TRANSPORTE: VUELVEN A SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

El Concejo Municipal volvió a insistir con el cumplimiento de resoluciones municipales que obligan a las empresas del transporte público de pasajeros a exhibir, ante los usuarios, detalles de recorridos, tarifas y frecuencias.

En la sesión de ayer, los ediles aprobaron una iniciativa de los radicales Darío Boscarol y Julio Schneider, por la cual se solicita también que toda la documentación se remita al Concejo, ya que el Ejecutivo municipal “se encuentra en falta con respecto al cumplimiento de informar”.

El 6 de mayo de este año, el cuerpo había votado una resolución orientada a dar respuestas a dos problemas del transporte, como es la situación de ilegalidad o alegalidad con la que se presta el servicio, en relación a algunas condiciones que necesariamente deben ser cumplidas por los prestadores.

También, sobre el estado de desinformación en que se encuentran los vecinos ante los cambios intempestivos e injustificados que las líneas de colectivos establecen en recorridos, frecuencias y vigencia de boletos especiales y combinados.

“A las responsabilidades hay que buscarlas más allá de las empresas: en el Ejecutivo Municipal, que ha transformado al sistema de transporte público en el reino del vale todo”, dijeron ayer los ediles de la oposición.

La resolución votada en aquella oportunidad, disponía, además, la obligación de que las empresas exhiban en cada uno de los coches en circulación el detalle de tarifas, frecuencias y recorridos. “Lamentablemente, no se ha tomado ninguna medida al respecto”, señalaron.

NUEVO PLAZO
Según los plazos establecidos por la resolución de mayo, el Ejecutivo debería haber remitido al Concejo el detalle de las frecuencias, recorridos y tarifas hacia mediados de junio. “Nos encontramos a mediados de agosto y aún carecemos de toda información al respecto”, dijeron.

Ahora, a través de la nueva resolución votada ayer, los ediles insisten en el cumplimiento de estas disposiciones “que redundarán en un mayor control sobre el sistema, no sólo por parte del Ejecutivo, sino también, por parte de este Concejo y de los usuarios”.

El texto aprobado otorga otro plazo de 10 días para que se cumpla con lo establecido en la ordenanza 10091 en lo referido a la exhibición obligatoria en los coches del transporte urbano por colectivos del detalle de recorridos, frecuencias y valor de las tarifas vigentes.

Otro de los temas que siguen sin definición en el Concejo es la prórroga del contrato de la concesión del servicio de recolección de residuos, donde hay más dudas que certezas sobre la renegociación realizada entre el municipio y las empresas Cliba y Urbafé, que está plasmado en el mensaje 16.

Ayer, el cuerpo aprobó un extenso pedido de informes, que entre otros ítems, solicita datos sobre los criterios empleados por el DEM para proceder a la redeterminación de los montos de los reclamos pendientes entre la Municipalidad y las empresas.

“Queremos conocer los detalles de costos y variables económicas utilizadas para que el municipio haya pasado de reclamar una acreencia a su favor por un monto de 480.900 pesos, a reconocer una deuda con las empresas por 2.253.000 pesos, señalaron Boscarol y Schneider, también autores de la iniciativa.

Por los pasillos

Cruce. Tenía preferencia y la firma de los concejales, pero el proyecto de Mirta Ledesma (PJ) para crear un régimen de facilidades de pago por multas de tránsito tuvo algunos cuestionamientos de sus pares, que pidieron una semana más. Esto provocó el enojo de la concejala, quien acusó a un edil de no asistir nunca a las reuniones de comisiones.

Incendios. El Concejo votó una resolución que impulsa convenios entre el Ejecutivo y el Cuerpo de Bomberos para inspeccionar y relevar en los establecimientos comerciales, la disposiciones de seguridad contra incendios. “Ya se había pedido información sobre las medidas en locales públicos que nunca tuvimos”, recordó el concejal Leonardo Simoniello (UCR-Encuentro).
Consultoras. Los ediles votaron una ordenanza para que las universidades (públicas y privadas), organismos académicas y científicas sean consultoras “preferenciales” de la Municipalidad para los procedimientos de licitación o concursos para contratar asesorías técnicas y auditorías. “De esta manera se asegurará una mayor transparencia en los actos de gobierno”, justificaron los ediles.