TABARÉ: LA AMNISTÍA NO ALCANZA A LOS COMANDANTES DE LA DICTADURA

El caso vergonzante de la nuera de Gelman, a quien mataron cobardemente luego de hacerla dar a luz, no puede estar amparado en ley alguna”, dijo ayer el presidente uruguayo Tabaré Vázquez a una radio de Montevideo.

Tabaré, quien desde que asumió la presidencia en marzo de 2005 encaró una estrategia para abrir la investigación sobre las desapariciones en Uruguay, envió ayer con estas palabras un mensaje claro: los mandos militares uruguayos vinculados con los secuestros de bebés podrán ser juzgados ya que por estos crímenes no los alcanza la Ley de Caducidad.

Esta ley —cuyo nombre completo es Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado— estableció en 1986 la imposibilidad jurídica de sancionar los delitos contrarios a los derechos humanos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985). La ley fue sometida a plebiscito y confirmada por la mayoría en 1989.

Vázquez se refirió en primer lugar a la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García Irureta Goyena, secuestrada junto a su esposo, Marcelo Gelman, en agosto de 1976.

Marcelo fue asesinado al poco tiempo. María Claudia, embarazada de siete meses, fue trasladada a Uruguay y su rastro se perdió en el Hospital Militar donde dio a luz a su hija. Hay varios testimonios que indican que la nuera del poeta fue llevada a Uruguay para robarle a su bebé y darlo en adopción, como parte de una macabra red de venta de recién nacidos.

Luego el mandatario se refirió a otro triste capítulo de la represión en Uruguay: “la Operación Zanahoria”. “Vamos a seguir investigando todo el tiempo que sea necesario. Vamos a tratar de encontrar más restos de ciudadanos desaparecidos o si se produjo algún fenómeno como la “Operación Zanahoria”, aseguró.

Se conoce con ese nombre una maniobra llevada a cabo por los militares cuando por temor a ser investigados y juzgados en épocas de democracia trataron de no dejar huellas de los desaparecidos. Para ellos desenterraron, cremaron restos y esparcieron las cenizas en lugares desconocidos hasta hoy.

“Comparto las declaraciones del presidente en relación con la política de verdad y memoria, vinculada a lo derechos humanos. Sin embargo, existiendo confesión de las FF.AA. sobre las existencia de vuelos clandestinos y coordinación represiva —lo que oficialmente se conoce desde agosto del año pasado—, la socie dad uruguaya tiene derecho a debatir la anulación de la Ley de Caducidad por tratarse de crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, violan el derecho internacional de los derechos humanos, por el cual sería nula una ley que impida el juzgar a los responsables”, dijo a Clarín Oscar López Goldaracena abogado y miembro del Serpaj, y candidato a la Comisión Interamericana de derechos humanos de la OEA.

El caso uruguayo tiene similitudes con el argentino en cuanto a que los casos de robos de bebés permitió revisar la legislación.

Vázquez aclaró ayer que su gobierno respetará esta ley confirmada por la decisión popular aunque recordó que, en su momento, el Frente Amplio y otros actores hicieron todo lo posible por derogarla. El Frente Amplio habla de cumplir el artículo 4 que obliga al Ejecutivo a investigar el destino de los prisioneros desaparecidos y el robo de niños.

Las declaraciones de Vázquez se dan en un contexto especial en el que cinco militares y un policía (José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama, Jorge “Pajarito” Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio) se encuentran detenidos a la espera de la extradición solicitada por el juez argentino Guillermo Montenegro por la causa Plan Cóndor.

Queda flotando la siguiente pregunta: ¿Quiénes pueden quedar “enganchados” en un futuro tras las dichos de Vázquez? “Es difícil poder interpretar qué regla va a seguir el Ejecutivo, y por lo tanto predecir a quienes abarcará. Por ahora, y lo que hay seguro, es lo que Vázquez ha dicho, y es que los mandos no entran en la ley”, dijo el analista político Daniel Chasquetti.