TRANSPORTISTAS SE OPONEN A LA REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DECARGAS

Seis entidades del transporte automotor de cargas manifestaron al gobierno provincial su oposición a la conformación de comisiones, que funcionarían a instancias de los municipios y comunas, para la distribución de las cargas.

En este sentido, la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), Aucar, la Cooperativa Avellaneda, la Cámara de Empresarios de Rafaela, la Cámara de Empresarios de Rosario y la Cámara de Empresarios de Esperanza, se reunieron el martes pasado con el Subsecretario de Transporte y le plantearon el hecho de que si entra en vigencia un decreto que contenga esta posibilidad es “inconstitucional”, ya que el sector está desregulado y, por consecuencia, hay libertad para la contratación de la distribución de las cargas.

En tanto, las entidades manifestaron nuevamente su reclamo por la baja de los tributos, porque consideran que los transportistas santafesinos pagan los impuestos más caros del país. Frente a esto, los camioneros aducen que se encuentran en desigualdad de condiciones respecto a transportistas de provincias limítrofes.

Vicente Bouvier, asesor legal de Fatac, dialogó con CASTELLANOS y manifestó que el próximo martes volverán a reunirse con el Subsecretario de Transporte para seguir trabajando sobre estos temas.

“Nosotros bregamos por abocarnos a trabajar sobre todo un paquete de medidas, que conforma Ingresos Brutos, Ley de Sellos, peajes, valor del Túnel Subfluvial. Todo lo que hace a la logística y a la existencia de terminales portuarias, con estacionamiento, seguridad, etc.”, señaló Vicente Bouvier.

– ¿Cómo se encuentran las negociaciones que están llevando con el gobierno provincial?

– Nos reunimos el martes pasado con integrantes del Gobierno, donde seis entidades del transporte formulamos nuestra oposición a cualquier idea de la conformación de Comisiones, que pudieran funcionar a instancias de los Municipios, para la distribución de cargas. Esto por considerar que sería una cuestión rayana a la inconstitucionalidad, conforme a las normas de desregulación que imperan.

– ¿Esta oposición está relacionada con el decreto que estaría por firmar Obeid por pedido de los transportistas nucleados a Transportadores Rurales Argentinos?

– Hay un decreto firmado. Es decir, se esboza la intención de trabajar en ese tema, pero no hay nada conformado todavía. Lo que sí establece claramente el decreto es que existe una tarifa indicativa que el Gobierno la sustenta como indicativa para el transporte del cereal.

– ¿Por qué se oponen a que prospere este decreto?

– Nosotros formulamos nuestra oposición, porque consideramos que es inconstitucional. Además, no va a prosperar, ya que no hay modo alguno de conminarlo al dador de carga para que concurra a esos lugares a llevar su oferta de carga, porque al estar desregulado el transporte existe libertad de contratación. Entonces, puede libremente darle sus cargas a quien quiera. Este decreto va a servir nada más que para generar litigiosidad, a partir de los amparos y recursos de inconstitucionalidad, porque está contradiciéndose a una norma nacional. Por eso, va a distraer nuestro tiempo y no va a generar ningún beneficio absoluto para las partes. Además, no vemos dentro del contexto del Estado, en ninguno de sus estamentos, el marco administrativo de eficiencia como para llevar adelante de manera idónea estas situaciones, que quizás derivarían en desviaciones facilitando la existencia de clientelismo político, a instancias de los Municipios y Comunas.

– ¿Qué respuesta tuvieron por parte del gobierno provincial?

– Tomaron debida nota. Lo que ocurre es que nosotros queremos que esta cuestión quede claramente establecida. En este sentido, volvemos a reunirnos el martes a las 9:30 en la sede de la Subsecretaría de Transporte, donde vamos a seguir trabajando sobre el tema.

– ¿Le acercaron alguna propuesta relacionada con el tema de la distribución de cargas?

– No, es que en ese sentido no puede hacerse nada más. Mientras impere la ley de desregulación nacional no haya opción media para zanjar esta situación.

– ¿Están trabajando solamente sobre este tema en particular?

– En realidad, nosotros bregamos por abocarnos a trabajar sobre todo un paquete de medidas, que conforma Ingresos Brutos, Ley de Sellos, peajes, valor del Túnel subfluvial. Todo lo que hace a la logística y a la existencia de terminales portuarias, con estacionamiento, seguridad, etc.

– Ya que tocó la seguridad, ¿cómo se encuentra en la actualidad ese tema?

– Convengamos que seguimos preocupados en materia de seguridad por las estadísticas que hay. Se roban 14 camiones por día en todo el país, en los últimos 15 días a partir de la asunción de Orlanián. Parece que hay una manifiesta oposición a que lleve adelante su función este funcionario.

– Por otro lado, ¿consideran importante trabajar sobre la falta de infraestructura en zonas portuarias teniendo en cuenta los embotellamientos que se producen en las épocas de cosecha?

– Claro, las demoras que se generan. Esta es una cuestión que nos deberíamos haber abocado antes del inicio de la cosecha, como veíamos reclamándoselo al Estado provincial. Sin embargo, nada se hizo. Se nos pasaron tres meses entre la asunción de Venecia, como Subsecretaría de Transporte, y la dimisión al cargo y nada se hizo. Fueron tres meses vitales donde se tendría que haber trabajado sobre esta cuestión. De modo que nosotros reclamamos al Estado provincial la orientación en este sentido. Y cualquier intentona que se oponga a todo esto va a recibir de estas seis entidades una manifiesta oposición de nuestra parte.

– ¿La suba en las retenciones para el Impuesto a las Ganancias que el Gobierno quiere practicarle a los productores, afecta al sector del transporte?

– En cierta forma configura ser una retracción en el mercado de los cereales y, por ende, se traduce en una disminución de la oferta de trabajo para el transportista. Independientemente de eso, nosotros vemos como una gran injusticia la oferta carga tributaria que recae sobre el productor, que en estos momentos configura ser el pilar de la actividad económica.

– ¿Los productores sufren la misma presión tributaria que los transportistas?

– Sí, esto data desde que se instauró el régimen democrático. Hace del año 1983 que venimos luchando por una baja de los impuestos. Porque esto nos coloca en una oposición desventajosa frente a transportistas de provincias limítrofes, ya que los impuestos que pagamos nosotros son uno de los más altos del país.