TENSIÓN DIPLOMÁTICA CON URUGUAY POR DOS FÁBRICAS

Una gestión de la Argentina ante organismos internacionales –como el Banco Mundial–, que logró frenar inversiones por 1800 millones de dólares en Uruguay para la construcción de dos polémicas plantas, causó malestar en Montevideo y podría transformarse en el primer choque entre dos gobiernos amigos.

En la cancillería argentina dicen que no se trata de un planteo político o económico, sino, simplemente, de la defensa del medio ambiente, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución.

El Gobierno aduce que Uruguay se niega a hacer el estudio del impacto ambiental de esas fábricas de pasta celulósica, que podrían contaminar a la Argentina.

Si bien la controversia empezó hace tres años, cuando el gobierno uruguayo de entonces autorizó la instalación de ENCE (Empresa Nacional Celulosa España) en Fray Bentos, a la vera del río Uruguay, ahora el tema parece haber alcanzado su peor momento: ayer, casi al mismo tiempo que el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, calificaba de “incorrecta” la gestión argentina, en Buenos Aires se empezó a analizar la posibilidad de hacer una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.

Al ser consultado por LA NACIÓN, el canciller Rafael Bielsa dijo que no ha tenido contacto con Gargano en las últimas horas. Otro alto funcionario del Gobierno resumió así la situación: “Hemos hecho todo lo posible para solucionar las cosas dentro del terreno diplomático; hemos sido particularmente pacientes con un país [Uruguay] que se movió sobre hechos consumados. El Presidente está muy enojado con todo esto”.

Según supo LA NACIÓN, el Gobierno daría a conocer hoy un comunicado en el que dejará en claro que el objetivo argentino no es impedir la multimillonaria inversión en el vecino país -de hecho, la más grande en su historia- sino que se respeten los tratados internacionales y no se produzcan daños ecológicos irreparables.

Precisamente ese aspecto de irreversibilidad del daño sería determinante para que la Corte Internacional de Justicia pudiera habilitar una medida precautoria que paralizara las obras hasta tanto las empresas pudieran demostrar que la tecnología que utilizarán en las plantas evitará que éstas sean contaminantes.

El mes pasado, los funcionarios uruguayos cancelaron de modo unilateral una reunión con representantes de nuestro país para poner en marcha una comisión mixta para evaluar el impacto ambiental de las plantas, con la participación de miembros de universidades públicas de las dos naciones, tal como acordaron el 5 de mayo los presidentes Kirchner y Tabaré Vázquez.

Ese fue el episodio que decidió a los funcionarios del Palacio San Martín que negocian el tema a proponer la gestión ante los organismos internacionales de crédito.

El 26 de junio, el embajador en Estados Unidos, José Octavio Bordón, expresó en una carta “la preocupación” de la administración Kirchner ante la posibilidad de que el Banco Mundial y la Confederación Financiera Internacional (CFI) financien la construcción de las dos fábricas de pasta celulósica en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, ya que, según dijo, no se ha hecho un análisis adecuado del impacto transfronterizo de las emisiones gaseosas y líquidas de esas plantas y Uruguay ha incumplido, de modo reiterado, varios tratados internacionales.

EL MENSAJE PARECIÓ SURTIR EFECTO

El lunes pasado llegó a Buenos Aires Dimitris Tsitsiragos, funcionario de la CFI -subsidiaria del Banco Mundial-, y durante una reunión con el embajador Raúl Estrada Oyuela, representante especial para Asuntos Ambientales Internacionales de la Cancillería, aseguró que no desembolsarán un centavo para las empresas ENCE (España) y Botnia (Finlandia) hasta tanto ese organismo “concluya un estudio de impacto ambiental acumulado de ambas plantas [se levantarán a 4 kilómetros una de otra], que llevaría cierto tiempo”. La misma actitud asumirían los bancos del sector privado.

Tras su paso por Buenos Aires, Dimitris Tsitsiragos, viajó a Montevideo para intentar convencer -sin éxito- a las autoridades uruguayas de la necesidad de concretar el estudio en cuestión.

La reacción no se hizo esperar. Apenas tomaron conocimiento de la presentación argentina, en la tarde del lunes último, los uruguayos cancelaron por segunda vez consecutiva la reunión citada aquí para poner en marcha la comisión mixta.

Pusieron una condición para retomar el diálogo: que la Argentina retirara la presentación que hizo ante la CFI. “Eso no tiene vuelta atrás. Es un reclamo que mantenemos inamovible”, dijo una alta fuente de la cancillería argentina.

SORPRESA DE GARGANO

“Hombre, sí que me sorprendió”, dijo anoche el canciller de Uruguay cuando la prensa lo consultó por la decisión del gobierno de Kirchner. Gargano calificó la actitud de “incorrecta” y dijo que su país hizo “una acción de naturaleza diplomática destinada a mostrar la disconformidad con la actitud que adoptó la diplomacia argentina”.

Según el funcionario uruguayo, su gobierno está dispuesto a dialogar con la administración Kirchner, pero sobre la base de que “la instalación de las dos plantas de celulosa es una decisión tomada, y no hay marcha atrás”.

En medio de los supuestos intentos de acercamiento entre las partes, las autoridades argentinas tomaron conocimiento de una medida del presidente uruguayo que fuentes diplomáticas locales calificaron como “totalmente descabellada”: Vázquez autorizó a Botnia el 6 del actual para que construya un puerto privado en aguas del río Uruguay. “Podrán dragar y hacer remociones. Es una locura que va contra todos los acuerdos internacionales”, dijeron en la Cancillería. Por ese motivo, en los próximos días la Argentina presentaría una protesta diplomática ante Uruguay.