TRAMO III: AÚN NO SE OFICIALIZÓ EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA OBRA PODRÍA AMPLIAR SU COSTO ORIGINAL

La mega obra ejecutada en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, y que constituye el tercer tramo de la defensa y corredor vial de la Avenida Circunvalación, está nuevamente bajo la lupa.

Hace un mes, la Comisión Investigadora, creada en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para “determinar y analizar las presuntas irregularidades cometidas en el proceso licitatorio de la Obra de Avenida de Circunvalación, Tramo III ”, elevó un informe pormenorizado a las autoridades ministeriales. El dossier – que no se caracteriza por su extensión – indica y subraya las notables contradicciones del Gobierno santafesino y sus dependencias al momento de despejar cualquier punto oscuro de la ejecución de la obra.

El Ministro Alberto Hammerly y el Contador Edgardo Fiol coincidieron hace unos días: no enviaron a la Legislatura las conclusiones del informe y acercaron a la prensa una síntesis, demasiada escueta.

Por cierto, la Comisión creada por la resolución 137, del 5 de Julio pasado, obliga analizar el expediente Nº 00601 – 0021155 -3, por el cual Fiol, requiere a la Dirección Provincial de Vialidad el inicio de una investigación administrativa.

A priori, el inicio del trámite burocrático se precipitó con la denuncia de Apyme, quién advirtió sobre la posible duplicación del monto inicial estipulado para la ejecución del Tremo III de la Avenida que bordea el oeste santafesino.

La Resolución ministerial establecía, en su artículo 5, que la Comisión debía expedirse en treinta días corridos – desde el 5 de julio – para elevar el informe a las autoridades.

En los últimos días de Julio, el Dr. Jorge Eudoro Lassaga (por la D.P.V), el Dr. Bernardo Daniel Giolongo (de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MOSPyV) y el Arquitecto Luis Fazzio (de la Dirección Provincial de Auditoría de Control y Gestión del MOSPyV), integrantes de la Comisión, elevaron un informe preliminar a Hammerly y Fiol. Pero el análisis fue celosamente guardado en los despachos de los máximos funcionarios de la cartera.

LA RECONSTRUCCIÓN

Notife pudo determinar que en las conclusiones del informe existen varios análisis que merecen ser pasados por el tamiz de la reglamentación vigente. La historia comienza cuando el Ingeniero Marcelo David eleva a la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V) el Pliego Técnico y Legal del anteproyecto avanzado de la obra, desde calle Gorostiaga hasta la localidad de Recreo, que fuera elaborado por la consultora INCOCIV, de acuerdo a la encomienda realizada en el marco del Plan federal de Infraestructura del año 2.000 del Poder Ejecutivo Nacional.

La obra se presupuestó oficialmente en $ 45.532.500, con un plazo de ejecución de 18 meses, y consistía en una obra vial y de defensa contra inundaciones y obras complementarias. Más adelante, interviene la Dirección de Finanzas y Presupuestos de la D.P.V y después de dicta la resolución 884, de fecha 20 de mayo de 2..003, en donde se aprueba el Legajo Técnico del Anteproyecto y dispone el llamado a concursos de precios. Más adelante, interviene el Tribunal de Cuentas de la Provincia “SIN FORMULAR OBSERVACIONES”.

El 17 de junio del año pasado se dio apertura a los sobres, recepcionados previamente, para el concurso de precios, con ocho ofertas recibidas y un total de 20 empresas, constituidas en Unión Transitoria de Empresas (U.T.E). Finalmente, y a Fs 3.922/3924, obra la resolución Nº 1.188 de fecha 22 de julio del año pasado en donde el Director de la D.P.V (entonces José D’Ambrossio) resolvió adjudicar a OBRING S.A y SUPERCEMENTO S.A.I.C la ejecución de la Obra, por la suma de $ 36. 303,758,58.

Inmediatamente toma – nuevamente – intervención el Tribunal de Cuentas, quien a través de la Vocalía Jurídica “B” de la Sala I (Resolución 024/01 TCP), dispuso la devolución a la Jurisdicción, SIN FORMULAR OBSERVACIONES.

Se crea una comisión de seguimiento, integrada por varias dependencias competentes del Ministerio y el 27 de agosto se suscribe el contrato de la Obra Pública entre la D.P.V y la U.T.E, que lleva el número 8.538.

LO QUE DICE EL INFORME

El informe destaca en todo momento “el respeto a la normas jurídicas vigentes, ya que el órgano licitante convocó, mediante Resolución 884/03 a concurso de precios en el marco del art. 20 inc. C) de la ley 5.188…la obra se concursó con las bases y condiciones generales de carácter administrativo legal, usuales para la D.P.V, no así las especificaciones técnicas de la obra”.

Otro aspecto resaltado dice: “la D.P.V debía suministrar, previo a la adjudicación de la obra, una verificación hidráulica actualizada para la elaboración del proyecto ejecutivo y respecto a la verificación hidráulica…indicaba que se debería prever el ajuste de la documentación a las preestablecidas por la D.P.V a la luz de las observadas por la última creciente y que, a partir del informe respectivo, se deberán ajustar los diseños hidráulicos incluidos en el proyecto”.

