Trapitos y limpiavidrios: piden auditoría del programa municipal

El concejal justicialista Ignacio Martínez Kerz elevará esta semana un proyecto de decreto para que el Tribunal de Cuentas Municipal audite los fondos del Plan “Calles seguras: Infancia y Juventud protegidas”. El municipio adeuda tres pedidos de informes sobre el destino de los recursos de un bono especial que se paga con la tasa. Vecinos denuncian episodios violentos en la vía pública.

El presidente del Bloque de concejales Justicialistas “Santa Fe es una sola” Ignacio Martínez Kerz solicitará una auditoría especial del Tribunal de Cuentas Municipal sobre el dinero que se recauda en el programa `Calles seguras: infancia y juventud protegidas´, “desde el inicio de su implementación hasta la fecha”, reza el proyecto de decreto. La iniciativa de Martínez Kerz lleva las firmas de todos ediles integrantes del bloque: Sebastián Pignata, Lucas Maguid, Marianela Blangini, Juan José Saleme y Fernando Fleitas.

En septiembre de 2013, el Intendente Corral implementó el Plan “Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida” que funciona en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal para que “formule programas y acciones que posibiliten alternativas de empleo para personas que se encuentran realizando la actividad denominada como “limpia vidrios” o que se encuentren en situación de trabajo informal en la vía pública, dentro del ejido urbano” (DMM: 01948/2013)

Según Martínez Kerz “queremos saber qué ha pasado con los aportes que los santafesinos han realizado y cuál han sido los resultados concretos del programa anunciado oportunamente”, expresó el edil. “El municipio nos adeuda tres pedidos de informes sobre este tema; dos del concejal Maguid y uno de la concejala Blangini. Queremos confrontar la auditoría que realice el Tribunal de Cuentas Municipal con la que dice el municipio realiza la Fundación Ejercicio Ciudadano sobre el destino de los aportes de esta contribución que pagan los vecinos de Santa Fe” explicó.

 

El programa

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social otorga una ayuda económica por un período de hasta seis meses, a una nómina de personas, “a efectos de asistirlos económicamente”, en el marco del programa “Calles seguras”. Según el municipio “dicha ayuda económica supone un gran beneficio, atento que en función del compromiso de capacitación laboral asumido por los beneficiarios, en alguna de las alternativas ofrecidas por el Plan, esto implicará el abandono del trabajo ilegal en la vía pública”, dicen las resoluciones de pago emanadas.

“Lo cierto es que cada día vemos más jóvenes `trapitos´ cuida coches y limpia vidrios en las calles de la ciudad. Ministerio de Seguridad y municipio se tiran y devuelven la pelota entre ellos; mientras tanto, infelizmente, se suceden episodios que violentan diariamente a automovilistas en distintas zonas de la ciudad” expresó Martínez Kerz.

“Queremos conocer qué instancias de capacitación se han realizado y cómo se vuelcan los recursos de este programa. En 2016 fueron presupuestos 588.000 pesos y para este año están previstos unos 408.500 pesos, un presupuesto menor”, detalló el edil.

“Si bien el aporte es voluntario, nunca el Departamento Ejecutivo informó cuánto dinero se recaudó efectivamente y en qué se utilizó. Tampoco sabemos si el anuncio efectuado por autoridades del Departamento Ejecutivo logró el cometido de incorporar dentro de dicho programa a los cuida coches, regulados por dos ordenanzas, a saber, la Ordenanza Nº 8133 y la Ordenanza Nº 10.966” explicó Martínez Kerz.

“Los programas de este tipo siempre están cargados de buenas intenciones, pero lo importante no sólo son la buenas intenciones con las cuales se intentan poner en marcha, sino la efectividad que tienen cuando se implementan. Es decir, si en la práctica cumplen las expectativas que se tuvieron al anunciarlos y al ejecutarlos” dijo.

“Hoy vemos una considerable distancia entre lo que expresaba el Departamento Ejecutivo Municipal y lo que en realidad acontece. Situaciones violentas en la vía pública, con agresiones, lesiones y conductas delictivas que alteran el orden público. Mientras tanto el tanto el Estado provincial como el municipal miran para otro lado” finalizó.