SUSPENDIERON A OTROS 600 TRABAJADORES DE FRIGORÍFICOS

El frigorífico Swift, el más grande del país, suspendió ayer a unos 600 trabajadores de la planta ubicada en Villa Gobernador Gálvez, en el Gran Rosario, como consecuencia de la veda a la exportación de carnes impuesta por el Gobierno hace casi dos meses. Se suman a los 736 empleados que la compañía ya había dejado cesantes hace 15 días, con lo cual el número de empleados dejados en disponibilidad sólo en Swift asciende a 1336.

“Toda la gente abocada a la línea de exportación de carnes ha pasado a disponibilidad y será incluida en el nuevo sistema que dispuso el Gobierno”, expresó ayer el presidente de Swift, Carlos Oliva Funes, que anoche recibió una señal por la cual se liberarían, al menos, 150 contenedores con cortes de primera calidad que permanecen demorados en el puerto de Buenos Aires desde hace 15 días. La ministra de Economía, Felisa Miceli, autorizaría hoy la partida de esos embarques con destino a la Unión Europea y que tienen fecha de vencimiento.

Las medidas del Gobierno para contener el valor de la cortes en el mercado interno, según fuentes del sindicato de la carne bonaerense, han significado hasta ahora la suspensión de unos 8400 trabajadores, muchos de los cuales ingresarán en los próximos días en el sistema de asistencia dispuesto por el Ministerio de Trabajo, que contempla un subsidio de 1000 pesos mensuales.

En los gremios señalaron ayer que ya existen 51 empresas frigoríficas anotadas en la cartera laboral para incluir a su personal en el beneficio, aunque algunas firmas no lograron cubrir los requisitos. En los sindicatos, la preocupación va en aumento porque el sector exportador de carnes ocupa entre 15.000 y 18.000 trabajadores. Las suspensiones representan hasta ahora entre un 40 y un 60 por ciento. “Si esto sigue así no quepan dudas de que van a ser muchos más”, advirtió una fuente de la industria frigorífica.

El Ministerio de Trabajo informó ayer que comenzaron a ejecutarse las liquidaciones que benefician a 1837 trabajadores, por un monto de poco más de un millón de pesos.

Los operarios fueron presentados por las empresas: Swift, Novara, Exportaciones Agroindustriales; ArreBeef, Rioplatense, La Ganadera Arenales, La Provincial y Quater Land. Asimismo, la cartera laboral comunicó que “se está llevando a cabo el debido control y verificación” para las asignaciones que recibirán los trabajadores de Rexcel, Mattievich; Macelarius, Ciribe; AB&P y Friar que comprenderá a 1862 personas por un monto de 1.031.517 pesos.

El secretario de organización de la Federación de la Carne, Horacio Oroño, dijo que los gremios “ven con preocupación que el Gobierno y las entidades rurales no se ponen de acuerdo y eso sigue repercutiendo en el sector exportador. Tenemos temor de que se corte definitivamente el diálogo”.

En tanto, el secretario general del Sindicato de la Carne de Buenos Aires, Silvio Etcheún, consideró que los trabajadores esperan que hoy se permita embarcar la carne producida y que está varada por decisión de la Dirección General de Aduanas. “Los acuerdos no están dando resultados y los que estamos pagando somos los trabajadores”, dijo Etcheún. Añadió que ese gremio analizará una medida de fuerza en caso de que no comiencen a autorizarse las exportaciones de carne.

Al cuadro del conflicto laboral hay que agregarle, además, los 520 trabajadores de la planta de la empresa Quickfood, en Villa Mercedes, San Luis, que hace dos semanas fueron suspendidos dado que, según los responsables de la planta, esa fábrica sólo se dedica a la exportación de carne. “La suspensión de las exportaciones es una medida muy drástica y hay que sentarse rápidamente a dialogar para flexibilizarla”, opinó el gerente de la planta de Quickfood, Eduardo Di Giusto, al momento de anunciar el cierre de la fábrica.

Producir más

Oliva Funes expresó ayer a LA NACION que la empresa se vio obligada ayer a cerrar toda la línea de producción de carne de exportación. El empresario expresó que ante la imposibilidad de embarcar se había decidido reubicar parte del personal que trabaja en Rosario en la fábrica de San José (Vizental), Entre Ríos, que abastece mayormente el mercado interno. La menor capacidad de producción de San José, según argumentó, obligó a la empresa a dejar cesantes a 600 personas. “Por más que se liberen hoy los stocks frenados en el puerto, si no se puede producir más, esto sigue igual “, opinó Oliva Funes. La mayor inquietud es el cumplimiento de la cuota Hilton, cortes de alta calidad y precio, que deben zarpar hacia Europa como última opción el 4 del mes próximo. Quedan unas 2000 toneladas por producir.

En los sindicatos también hay ciertos resquemores porque entienden que algunas empresas no reúnen los requisitos para inscribir a sus trabajadores en el subsidio del Estado.

En Trabajo reiteraron que los requerimientos necesarios para avanzar en los procesos de liquidación son:

Constancia de las inscripciones impositivas de la empresa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y copia de la última declaración jurada presentada ante el sistema integrado de jubilaciones y pensiones.

Declaración jurada mensual por establecimiento con el detalle de la información productiva y de ventas.

Declaración jurada mensual de los trabajadores afectados.