TRASLADARON A SUÁREZ MASON A LA ALCAIDÍA DE TRIBUNALES
El ex jefe del I Cuerpo de Ejército Guillermo Suárez Mason fue trasladado ayer desde su departamento del barrio de Retiro hasta la alcaidía del Palacio de los Tribunales, donde permanecerá alojado hasta hoy al mediodía, cuando será indagado por la presunta violación del régimen de arresto domiciliario.
La revocación del beneficio fue ordenada por el juez federal Jorge Ballestero luego de que tomó conocimiento de una denuncia efectuada anteanoche por el Gobierno, que indica que el 23 de diciembre último el ex militar abandonó su casa para festejar su cumpleaños número 80.
El titular del Juzgado Federal N° 2 investiga la desaparición de 15 militantes montoneros en 1980, causa en la que el procesamiento del ex militar, apodado Pajarito, fue ratificado por la Cámara Federal porteña.
De todos modos, hoy, a las 13, Suárez Mason será indagado por el juez federal Jorge Urso, que tramita el expediente que investiga el robo de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. El ex jefe militar está procesado y detenido en ese sumario, aunque goza también de la prisión domiciliaria, beneficio que se otorga a los mayores de 70 años.
Fuentes judiciales consultadas por LA NACION indicaron que, si comprueba que Suárez Mason violó el régimen de arresto domiciliario, Urso dispondrá su inmediato traslado a una unidad militar.
La presentación del Gobierno, originada por una denuncia anónima, detallaba que, en su salida nocturna, el ex militar estuvo en compañía del embajador de Ecuador en Buenos Aires, Germánico Molina, y que se dirigió a la sede del club Argentinos Juniors, en el barrio porteño de la Paternal.
La revelación desató una pequeña crisis en la relación con Ecuador, que fue rápidamente subsanada ayer cuando el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez anunció el retiro de Germánico, al que calificó de “mal funcionario” (de lo que se informa por separado).
La denuncia del Gobierno fue encabezada por el canciller Rafael Bielsa, que deberá prestar declaración testimonial hoy, a las 12, ante Urso.
A esa misma hora, Suárez Mason será trasladado del Palacio de Tribunales al edificio de Comodoro Py 2002 para su cita con el juez. El magistrado ordenó la indagatoria del ex militar, en respuesta a un pedido de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que reclamaron que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria.
Suárez Mason “debe permanecer privado de su libertad en un centro de detención común”, señala el dictamen de Freiler y Delgado, que sostuvieron que el ex jefe del I Cuerpo “ha quebrantado injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio”. El escrito agrega que la conducta atribuida al ex militar “entraña riesgo de fuga y, por ende, pone en peligro la eventual realización del derecho penal”.
Críticas
Al dictamen de los fiscales se sumó la condena de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que reclamaron que Suárez Mason sea enviado a prisión. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, relató que anteanoche recibió una copia de la denuncia anónima que llegó a la Cancillería.
“Me llegó el anónimo, pero antes de tenerlo me llamó Bielsa para contarme la situación y decirme que me quede tranquila, que el Gobierno iba a tomar las medidas correspondientes”, contó Bonafini. “Vamos a seguir reclamando que les quiten el beneficio de la prisión domiciliaria a todos los genocidas”, afirmó la dirigente.
Detenido en su casa desde 1998, a Suárez Mason ya se le había revocado ese beneficio en julio de 2002,por orden del juez federal Claudio Bonadío, en la causa que hoy instruye Ballestero. Pero, tras permanecer unos días en Campo de Mayo, le fue concedida la prisión domiciliaria.
Suárez Mason es uno de los ex militares argentinos más requeridos por la justicia de otros países. En diciembre de 2000, un tribunal de Roma lo condenó en ausencia y lo sentenció a prisión perpetua. La semana última, un juez de Nuremberg reclamó a la justicia argentina su detención preventiva para juzgarlo por la desaparición de dos ciudadanos alemanes.
Un hombre acostumbrado al escándalo
El ex general Carlos Guillermo Suárez Mason estuvo vinculado con el escándalo, especialmente desde 1983, cuando optó por escaparse del país para no afrontar el juicio a las juntas militares por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el Proceso.
“Yo no voy a ser el pato de la boda”, había dicho poco antes de perderse por el mundo y de que la policía lo rastreara durante cuatro años por Sudáfrica, Guatemala, España, Singapur, Taiwan y Costa Rica. Pero fue su afición por las comunicaciones telefónicas lo que permitió descubrirlo en San Francisco, en enero de 1987, desde donde fue extraditado al país, un año después. Fue juzgado por 635 delitos de lesa humanidad, pero su primera detención duró apenas dos años. En 1990, el presidente Carlos Menem lo indultó junto a la cúpula militar que tomó el poder en 1976.
Interventor en Yacimientos Petrolíferos Fiscales y considerado “hombre fuerte” en el Club Argentino Juniors, cuna de Diego Armando Maradona, Suárez Mason fue comandante del I Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1979, en cuya jurisdicción funcionaron varios centros clandestinos de detención.
En los pocos años en que estuvo libre afrontó un juicio por apología del delito y por violar la ley antidiscriminatoria. En 1996 dijo en un reportaje: “A los judíos los conozco, les tengo prevención”. La DAIA lo denunció y, en 2003, fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva.
La condena lo encontró bajo arresto domiciliario por decisión, en 1999, del juez federal Adolfo Bagnasco, que investigaba un supuesto plan sistemático de apropiación de bebes nacidos en centros ilegales de detención.
Es investigado y reclamado por España, Italia y Alemania, que han requerido su extradición para que responda por argentinos desaparecidos de esos orígenes. Se lo conoce como Pajarito desde su juventud, por el estilo de su silueta.
A los 80 años, parece mantenerse firme en su convicción de tratar de evitar respetar la ley.
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