TRABAN DEPÓSITOS POR $ 1.100 MILLONES A LA CAPITAL FEDERAL

En una medida inusual que despertó una dura reacción del Gobierno de la Ciudad, la Justicia decretó la “indisponibilidad provisional” de todos los fondos que el Estado porteño tiene en depósitos bancarios. Se trata de 1.112.453.697 pesos, según la información que el propio Gobierno porteño proporcionó al juzgado.

Lo hizo el polémico juez Roberto Gallardo, para asegurar que se les pague a los cartoneros un subsidio mensual de 205 pesos por cada hijo menor de 17 años. Gallardo había ordenado el 10 de agosto que se empezara a abonar ese subsidio, para “promover la escolaridad de los menores y evitar el trabajo infantil”. Pero como el Gobierno no lo hizo, el juez tomó esta medida, que es un paso previo a embargar el dinero para que los cartoneros cobren a través del juzgado.

Desde el Gobierno de la Ciudad ayer se informó a Clarín que, a pesar de esta medida judicial, el subsidio no va a ser pagado.

También se aseguró que “hasta el viernes a última hora” no había entrado al Banco Ciudad ningún oficio judicial que ordenara la indisponibilidad de los fondos públicos. En el Gobierno aseguran que, aunque está depositado, se trata de dinero que es utilizado diariamente para hacer frente a los gastos ordinarios y que la medida generará un serio problema operativo.

El juez Gallardo le fijó además una multa al secretario de Desarrollo Social y vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, de 500 pesos por cada día de demora en el pago del subsidio, “a sufragarse con sus ingresos personales”. También intimó personalmente al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, “bajo apercibimiento de proceder sin más trámite a encausarlo penalmente”.

“Esto es un abuso de autoridad, un acto de megalomanía del juez Gallardo. Esto tiene la forma de una decisión judicial, pero excede lo que puede decidir un juez. No hay plata disponible para pagar este subsidio, debería hacerse una asignación presupuestaria por ley”, dijo a este diario la procuradora Alejandra Tadei, jefa de los abogados del Estado porteño.

“Hay aproximadamente 9.000 cartoneros inscriptos en el Registro de Recuperadores Urbanos (RUR). Si suponemos, en una estimación conservadora, que cada uno de ellos tiene dos hijos menores, habría que invertir 3.700.000 pesos mensuales en estos subsidios. El Gobierno no lo va a hacer porque tiene otras políticas sociales”, agregó.

Tadei explicó que, cuando pierde un juicio patrimonial en forma definitiva, el Estado porteño paga al año siguiente, ya que el monto correspondiente se imputa en el presupuesto: “Es inadmisible que, en este caso, el juez nos dé apenas 72 horas para pagar una medida cautelar”.

Sin embargo, el juez ordenó a la Policía que distribuya a los cartoneros, en los lugares de “concentraciones, transportes ferroviarios y pesajes”, un “instructivo” para acceder al subsidio.

Allí se les informa a los cartoneros inscriptos en el RUR que a partir de mañana deben presentarse en la Secretaría de Desarrollo Social (Entre Ríos 1492), de 9 a 18, con la partida de nacimiento y la constancia de escolaridad de cada uno de sus hijos menores.

El juez estableció que el Gobierno debe pagar los subsidios en un plazo de 72 horas a partir de la solicitud. En caso de que no lo haga, se instruye a los cartoneros para que se presenten en la Defensoría Oficial (Avenida de Mayo 761) para tramitar el cobro por la vía judicial. El Gobierno apeló la decisión, pero hasta que la Cámara se expida, Gallardo ordenó que se cumpla la medida.