TODOS LOS IMPUTADOS FUERON SOBRESEÍDOS

Todas las personas que en algún momento estuvieron imputadas por algún delito en la causa en la que se investigaban irregularidades en el manejo de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, quedaron sobreseídas de culpa y cargo por distintos motivos en el marco de la Justicia correccional.

El primero en ser sobreseído -en mayo de este año- fue el ex titular del organismo, Edgard Lucca, luego de que el 17 de febrero la Sala IV de la Cámara de Apelaciones aceptó la recusación planteada contra el juez que tenía el caso en sus manos, Raúl Candioti. La Cámara demoró casi cuatro años en tomar esta decisión, lo que permitió la prescripción de la causa gracias al paso del tiempo.

Según el Código Procesal de la provincia, los plazos de la prescripción se habrían suspendido si Lucca continuaba ocupando un cargo público, pero éste renunció poco después de que se produjeran las denuncias.

Fue por ese motivo que el juez correccional Roberto Reyes -en quien recayó la causa- terminó sobreseyendo a Lucca, aunque dejó pendiente el análisis pormenorizado de la situación del resto de los imputados.

La lista de co-imputados estaba integrada por Jorge Luis Fiasconaro, Silvia Muesati de Borga, Mónica Clara Martínez, Norma Edith Previale y Eduardo Luis Michaut, investigados por los presuntos delitos de omisiones funcionales reiteradas, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. A ellos se agregaban Liliana Sonia López y Rubén Carlos Camilo Ringa, imputados por el posible delito de omisiones funcionales reiteradas.

Al igual que Lucca, Norma Previale fue sobreseída por prescripción de la causa porque dejó de ser funcionaria pública, ya que fue separada de su cargo sospechada de haber manejado en forma irregular dinero correspondiente a la partida Gastos de Funcionamiento, denominada en la práctica “caja chica”.

El resto siguió ocupando cargos públicos. Pero según el Código Procesal Penal, para que la causa no prescriba, el sospechoso debe estar imputado por los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, prevaricato o enriquecimiento ilícito de funcionario público.

En el caso de López, la causa prescribió porque no estaba imputada por ninguno de estos delitos, sino por omisiones funcionales reiteradas.

El resto de los imputados
¿Qué ocurrió, entonces, con el resto de los imputados? Tanto Muesati de Borga, Martínez, Ringa, Michaut como Fiasconaro, estaban imputados por el presunto delito de malversación de caudales públicos, lo que hubiera evitado la prescripción.

Sin embargo, el juez Roberto Reyes consideró que los hechos que se les atribuyeron no alcanzan a configurar este delito.

Estas personas habían sido denunciadas por haber utilizado dinero de la denominada “caja chica” -que debía destinarse a gastos menores, como compra de útiles, viáticos o reparaciones- para entregar adelantos de sueldos a empleados del organismo.

Sin embargo, el juez llegó a la conclusión de que, si bien los adelantos de sueldo a través de la “caja chica” existieron, en el momento de entregar el dinero se le hacía firmar al empleado un recibo que era enviado a Tesorería. A fin de mes, entonces, el monto era descontado del sueldo y el dinero retornaba a la “caja chica”.

Según el Código Penal, la malversación se produce cuando el funcionario público da a los caudales “una aplicación diferente a la que estuvieron destinados”.

Pero como estos dineros regresaban finalmente a la “caja chica”, el juez Reyes consideró que el “destino” de los fondos no fue cambiado, por lo que no alcanzó a producirse el delito de malversación.

“Tal vez se haya producido una `desprolijidad’ de tipo administrativo”, considera el magistrado en su resolución. Además, como se trataba de una metodología utilizada al menos durante 25 años, el juez Reyes aseguró que “no se entiende que Candioti haya imputado a Muesati de Borga como contadora general, y no a quienes le precedieron” en dicho cargo dentro de la Caja de Jubilaciones.