TERRAPLENES: LAS INSTITUCIONES DE LA COSTA PRESENTARON UNA DEMANDA

A mediados de mes, las instituciones pertenecientes a la coordinadora de entidades de la costa presentaron en el Juzgado de la 4ta. Nominación una acción popular de protección de intereses difusos que están regulados por la Ley 10.000.

El objetivo es que el Poder Ejecutivo provincial y los ejecutivos municipales y comunales realicen las acciones necesarias para la reparación y construcción de los terraplenes costeros.

La Coordinadora nuclea a varias entidades intermedias de la zona, entre ellas, la asociación vecinal Colastiné Norte, cultural de la Costa, asociación vecinal Villa Añatí, asociación vecinal Villa California, Cooperativa de Vivienda y Provisión de Obras y Servicios Públicos de San José del Rincón, asociación civil La Farolito, Junta Promotora Pro Vecinal Centro 2 de Agosto y asociación vecinal Arroyo Leyes.

Siete puntos describen el objeto de la demanda:

La inmediata realización de las obras de mantenimiento sobre las defensas de La Guardia, Colastiné Sur y Norte, Villa California, San José del Rincón y Arroyo Leyes retrotrayendo su estado a las condiciones en que fueran entregadas luego de su construcción y según plano y exigencias de la licitación pública aprobada en su oportunidad.
Llamar a licitación pública en forma inmediata a los fines de la construcción de las nuevas defensas a realizarse sobre la ruta 1, desde el kilómetro 8,5 al 16 hacia el oeste.
Creación de un plan de evacuación de todas las viviendas existentes en las zonas protegidas y a protegerse por defensas contra las inundaciones con la participación de la Dirección Provincial de Defensa Civil, Cruz Roja Argentina e Instituciones Intermedias, ante la posibilidad cierta de colapso en situaciones de grandes crecidas.
Realizar la inmediata reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial de la Ley 11.730 referida al uso del suelo o la llamada Ley de Aguas.
Reparación de obras complementarias y esenciales, como estaciones de bombeo, alcantarillas y canales de desagüe.
Desalojos y traslado de asentamientos humanos que perjudican las defensas y retiro de basurales.
Impedimento de circulación de vehículos y animales sobre las defensas.
Un viejo reclamo

Según expresaron representantes de las entidades, desde la construcción de las defensas, y después de la extraordinaria crecida del año 1998 en donde soportaron la altura de 7,25 metros, todas las instituciones intermedias y pobladores de esas jurisdicciones comenzaron a movilizarse con el fin de lograr su recuperación, mantenimiento y cuidado.

“Hasta este momento el resultado es nulo, y las consecuencias son el estado calamitoso de las mismas y sólo la inexistencia de una nueva creciente del río Paraná nos ha salvado de una catástrofe como la vivida por los santafesinos en el oeste de la ciudad”.

Además de elevar notas a los ministerios competentes y pedir audiencia al gobernador, los vecinos, organizados como guardadefensas voluntarios, realizaron un relevamiento sobre los daños acumulados a lo largo de años.

Con respecto al decreto 979 de mayo de 2003 -que refiere a los trabajos sobre los terraplenes en el sector este- opinaron que “se trata de una gestión tendiente a calmar los conflictos suscitados por la sensibilidad que provocara en nosotros la terrible catástrofe del 29 de abril y seguramente a las conductas espasmódicas de un gobierno que debe mostrarse ante las elecciones que se aproximan”.

“A nosotros sólo nos dejará conformes y satisfechos si este gobierno o el que venga es capaz de dar las respuestas que como ciudadanos nos merecemos. Quienes vivimos en estas áreas consideradas de riesgo, desarrollamos nuestra vida material y espiritual en este lugar que hemos elegido y que pretendemos preservar, no sólo de los embates de la naturaleza sino también de la negligencia y/o ineficiencia de funcionarios del Estado, en resguardo del inalienable derecho a la vida”.

Por eso, consideran que “los trabajos que dicen estar realizando actualmente sobre las defensas son una mera propaganda electoral del actual gobierno y no responde a las necesidades y seguridad de los habitantes de la costa santafesina”.