TRAS LAS OBJECIONES DE LA JUSTICIA, RECORTARÍAN LOS PODERES A MONTOYA

La polémica generada por los “superpoderes” otorgados a la Dirección Provincial de Rentas abrió en las últimas horas un debate en el seno del propio Gobierno bonaerense, donde ahora se analiza la posibilidad de realizar algunos “retoques” a la ley que concedió facultades especiales al organismo recaudador.

Esas facultades le permiten a Rentas disponer, entre otras medidas, el secuestro de autos y el embargo de cuentas bancarias y cajas de seguridad sin previa intervención judicial.

Esa alternativa será estudiada a partir de hoy, durante una reunión que el subsecretario de Ingresos Públicos Santiago Montoya mantendrá con los senadores del oficialista Frente para la Victoria.

El funcionario presentará un informe de los operativos realizados desde que están en vigencia los “superpoderes” y evaluará con los legisladores eventuales cambios a la ley.

Si bien las posibles modificaciones son mantenidas en estricta reserva, fuentes gubernamentales anticiparon que, en caso de concretarse, apuntarían a “acercar posiciones” con los jueces, para evitar enfrentamientos como los que se produjeron la semana pasada con el secuestro de autos a morosos de impuestos.

En rigor, “la necesidad de mejorar la relación” con la Justicia -y no sólo por las distancias en la interpretación de la ley sino también por las críticas durísimas expresada por algunos funcionarios contra los jueces- fue planteada por ministros que consideran que “no es conveniente mantener el nivel de esa confrontación”, aunque actualmente la opinión pública esté mayoritariamente en favor de los procedimientos realizados por Rentas.

Esos funcionarios sostienen que se debe alcanzar “un pacto de convivencia” con el Poder Judicial, por medio del cual el Gobierno se comprometería a moderar la utilización de algunas facultades especiales que la ley concedió al organismo recaudador, se señaló en el diario El Día de esta ciudad.

Esta medida apuntaría, básicamente, a contener las críticas de los jueces que consideran que los “superpoderes” avanzan sobre atribuciones que son de exclusiva competencia de los magistrados, destacó el diario El Día, en su edición de hoy.

Así, una de las variantes que se estudia es “cambiar la estrategia” de secuestro de autos. Concretamente, la idea es que una vez que el vehículo sea incautado, se dé inmediata intervención a la Justicia.

De ese modo, se adelantarían considerablemente los plazos previstos por la ley, ya que la norma establece que luego del secuestro Rentas tiene hasta 60 días para “judicializar” el caso.