TODO LO QUE USTED QUERÍA SABER SOBRE EL PORTAZO DE AGUAS Y NO SE ANIMABA A PREGUNTAR

Alberto Migré bien podría lamentarse por no haber escrito antes el final de una novela, tan sencillo y lacrimoso como el que protagonizaron los actores principales en nuestra provincia: El Estado santafesino y la empresa Aguas Provinciales S.A.

El jueves de la semana pasada, el Director General de la empresa, Alberto Gregorini, le envió la nota formal al gobernador Obeid, donde declaró (unilateralmente) la rescisión del contrato por culpa del concedente e Intimación en los términos del Contrato firmado el 27 de noviembre de 1.995. La Nota, a la que tuvo acceso Notife, lleva el número 4.333 GAL (R).

Dice la empresa (en el apartado 2. “Rescisión por culpa del Concedente”): “han transcurrido más de tres años desde la apertura del proceso de renegociación contractual a fin de restaurar el equilibrio económico y financiero de la Concesión, sin que la Concedente haya efectuado una sola propuesta tendiente a restituir dicho equilibrio en forma definitiva (…) tampoco acogió ninguna de las múltiples propuestas realizadas por la Concesionaria”, se quejó la empresa que, según datos oficiales incumplió el Contrato de Metas y Objetivos en más de 70 oportunidades.

“Hasta el presente – continúa A.P.S.F – y a pesar de la intimación cursada, el Concedente no ha dado respuesta concreta a las cuestiones planteadas ni cumplido con los requerimientos formulados (…) por el contrario, diversos órganos del Estado emitieron una multiplicidad de actos que han profundizados sus incumplimientos y generado mayores perjuicios a la Concesionaria”.

Aguas Provinciales se quejó sobre la Resolución Nº 050/05 del Ministerio de Obras Públicas donde dispuso unilateralmente que la empresa ejecutara “como mínimo” el plan de obras que había sido suspendido en octubre de 2.002. De igual manera – y siguen las quejas – Aguas cuestionó la firma de otra Resolución (la 055/05) donde se impone la reducción en los niveles tarifarios de la Concesión, estableciendo que los montos recaudados sobre el 13.85% de incremento tarifario sean depositados en una cuenta especial creada a los efectos de utilizarse para la ejecución de las obras de expansión.

Por otra parte, el inventario de excusas de la empresa, sustenta otra desprolijidad estatal: “El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), con fecha 7 de abril, mantuvo su postura de ignorar la ruptura de la ecuación económica del contrato, exigiendo la acreditación de tal circunstancia por parte del Concesionario”.

El 26 y 29 de abril, y el 6 de mayo, se llevaron a cabo reuniones cuyos objetivos fueron acordar las condiciones del traspaso ordenado del servicio. De esos encuentros participaron: Alberto Hammerly (Ministro de Obras Públicas), Alberto Joaquín (Ministro de Asuntos Hídricos), José Manuel Kerz (Presidente del Enress) y los diputados provinciales Ariel Dalla Fontana y Mario Lacava, en representación del “Estado”. Por la empresa, estuvieron presentes: Alberto Gregorini y Mario Vigo Leguizamón (por A.P.S.F), Jean Bernard Lemire (por Suez) y Miguel Woodyatt, María Inés Colasanti y Luis Ribaya (por el Banco Galicia).

Uno de los resultados de esas reuniones fue el compromiso del Poder Ejecutivo en remitir a la Legislatura santafesina un Mensaje (Proyecto de Ley) para que se autorice a negociar un “traspaso ordenado del servicio”.

Eso ocurrió, pero el Mensaje de Obeid descansa en los cajones de las Comisiones de Obras Públicas (que tiene a Roberto Federico Reutemann como presidente), Parlamentarias y de Asuntos Constitucionales. Desde ya, lo que se conoce como bloque “reutemista” no acompañará el Mensaje y la oposición partidaria tampoco. Hasta hoy, el proyecto del Ejecutivo tiene poco menos de 10 voluntades en la Cámara Baja.

Mientras tanto, Empresa y Estado siguieron negociando. ¿Qué?: La transferencia del 90% del paquete accionario de la compañía a través de un contrato de fideicomiso. Pero por sobre todo, “la restitución de las garantías del contrato. Esa propuesta fue remitida formalmente a la Concedente en fecha 15 de mayo”.

Pero fue la Resolución 265/05 del Enress la que puso en jaque a la empresa. El organismo de contralor le pidió a Aguas que renueve las Garantías bajo apercibimiento de promover procedimientos de ejecución de las mismas. Peor aún (para Aguas): La resolución 285/05 (también del Enress) intimó a la Concesionaria a recomponer el Patrimonio Neto Negativo que resultaba de los Balances Contables de la Empresa.

En el último párrafo de la nota firmada por Alberto Gregorini, Director General de A.P.S.F, se deja constancia que “la rescisión confirma los derechos de la Empresa y de sus accionistas en el marco del arbitraje internacional que se tramita en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”.

El viernes pasado, un día después de la notificación de Aguas, la Fiscal de Estado, Irmgard Elena Lepenies, dejaba sobre el despacho del Gobernador Obeid el Decreto de Ejecución de las garantías de la empresa (por un monto cercano a los 60 millones de pesos). Ayer fue firmado por el primer mandatario.

La guerra recién comienza, pero no estará Alberto Migré con sus personajes cursis para sacarnos un rato de la realidad. Tampoco para decirnos que todo es una fantasía, si el CIADI decide que la provincia de Santa Fe debe pagar 311 millones de dólares (un cuarto del Presupuesto General de Recursos y Gastos – Anual).

Lejos de acallarse, esta historia de contubernios y negocios, recién comienza.