Suspenden la asunción de los 16 fiscales de Gils Carbó

El juez Furnari hizo lugar a una medida cautelar. Ahora debe decidir si declara nulas las designaciones de la procuradora.

 

Los 16 fiscales subrogantes impulsados por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a fines del año pasado no podrán asumir el 2 de febrero próximo como estaba previsto. El juez de feria en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari hizo lugar al pedido de “medida cautelar” formulado por la Asociación de Magistrados y funcionarios judiciales y a la presentada por el legislador massista Mauricio D’Alessandro.

 

Ahora, el juez deberá resolver la cuestión de fondo; es decir, si hace lugar al planteo de inconstitucionalidad y declara nula la designación de los fiscales.

 

En la resolución, el juez dispuso suspender la asunción de los fiscales “hasta tanto se dicte sentencia de fondo, o bien, se cumpla el plazo máximo previsto en el artículo 5, primer párrafo, primera parte, de la ley 26.854”, es decir, en un plazo de seis meses.

 

Furnari aceptó que la designación de los fiscales está en consonancia con la entrada en vigencia de la reforma del Código Procesal Penal, que aún no fue implementada y necesita una ley especial para ello. En el escrito advierte que “de no admitirse la medida peticionada [en las resoluciones en las que se persigue la nulidad e inconstitucionalidad de las designaciones] en pocos días asumirán su cargo y comenzarán a prestar funciones fiscales generales subrogantes de fiscalías generales cuya creación ha sido dispuesta mediante una ley que aún no habría entrado en vigencia”. Y considera que, en este supuesto, “se generaría un alto grado de incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el accionar de los respectivos órganos”.

 

Sin embargo, señaló que quedaron en vigencia las designaciones de los fiscales federales y miembros de Justicia Legítima Leonel Gómez Barbella y Juan Pedro Zoni como fiscales subrogantes en Capital Federal. Ahora, Gils Carbó puede recurrir a la Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la misma que una semana atrás rechazó la apelación de la Procuración porque consideró que no logró demostrar “la existencia de gravamen irreparable” y ratificó la suspensión de los fiscales.

 

“Es la resolución que esperábamos. Habla de una presunta ilegalidad”, señaló el fiscal federal Ricardo Sáenz ayer a La Nación, que presentó la medida cautelar junto con la Asociación de Magistrados y con los fiscales Alberto Lozada, Germán Moldes y Julio Piaggio. “Seguramente va a ser apelada [la resolución] por la Procuración y la Cámara deberá decidir si la confirma o la rechaza”, agregó.

 

“El juez deja en claro que su resolución no comprende a las tres fiscalías de la nueva Cámara de Casación -continuó Sáenz- que es algo que nosotros no incluimos en nuestra demanda de amparo, porque entendimos que era algo necesario.” Por su parte, el diputado bonaerense Mauricio D’Alessandro manifestó: “Éste es un freno para esa vocación de la Presidenta de arrogarse funciones judiciales y avanzar sobre otros poderes contrariando el artículo 109 de la Constitución”.

 

En un comunicado, el líder del Frente Renovador y precandidato a presidente, Sergio Massa, expresó su satisfacción por la resolución firmada por Furnari y destacó el papel de su espacio. “El Frente Renovador logró parar la designación de fiscales de manera impune. Es nuestro compromiso político que haya una Justicia independiente”, indicó.

 

También presentaron medidas cautelares la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Pro, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la agrupación Será Justicia.

 

Además, el juez Enrique Lavié Pico ya había dictado dos medidas precautelares contra las designaciones de Gils Carbó.

 

Satisfacción por la resolución

 

Mauricio D’alessandro

 

Diputado provincial

 

“Es un freno para esa vocación de la Presidenta de arrogarse funciones judiciales y avanzar sobre otros poderes”

 

Ricardo Sáenz

 

Fiscal federal

 

“Es la resolución que esperábamos. Habla de una presunta ilegalidad. Seguramente va a ser apelada por la Procuración”.

 

 

Fuente: La Nación