TOMADA: "LOS SALARIOS ESTÁN ATRASADOS PERO SÓLO SUBIRÁN SI HAY CONSENSO"

Los salarios están atrasados pero queremos que los aumentos surjan por consenso”. A cuatro días de que comience a sesionar el Consejo del Salario Mínimo, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo a Clarín que, además de fijar el salario mínimo, ese organismo que reúne a empresarios y sindicalistas podría discutir la incorporación de los 50 pesos no remunerativos a los sueldos y un aumento adicional. No quiso anticipar qué pasará con los sueldos estatales y reconoció que en la Argentina los planes sociales seguirán por un largo tiempo.

Tomada planteó que con la convocatoria al Consejo, el Gobierno quiere abrir un espacio para los consensos de empleadores y trabajadores que “en el tema laboral son particularmente importantes y predominan mucho más que en otras actividades”.

—¿Al convocar al Consejo el Gobierno reconoce que el salario mínimo actual de 350 pesos es insuficiente?

—No implica un reconocimiento de insuficiencia. Pero en general, y a pesar de la política que lleva el Gobierno, los salarios en Argentina están retrasados.

—¿El Gobierno tiene algún nuevo mínimo en la cabeza?

—El nuevo mínimo va a tener ser establecido por las partes

—¿Y si no hay acuerdo?

—La ley prevé un laudo del presidente del Consejo.

—¿O sea del ministro Tomada?

—Por ejemplo. Y el Gobierno en ese caso va a fijar la posición. Pero no creemos que sea necesario ya que hay una idea por parte de los empresarios y sindicalistas de que es necesario mover el salario mínimo.

—Si se fija el salario mínimo en 450 pesos. ¿Los convenios que tienen básicos por debajo esa cifra tienen que volver a discutir sus escalas?

—No necesariamente. Puede ocurrir que un convenio tenga un básico de 400 pesos, un adicional por presentismo de 60 pesos y algo más por antigüedad. Ese trabajador seguiría ganando más que el nuevo mínimo. Pero podría llegar a mover algunos convenios que estén muy por debajo del nuevo salario mínimo.

—¿Es posible fijar el salario mínimo por regiones, uno para el Norte, otro para la Patagonia y otro nacional, como plantea la Unión Industrial?

—No hay nada que lo prohíba ni nada que lo establezca. Pero no está prevista esa alternativa

—¿Qué piensa la UIA cuando larga esa idea?

—Habría que preguntarle a ellos. No me parece que esté pensando en el salario mínimo. En todo caso se referirán a tener en cuenta las características regionales en las negociaciones de los convenios colectivos.

—Pero, entonces el Consejo no discute los convenios…

—Lo que hay es una idea ideológica respecto de que es mejor descentralizar todo, por empresa, por regiones, por provincias, por oficios y hasta hay algún sector empleador que pretende la negociación individual, sin sindicatos.

—¿Puede aprobar el Consejo incorporar los 50 pesos no remunerativos al salario?

—Nos gustaría que como recomendación o sugerencia al Gobierno haya consensos sobre las políticas salariales, como incorporar al sueldo los 50 pesos.

—¿Y aprobar un aumento adicional de 100 pesos…?

—Exactamente.

—¿El gobierno lo va a plantear?

—El Gobierno no va a proponer nada. Pero nos parecería muy útil si los sindicatos y los empleadores acuerdan una política salarial. Luego el Gobierno verá qué hace con esas recomendaciones.

—¿Si al gobierno le preocupa el atraso salarial, por qué no empieza por casa con los estatales ?

—Hay que distinguir. El sector privado genera ganancias, tiene un objetivo de lucro, y otra situación es la del empleo público.

—Pero el Estado tiene superávit fiscal, recauda cada vez más…

—Este Gobierno está utilizando el superávit fiscal para atender la situación de los jubilados, por ejemplo. Llegado el caso también se considerará la situación de los empleados públicos.

—¿Van a aumentar la ayuda a los planes sociales?

—La política de planes sociales hoy está más orientada al empleo, a los emprendimientos productivos, a las cooperativas.

—Pero mientras tanto esa gente tiene que vivir con 150 pesos que no se ajustan desde mayo del 2002…

—Los planes sociales son subsidios muy extendidos, lo reciben dos millones de familias. Tienen un límite en el gasto, y no siguen necesariamente el costo de vida. Se ha preferido su extensión al incremento de la ayuda.