Del mismo modo, la Comisión Investigadora resalta que “el Tribunal de Cuentas de la Provincia no cuestionó el acto de aprobación de pliegos y de autorización a convocatoria de concurso, lo cual avala la legalidad del procedimiento”. También destaca que “no se advierten defectos en el acto de la recepción de las ofertas y se verifica una correcta intervención de la Comisión de Evaluación. El informe presentado luce completo y debidamente fundamentado”.

“No debe creerse que la obra del anteproyecto, los cómputos y presupuestos oficiales y los de la oferta son ‘el contrato’, por el contrario, la obra del ‘contrato’ es la del ‘proyecto ejecutivo, cómputos y presupuestos’ que apruebe el comitente”, dice en los considerandos el informe. Aunque omitió decir: “siempre en función del objeto y el monto contratado en el pliego de bases y condiciones que define que ‘el proyecto ejecutivo se limitará a perfeccionar y optimizar el proyecto existente y que define la totalidad de las obras que se licitan’ y agrega que ‘bajo ningún concepto se aceptan, durante el desarrollo del proyecto ejecutivo, modificar tales definiciones ni cambiar criterios o parámetros de diseño, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad hídrica del proyecto existente. Salvo los ajustes derivados de la consideración del fenómeno hídrico soportado recientemente’”. Así lo establece el pliego complementario de bases y condiciones remitido a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

El escrito, le dedica un apartado a APYME “…que refiere a la existencia de trabajos adicionales, equivalentes al 100% del monto del contrato, lo cual es absolutamente falso. No pueden existir trabajos complementarios o adicionales de obra sin que exista un proyecto ejecutivo. Sostener lo contrario significa un desconocimiento total de la ley de obras públicas”.

Más adelante se advierte: “en base al requerimiento efectuado, la D.P.V informa a ésta Comisión que el plazo original de 90 días, contados a partir del acta de Inicio de Obra, ha sufrido ampliaciones por distintas razones. A saber: cambio de traza de algunos lugares, imposibilidad de acceder a la totalidad de la traza para los trabajos de replanteo, modificaciones incluías por la Municipalidad de Santa Fe a las estaciones elevadoras, modificación del puente sobre las vías del FF.CC. modificación del puente sobre la calle Estado de Israel, por parte de los vecinalistas, incorporación del puente sobre la avenida Mitre, en la localidad de Recreo a pedido de dicha Comuna, evaluación por parte del Ministerio de Asuntos Hídricos de los estudios hidrológicos e hidráulicos de toda obra. Todas estas razones han ido generando postergaciones a las distintas presentaciones y por ende, de sus respectivas aprobaciones”.

Hasta el 5 de agosto, la obra contratada de encontraba en un estado de avance el 17% de acuerdo al monto del contrato. (cuando el gobernador Obeid mencionó ese porcentaje el 14 de julio) “En razón de lo expuesto, de no permitirse al contratista ejecutar la totalidad de los trabajos, en principio, se generaría un incumplimiento por parte del comitente de sus obligaciones”. Cabe preguntarse acá: ¿se paralizó la obra entonces?. Las máquinas de gran porte que siguen trabajando en la zona oeste indican que no.

En las conclusiones, la Comisión Investigadora sentencia: “Concluyendo la intervención sugerida, entendemos que la convocatoria del concurso de análisis, los pliegos aprobados, lo actuado en la recepción y evaluación de ofertas y el acto de adjudicación, se ajustaron al grupo normativo de las contrataciones del Estado y que, además, en el proceso no se violaron los principios rectores de la licitación pública. Por lo tanto, esta Comisión, no encuentra irregularidad alguna en el proceso de contratación de la obra ‘Circunvalación Oeste y Acceso Norte a la ciudad de Santa Fe – Tramo: calle Gorostiaga – Ruta Nacional Nº 11 al norte de Recreo’ y entiende que no resultaría legalmente procedente que el comitente impida al contratista la ejecución de los trabajos que surjan del proyecto definitivo que se apruebe conforme las previsiones específicas de los Pliegos, y el respectivo contrato suscripto. Ello sin perjuicio que ésta acepte voluntariamente acordar una disminución de los trabajos a ejecutar”.

Firman el informe de la Comisión Investigadora : el Dr. Jorge Eudoro Lassaga (por la D.P.V), el Dr. Bernardo Daniel Giolongo (de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MOSPyV) y el Arquitecto Luis Fazzio (de la Dirección Provincial de Auditoría de Control y Gestión del MOSPyV).

LAS DUDAS

Dos especialistas, consultados por Notife, y a los que se les acercó una copia del Informe de la Comisión, aceptaron observar todos los aspectos vertidos, bajo la promesa de preservar su anonimato.

