TRANSPORTE ANALIZA EL EMPLEO DE RADARES EN VENADO TUERTO

La Subsecretaría de Transporte se encuentra analizando la conducta de la Municipalidad de Venado Tuerto “ya que se trata de una situación por lo menos irregular”, y aclaró que no se hará responsable de los recursos o presentaciones que genere su aplicación entre los automovilistas sancionados a través del uso de radares en esa jurisdicción.

En Transporte de la provincia no hubo una tajante definición ya que el tema continúa siendo tratado con cautela, pero nadie puede dejar de reconocer la situación que genera la decisión de la Intendencia habida cuenta de que existe una resolución provincial suspendiendo la utilización de radares para el control de la velocidad en rutas nacionales y que la medida cautelar de la Justicia sólo fue dictada para la empresa privada que se sintió afectada.

Vigencia de la resolución

De acuerdo a lo que se pudo conocer, la repartición provincial notificó a la Municipalidad que se mantiene vigente la resolución 088 suspendiendo el uso de radares hasta tanto no se concluya la reglamentación de la ley 12.217, disposición que desde la semana pasada no fue tenida en cuenta por el gobierno de Roberto Scott.

“La provincia se encuentra liberada de cualquier acción promovida por algún particular que se siente perjudicado si es sancionado por exceso de velocidad utilizando radares”, se sostuvo a La Capital desde la Subsecretaría.

También se definió con total certeza que desde Transporte se dejará en claro, ante cualquier consulta de particulares, que existe una resolución de la provincia dejando sin efecto temporariamente la utilización de esos aparatos para el control la velocidad. Este es un elemento sumamente importante si se tiene en cuenta la permanente consulta de automovilistas sobre la vigencia o no de la resolución provincial, luego de la decisión que tomó el juez en lo civil y comercial de Melincué en los últimos días del año pasado.

Apenas puesta en marcha la medida de la Intendencia venadense se conoció un documento de la Unión de Usuarios y Consumidores, de la filial Rosario, en donde se señala que la “decisión de la Municipalidad de Venado Tuerto carece de toda validez legal y las multas que se decidan labrar son absolutamente nulas”.

Justamente los firmantes del mismo exigen ante la Justicia la reglamentación de la ley que precisamente habilita la utilización de los radares, pero en un marco racional, con una señalización adecuada y sobre todo con multas que deben ser proporcionales a la infracción cometida. Como lo anticipó este diario, la reglamentación de la ley ya tiene dictamen final por parte de la Fiscalía de Estado, y en la misma están contemplados los casos que han generado conflictos y presentaciones, como por ejemplo la forma en que la gente es notificada, el posterior cobro por parte de los estudios jurídicos, la falta de información de la colocación de esos aparatos o los escasos carteles que anuncian la zona de radares.

En medios cercanos a la Subsecretaría se explicó que en la reglamentación concluida se fija que el propio organismo puede llegar a poner en marcha el uso de radares, en los casos de municipios y comunas que no lo implementen y que la provincia considere que es importante en determinadas jurisdicciones