TRANSPORTE: LA FISCAL PIDE QUE SE INDAGUE AL MENOS A CINCO PERSONAS

En el marco de las investigaciones que lleva adelante la Justicia Federal para determinar si existieron irregularidades en el manejo de los subsidios nacionales a empresas de colectivos locales, la fiscal federal Griselda Tessio solicitó al juez Reynaldo Rodríguez que indague, al menos, a cinco personas.

Ahora, el magistrado deberá determinar en los próximos días si lleva adelante estas indagatorias solicitadas por la Fiscalía o si, por el contrario, ordena en primer término otras medidas o pericias que le permitan contar con mayores elementos de prueba.

Hasta el momento, la Justicia cuenta con información suministrada por la Nación, la Provincia, la Municipalidad y, además, tiene en sus manos los resultados de un relevamiento que realizó la Policía Federal en cada una de las empresas de colectivos.

Como se recordará, desde el año pasado se sospecha que existieron empresas que falsearon los datos referidos al número de unidades en circulación, para de esta manera obtener mayores montos en los subsidios nacionales.

Existen tres líneas diferentes de subsidios: una a través del denominado Sistau, que es un apoyo general al transporte urbano de colectivos; otro por medio de un precio diferenciado en la compra de gasoil y, finalmente, aparece un tercero específico para las empresas de Santa Fe, por haber sufrido las consecuencias de la inundación del río Salado.

En los últimos meses, el juez Rodríguez había ordenado un peritaje que fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal. El control consistió en verificar colectivo por colectivo, para determinar así la cantidad exacta de unidades en circulación, los números de chasis, motor, patentes, etc.

El objetivo fue comparar la información recabada con los datos suministrados por la Municipalidad acerca de cómo está compuesto el sistema.

A principios de setiembre, El Litoral revelaba que esta verificación realizada por la Policía Federal había detectado una serie de irregularidades e, incluso, que se habían encontrado en reparación o en funcionamiento menos unidades de las que figuran a nivel municipal.

La Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) establece penas de prisión que van de tres años y seis meses, a nueve años, para quienes en forma “engañosa se aprovecharen indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria, siempre que el monto anual sea superior a los 100 pesos”.