En primer lugar, un erudito, vinculado a la actividad privada, se asombró por la inclusión de APYME en los considerandos. “Es cierto que un proyecto ejecutivo determina la especificidad de las tareas. Cuando la administración central contrata, necesita hacer un cómputo global y le otorga un precio a eso, como por ejemplo, el ítem ‘movimiento de suelos’. Pero se computa globalmente, que es lo que le da el precio a la contratación. Muchas veces los ítems abarcan más tareas que las enunciadas específicamente. Esta es la manera en la que se contrata el proyecto ejecutivo más la ejecución”, dijo la fuente.

Por cierto, lo que denunció Apyme fueron los volúmenes que arrojaba el detalle de ítems que se adjunta al contrato (que firman las partes) y que no contemplaban obras posteriores, como el aumento de movimiento de suelos. Es decir, que se contrató por un monto desconocido y que se establece por el Sistema de unidad de medida y precios unitarios (Art. 18 de la ley 5.188). “Justamente, este sistema es el que se utiliza cuando se sabe que existirán ampliaciones, porque se le pone un precio unitario a cada tarea para el caso de que exista una ampliación o un adicional”, expresó.

SUPERCEMENTO Y EL PROYECTO EJECUTIVO

Hasta el momento no está firmado el proyecto ejecutivo, aunque está presentado. Del mismo modo, se desconoce cuáles fueron los acuerdos acerca de la configuración del proyecto ejecutivo entre la DPV y la empresa contratista.

Otra fuente, gubernamental, destacó que “la D.P.V tuvo charlas para configurar el proyecto ejecutivo, ya que en general, debería marcar las pautas. Pero usted imagine que, se adjudicó la obra por $ 36. 303. 780, 58 a la UTE Obring – Supercemento. ¿Usted conoce a una empresa que se juegue a un monto muy por debajo del oficial sino sabe que puede ampliarlo?. Así la obra cuesta más de 70 millones de pesos, seguro”, expresó.

Sucede que el proyecto ejecutivo permite a la empresa magnificar la obra cuando el contrato dice solo “optimizar o mejorar” el anteproyecto.

Lo que la D.P.V y la U.T.E sabían era que, la diferencia que iba a manifestarse, en forma sustancial en el anteproyecto, era la cota de coronamiento de defensa y la razante de la zona de la ruta.

Según puedo reconstruir Notife, hay una sección de la defensa que se encuentra paralela a la traza vial, desde el empalme con el Tramo II hasta la calle Estado de Israel, por unos 2.600 metros. Luego, la cinta vial se monta a la defensa y es una única elevación (desde Estado de Israel hacia el norte).

Hace unos días, los gerentes del Mercado Concentrador de Frutas y Verduras manifestaron que “habían sugerido a las autoridades provinciales la inclusión de un acceso al mercado por detrás de los galpones”, pero, por ejemplo, este acceso no está en el anteproyecto.

LOS CALCULOS

Los tramos I y II fueron calculados con los coeficientes de seguridad correspondientes a la recurrencia milenaria antes del evento excepcional del 2.003 y el Tramo III se toma, con los dos registros, con el cual se calcula la defensa, cuantificando el caudal histórico, que modifica nuevamente los coeficientes de seguridad.

De este modo – y de acuerdo a las fuentes consultadas – “no pueden establecerse 600 mil metros cúbicos de tierra y luego triplicarse, salvo que se modifique el espíritu del anteproyecto”.

Por cierto, al recoger los fundamentos del informe final de la Comisión Investigadora, resulta importante resaltar la redundancia investigativa. Por Resolución del M.O.S.P y V Nº 1.395 del 26 de agosto de 2.003 se crea “La Comisión de Seguimiento del Proyecto Ejecutivo de Obra” con la participación de la D.P.V, de la D.P.O.H, la Dirección Provincial de Participación Comunitaria del M.O.S.P.yV, la Comuna de Recreo, la Municipalidad de Santa Fe, la Comuna de Empalme San Carlos y la Federación de Vecinales. Pero la “Comisión de Seguimiento” – que tiene el carácter de NO VINCULANTE – formuló reiteradas objeciones sin respuestas de las autoridades. Peor aún: no se reúne desde el 4 de marzo de este año. Mucho tiempo antes que se hizo pública la denuncia de Apyme.

Resulta dudoso, además, que sin un proyecto ejecutivo se haya avanzado tanto. Si el proyecto ejecutivo resulta finalmente modificado, el monto de la ejecución final será ampliamente mayor y, en ese caso, la empresa (la U.T.E) puede redeterminar los montos, aunque el propio Gobernador Jorge Obeid expresó que no permitirá que se gaste “un peso de más de los estipulado en el contrato”.

Cabe preguntarse, en base a qué se subdivide la obra y se estipula hasta dónde alcanzan los 36 millones de pesos. Se desconoce si en base al anteproyecto o al proyecto ejecutivo, sobre todo cuando éste último no está oficializado.

Consultado por este portal, una alta fuente ministerial confió: “el proyecto ejecutivo no está aprobado, se le están cambiando cosas, modificando otras, pero está sin aprobación”.

– ¿Pero sin ese proyecto oficializado la obra puede ampliarse y costar 70 millones?, se insistió.
– Puede pasar cualquier cosa…