Temer y Rousseff, acusados de “ilegalidades en la financiación”
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Los abogados de la acusación indicaron que en el proceso electoral de 2014, que tuvo como fórmula ganadora a la ex presidente y al actual mandatario, hubo “un innegable abuso de poder económico y político”.
En la primera audiencia del juicio que lleva adelante el Tribunal Superior Electoral para investigar la legitimidad de la victoria de Dilma Rousseff y Michel Temer en las elecciones de 2014, los abogados de la acusación señalaron que ambos incurrieron en “un innegable abuso de poder económico y político”.
“Hubo claras ilegalidades en la financiación”, pero también “hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos, según los cuales 40 millones de brasileños habían salido de la pobreza y era mentira”, señaló Flavio Henrique Costa en la primera audiencia del juicio que podría costarle el cargo a Temer.
El actual mandatario asumió el poder el año pasado después de la destitución de Rousseff por irregularidades presupuestarias, pero ahora está junto a ella en el banquillo en un proceso que le puede costar el mandato.
El Tribunal Superior Electoral juzga en este caso unas denuncias de abuso económico y político de la fórmula integrada por Rousseff y Temer, que entre otras cosas habría recibido millones de reales de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
Muchas de las empresas involucradas en ese escándalo, como los grupos Odebrecht o Andrade Gutierres, han confesado que aportaron a la campaña ganadora multimillonarias sumas que no fueron debidamente declaradas y correspondían a los sobornos acordados a cambio de la adjudicación de contratos con la petrolera.
El juicio había comenzado el pasado abril pero fue suspendido para escuchar a nuevos testigos y ha sido retomado en medio de una gravísima crisis que recae sobre Temer, también investigado en la Corte Suprema por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Las defensas de Rousseff y Temer, enemigos irreconciliables desde la destitución de la ex jefe de Estado, actúan por separado y han pedido la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas.
Los abogados de Temer, por su parte, también demandan que las cuentas de las campañas de ambos sean juzgadas en forma separada, pues alegan que cada uno se ocupó de su propia recaudación y que en el caso del actual mandatario no hubo fraudes.
Si hubiera una sentencia condenatoria, el presidente brasileño permanecería en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra tras un engorroso proceso.
En caso de que todas las apelaciones que pueda presentar Temer sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días mediante una elección parlamentaria indirecta.
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