TRÁFICO DE BEBÉS: UN NUEVO ANÁLISIS DE ADN A UNA PAREJA CORDOBESA

Una pareja cordobesa se sometió el viernes, en la Fundación Favaloro, a una extracción de sangre para realizar un nuevo examen de ADN que determine si los restos de un feto exhumado hace pocos días corresponden a un hijo de ese matrimonio o no. Los resultados estarán terminados en 30 a 45 días. Es una de las llaves de una causa en la que se intenta saber si hubo tráfico de bebés en un hospital cordobés, entre los años 1999 y 2003, o si por el contrario, las acusaciones son fruto del dolor y de las dudas de familias que perdieron a sus hijos al momento de nacer.

El mismo viernes, cuando el matrimonio integrado por Olga Hidalgo y Mario Ahumada terminó con sus exámenes médicos en Buenos Aires, entró a la Fundación Favaloro Sandra Cicotti, una mujer de Capilla del Monte, a 100 kilómetros de Córdoba capital. Ella dio a luz en enero de 2003, pero los médicos le dijeron a su familia que la bebé había nacido muerta. Es la otra llave del trámite. En su historia clínica hay indicios de un extraño comportamiento profesional, datos falsos y otros contradictorios y la intervención de una sola enfermera durante los casi cuatro días de internación que siguieron al parto.

La instrucción del caso está a cargo del fiscal de Dean Funes, Eduardo Gómez, quien ordenó dos allanamientos al hospital regional Domingo Funes, en la localidad de Santa María de Punilla —50 kilómetros al oeste—. Ese es el lugar donde se sospecha podrían haber ocurrido los hechos. En total, Gómez trabaja sobre once denuncias, la más antigua es de 1983. Los denunciantes provienen de todo el valle de Punilla.

El estudio de ADN realizado en Buenos Aires surgió a pedido del abogado querellante Víctor Ricci, que consideró inexacto a otro que realizó el Centro de Excelencias en Productos y Procesos Córdoba (Ceprocor), un laboratorio estatal especializado y de elevado prestigio científico. De la comparación del material extraído de restos cadavéricos con las muestras de sangre de Hidalgo y Ahumada, el Ceprocor informó —foja 104 del expediente judicial— que “la probabilidad que (…) sean los padres biológicos del material cadavérico 1175/99 es superior al 99,99999909%. El índice de parentesco biológico obtenido en este estudio —dicen las conclusiones firmadas por la doctora en bioquímica Nidia Modesti— es superior a 110.000.000, vale decir que es 110.000.000 de veces más probable que Mario Ahumada y Olga Adriana Hidalgo sean los padres biológicos (…) comparado con dos individuos seleccionados al azar en la población”.

Ricci cuestiona que fueron realizados a tejidos que previamente estuvieron sumergidos en formol. En teoría, el formol destruye las proteínas y como el ADN es una proteína se supone que no podría establecerse su identidad genética. En la práctica, se realizaron estudios con resultado positivo en esas condiciones, señalaron médicos a Clarín.

De cualquier manera, el abogado reclamó a Gómez una reiteración de la investigación, a la que accedió el fiscal, pero apelando al método mitocondrial (se explora el mitocondrio, que son cuerpos pequeños que se encuentran dentro de cada célula, producen energía y tienen una determinada carga genética que sigue — exclusivamente— la línea materna). Según un experto consultado por este diario, tiene menor exactitud que el procedimiento nuclear que es el que se utilizó antes y se repetirá ahora. El ADN nuclear consiste en extraer la proteína del núcleo de la célula y establecer el recorrido genético tanto por vía paterna como materna.

Hasta el momento han sido secuestradas 300 historias clínicas, documentos relacionados hacia atrás y adelante de cada fecha de parto, y documentación hospitalaria. También fue ordenada la protección de una fosa común, en la que habrían sido enterrados algunos cadáveres de los recién nacidos, según testimoniaron autoridades del hospital.

Ricci plantea la hipótesis —que trata de corroborar Gómez—, de que a cada madre internada para dar a luz se le sumaba otra, de otro sitio del país, que supuestamente se llevaba a la criatura viva. Mientras que a las familias biológicas se les informaba que sus bebés habían muerto.

Todos los episodios tienen como partícipes a matrimonios pobres de localidades pequeñas, con escasa educación y sin acceso a los factores de poder de sus respectivos lugares. Con la difusión de las denuncias a través de los medios de comunicación, se le adicionaron nuevas presentaciones que ahora se encuentran en la oficina del fiscal Gómez.

También surgieron protestas de los empleados del hospital, afiliados al Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, que rechazan las imputaciones. El padre del abogado Ricci, Luis Píades Ricci, en una carta al Colegio de Abogados de Córdoba, reclamó la intervención del Tribunal de Disciplina, y dijo que su hijo estaba loco. Sin palabras de por medio, los ADN de estos pequeños serán la llave para establecer el destino de una causa que aún está en sus inicios.