noticia sacudió los cimientos de los Tribunales Federales con asiento en Tucumán. El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación decidió suspender en sus funciones por 180 días al juez número II, Felipe Federico Terán, quien durante ese período será sometido a un proceso de enjuiciamiento que podría derivar en su destitución del cargo.

El Magistrado, al igual que su par Jorge Parache, a cargo del Juzgado Federal Número I, es investigado por presuntas irregularidades en el dictado de sentencias a favor de tenedores de títulos públicos, cuyos ahorros habían quedado atrapados en el “corralito” financiero. Esta maniobra habría ocasionado un millonario perjuicio a las arcas del Estado nacional.

En los próximos 90 días, el CM deberá integrar el jurado de enjuiciamiento, el cual tendrá un plazo de seis meses para establecer la culpabilidad o no del magistrado en las acusaciones que se le imputan.
El proceso en contra de Terán se desarrollará en la Capital Federal, y tendrá las características de un juicio oral y público.

Fallo Unánime

Los 15 consejeros del CM que participaron del plenario de ayer votaron a favor de que Terán sea sometido a un jurado de enjuiciamiento, tal como había recomendado la Comisión de Acusación del órgano mencionado.
Quienes resolvieron enjuiciar al juez tucumano son los parlamentarios nacionales Miguel Pichetto, Diana Conti, Marcela Rodrí-guez, Carlos Kunkel, Ricardo Gómez Diez, Nicolás Fernández, Norberto Massoni y Federico Storani.

Votaron en igual sentido los representantes de los abogados en el CM, Beinisz Szmukler, Eduardo Orio, Luis Pereira Duarte y Lino Palacio, el integrante del Poder Ejecutivo de la Nación, Joaquín Da Rocha, y los representantes de los universitarios, Juan Carlos Gemignani y Humberto Quiroga Lavié.

En cambio, estuvieron ausentes en el cónclave los cuatro consejeros jueces ante el CM: Abel Cornejo, Bindo Caviglione Fraga, Claudio Koper y Victorio Pérez Tognola; al igual que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular del CM, Enrique Petracchi, quien tampoco asistió.

El proceso

Una vez que se inicie el proceso de destitución, Kunkel y Pereira Duarte, como representantes del CM, serán quienes deberán realizar la acusación contra Terán ante el jurado de enjuiciamiento, el cual será encabezado por la vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Higton de Nolasco.

También integrarán el mencionado tribunal tres parlamentarios nacionales, dos representantes de los magistrados y tres de los abogados.

A partir del momento en que el jurado quede constituido, se le correrá vista de la acusación a Terán, quien tendrá diez días hábiles para ejercer su descargo, aportando las pruebas que sean necesarias. Cumplido ese paso, el jurado de enjuiciamiento deberá reunirse y analizar las pruebas ofrecidas por las partes, tanto por los acusadores como por el juez federal. Oportunamente, si hicieran falta declaraciones testimoniales, se fijará un cronograma de audiencias.

El tribunal de enjuiciamiento deberá expedirse en un plazo máximo de 180 días, resolviendo si destituye al magistrado o lo declara inocente.

La Justicia sospecha que los bonos se adquirieron con dinero “lavado”

Paralelamente a las actuaciones que realiza el Consejo de la Magistratura para establecer si hubo o no irregularidades en la tramitación de causas referidas a títulos públicos, el fiscal federal Carlos Brito lleva adelante una investigación penal al respecto.

El funcionario judicial procura de establecer si los involucrados en el caso (además de los magistrados federales I y II, los tenedores de los bonos y los abogados que los representaban) incurrieron en la comisión de los delitos de tentativa de estafa al Estado nacional, asociación ilítita y lavado de dinero.

Respecto a este último punto, se sospecha que, en algunos casos, los tenedores de los bonos post default -que luego ordenaron pagar Terán y Parache- adquirieron los mismos con la intención de “lavar” dinero ilícito.

Esto habría ocurrido en el caso “Borquez”, considerado paradigmático de la supuesta maniobra que se ejecutó para ocasionar un fraude al Estado nacional. En el mencionado expediente, Terán le ordenó a la Nación que le pague en dólares los títulos públicos a su tenedora (Helena Borquez), pero sin establecer un monto. Al momento de la sentencia del juez federal, en la cuenta de la mujer había 600 mil dólares en bonos, pero cuando la orden de pago llegó a la Nación la cifra trepaba a los 5 millones en la moneda norteamericana.

Este hecho derivó en la realización de dos auditorías en los Juzgados I y II, ordenadas por el Consejo de la Magistratura y la Procuración del Tesoro de la Nación, respectivamente.

Como resultado de esas investigaciones, se constataron presuntas irregularidades en la tramitación de aproximadamente 120 expedientes, lo que con el correr del tiempo derivó en la suspención de Parache.