TRASLADAN AL FUERO PENAL UNA CAUSA CONTRA DOS INUNDADOS

El Juez de Faltas, Dr. Héctor Valli, decidió enviar al juzgado correccional de la sexta nominación, a cargo del Dr. José Giavedoni, la causa que llevaba adelante contra Graciela García y Héctor Sanagustín, por un hecho ocurrido el pasado 15 de abril.

Los dos vecinos, afectados por la inundación del río Salado en abril del 2003, participaron junto a otras personas de una protesta en el palacio de Tribunales, en reclamo de mayor celeridad en la administración de justicia por la causa que se instruye para determinar las responsabilidades oficiales de lo ocurrido dos años atrás.

Según informó Valli, consideró que los imputados cometieron “desobediencia”, por lo cual se declaró incompetente y trasladó el expediente a otro juzgado del fuero penal, agravando la situación de García y Sanagustín, que de transgredir el Código de Faltas, pasarían ahora a ser sospechosos de haber cometido un delito.

Al respecto, Valli agregó que “después de tomar declaraciones a los imputados y al personal policial, determinó que no es competente porque el hecho no fue en forma de desconocimiento sino intencional, por lo cual se determinó remitir el expediente al Juez correccional por el delito de desobediencia”.

“(Los manifestantes) vinieron con la intención de penetrar al tribunal. Desobedecieron la orden policial, por lo tanto es un delito más grave de falta, y no de importancia menor. Debemos ser muy estrictos y derivarlo al juez competente”, agregó.

Según precisó el magistrado, la simple Falta pasó a ser “desobediencia a una orden policial dolosa (…) En forma conciente, (la orden policial) la están desobedeciendo. La falta que yo investigaba en un principio era una desobediencia sin intención, pero después me di cuenta que no. Hay una intención de desobedecer la orden policial”.

El Juez de Faltas aseveró que todos los ciudadanos “tienen el derecho de manifestarse públicamente en un lugar público. (Tribunales) es un lugar público pero no para ser usado para manifestarse. Podían haberlo hecho (la manifestación) en la puerta del edificio. Es público para realizar trámites, hacer una denuncia y ver expedientes pero no para hacer una protesta (…) ni para jugar a las bochas”, ironizó Valli.

Sobre la “persecución política” que vienen denunciando los afectados por la inundación y organizaciones de Derechos Humanos, Valli dijo irónicamente que “escuché muchas estupideces, pero esta es la más grande que escuché”.

También relacionó esta denuncia a la campaña electoral del 23 de octubre, y expresó que “aunque alguien me venga con este tipo de coartada, me insulta mi inteligencia, como decía el Padrino.

Por su parte, uno de los imputados, Héctor Sanagustín, dijo que “la causa era una risa”, y culpó al magistrado de “inventar un caso donde se armó un expediente sin pruebas, donde se notifica del hecho 18 semanas después, y donde se comunica el motivo de la indagatoria recién al entrar al juzgado”.

“Fuimos a ejercer un derecho constitucional que es el de peticionar ante las autoridades y lo hicimos ante quien correspondía”, se justificó el integrante de la marcha de las antorchas.