Todavía no tiene fecha la ampliación de indagatoria del cura Ilarraz

La causa que investiga los abusos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, y que tiene como principal acusado al cura Justo José Ilarraz, ingresó en una fase de lentificación.

 

La jueza de Transición Nº 2, Susana María Paola Firpo, a cargo de la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, no ha resuelto de momento cuándo Ilarraz deberá presentarse en su despacho para ampliar la indagatoria, trámite que debió cumplirse el viernes 15 del actual pero que fue aplazado debido un imponderable: la magistrada se enfermó. Reintegrada a Tribunales, Firpo todavía no definió la fecha en la que Ilarraz deberá viajar desde Tucumán, donde está radicado, a Paraná.

 

El cura, que fue prefecto de disciplina en el Seminario Menor, una secundaria confesional orientada al sacerdocio, entre 1985 y 1993, está acusado por siete víctimas, exestudiantes del Seminario, de graves abusos sexuales.

 

Aunque la causa penal contra Ilarraz se inició en septiembre de 2012, desde entonces hasta ahora se han sucedido planteos de prescripción que han aplazado toda definición en torno a la situación procesal del cura.

 

Ese atajo, el de la prescripción, fue zanjado el 27 de abril último: ese día la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con voto dividido, rechazó el planteo que habían hechos los defensores de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz.

 

El argumento de los defensores es que los delitos que se le imputan al cura, que debió emigrar de Paraná luego de que en 1995 el entonces arzobispo Estanislao Karlic mandara a investigar los abusos y, al año siguiente, le impusiera la sanción del exilio, están largamente prescriptos. Así, sostienen que la figura penal de “promoción a la corrupción de menores agravada”, tiene una pena máxima de 10 a 15 años de prisión, y si se tiene en cuenta que los hechos ocurrieron antes de 1992, “expiró el plazo de prescripción de la acción penal”, según el planteo que hicieron en la Justicia.

 

Pero la Sala Penal del STJ, con los votos de los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak –por la prescripción votó el vocal Daniel Carubia—entiende que se debe respetar la Convención de los Derechos del Niño y garantizar la investigación de hechos que ocurrieron cuando las víctimas eran menores de edad. Y, por tanto, no se puede poner como principio medidas procesales de derecho interno, como la prescripción, que, al impedir investigar el delito, pondría al país en falta con el cumplimiento de tratados rubricados y de rango constitucional.

 

De modo que el alto tribunal provincial alentó la continuación de la investigación en la causa Ilarraz, aunque el próximo paso que debería darse, la ampliación de la indagatoria del cura –a la primera que citó la jueza, el 27 de abril, se presentó y prefirió no declarar—no tiene aún fecha. La querellante Rosario Romero pidió por escrito que se fije fecha, pero hasta ayer ese tema no había sido resuelto por la jueza Firpo.

 

En realidad, Ilarraz todavía no ha dicho nada ni se ha sometido a ninguna pericia en la Justicia. Firpo programó la pericia psiquiátrica para los días 6, 7 y 8 de abril pero Ilarraz pidió posponerla para después de la indagatoria. Y cuando fue la indagatoria, optó por no hablar. Pero después pidió ampliar esa indagatoria, trámite que está en veremos.

 

Pericia

 

En medio, la jueza siguió produciendo pruebas aún cuando el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull le hizo saber que, a su entender, esa etapa estaba concluida, y por eso le pidió, sin rodeos, que defina el procesamiento de Ilarraz.

 

Una de esas pruebas son unas cartas que Ilarraz presentó, enviadas por las víctimas, y que a criterio del cura avalarían su posición de inocencia. En realidad, según el testimonio de las propias víctimas, el cura, que fue director espiritual y confesor de muchos de ellos en el Seminario, siguió en contacto con ellos mucho después de haberse distanciados físicamente. Incluso, el sacerdote enviaba cartas y postales desde Roma, adonde estuvo entre 1993 y 1996, que llegaba a las familias de las víctimas.

 

A raíz de la ventilación de esas cartas, los querellantes reclamaron una ampliación de la pericia psiquiátrica de las víctimas que dé una explicación profesional del significado de esa relación epistolar con el cura. En principio, se habló de un probable síndrome de Estocolmo, pero no se pudo avanzar en ese camino.

 

La defensa de Ilarraz presentó un recurso de reposición y trabó la posibilidad de que los mismos peritos del equipo médico forense de Tribunales amplíen la pericia ya realizada a las víctimas. En vez de eso, le pidieron a la magistrada que se convocara a otros peritos, y el tema está ahora para su resolución por parte de la magistrada. Una vez que ese asunto quede resuelto, recién se podría estar fijando la fecha para la ampliación de la indagatoria del cura Ilarraz.

 

Sin embargo, el fiscal ha dicho que, independientemente de esos procedimientos que están sin resolver, debería definirse la situación procesal de Ilarraz. “El marco probatorio que hay es abundante no sólo para un procesamiento sino para una condena, sin dudas. Pero estamos en esta etapa de instrucción, y tenemos que hablar de procesamiento primero. Y el procesamiento no requiere certezas, como sí la condena. Sólo requiere una probabilidad de la existencia del hecho”, apuntó, según consignó El Diario.

 

Sobre el derecho de defensa

 

Las cartas presentadas por el cura Justo Ilarraz, como prueba a su favor en la causa penal que la Justicia sigue en su contra, abrió un debate respecto de la afectación o no al derecho de defensa en la tramitación del expediente judicial.

 

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull opina que seguir acumulando pruebas en la etapa actual de la causa, sin que en casi tres años de instrucción no se haya escuchado la palabra de Ilarraz, no tiene cabida: lo que resta hacer, ha dicho, es definir la situación procesal del cura.

 

Posponer para la etapa del juicio oral la presentación de más pruebas, entiende Ramírez Montrull, no afectaría en modo alguno el derecho de defensa de Ilarraz. Y que la defensa del cura ha tenido un largo período, casi tres años de la causa judicial, como para presentar pruebas como las cartas que presentó hace un mes.

 

Y por el contrario, el fiscal sostiene que citar una vez más a las víctimas para que reconozcan pruebas –se han presentado tres veces en Tribunales—podría invertir la investigación, y volcar las sospechas sobre los denunciantes.

 

El entredicho se plantea a partir del recurso de reposición: la defensa de Ilarraz planteó a la jueza la necesidad de realizar una nueva pericia a las víctimas, con lo que ello supone de exposición nuevamente de la intimidad de los denunciantes; en cambio, el fiscal y la querella entienden que sólo corresponde una ampliación de la pericia ya hecha, a partir de un informe que deberán presentar los peritos.

 

El tema, claro, está a definición de la jueza de la causa, Susana María Paola Firpo.

 

 

 

Fuente: Análisis Digital