TRES TESTIGOS COMPLICARON A MARÍA JULIA EN EL JUICIO ORAL

El debut de la etapa de los testigos en el juicio oral contra la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray por presunto enriquecimiento ilícito dejó más dudas ayer que claridad respecto de la defensa de la ex funcionaria.

El debate giró sobre los fondos con los que María Julia aumentó su patrimonio en unos 2.500.000 dólares durante su gestión como funcionaria. Uno de los aportes que dijo haber recibido —además de su sueldo como secretaria de Estado— fue un pago de 500 mil dólares de parte de Astilleros Alianza, en 1991.

En este juicio, María Julia tiene que demostrar que tuvo ingresos lícitos para aumentar su patrimonio. De lo contrario, podría ser condenada a una pena máxima de 6 años.

Ayer, en el juicio, empleados y síndicos del sector contable del quebrado astillero coincidieron en declarar que ninguno vio el contrato a través del cual el fallecido presidente de esa compañía Arnaldo Martingenhi habría pagado esos 500 mil dólares.

En el juicio, la ex síndica Hilda Gutiérrez afirmó ayer que a María Julia se le pagó, a pesar de que el Cuerpo de Peritos Contadores reportó a la Justicia que no existe respaldo documental de las tareas que Alsogaray aseguró haber realizado para Astilleros Alianza.

El asesoramiento era para supuestamente reconvertir el astillero en una fábrica de casas prefabricadas.

Otros dos testigos, Guillermo Ansorena y Hugo Vidal, aseguraron “desconocer” cualquier vínculo de esa empresa con la ex polifuncionaria menemista. Otro, Rubén Ceci, aceptó haberla visto una vez en 1991 en la sede del astillero que tuvo a su padre, Alvaro Alsogaray, como socio fundador. En cambio, la ex síndico Hilda Gutiérrez avaló los dichos de María Julia y aseguró que fue contratada y que se le pagó esa suma de dinero.

Pero luego dejó dudas: explicó que pese a que la tarea no se realizó, la ex interventora de ENTel y Somisa cobró igual los 500 mil dólares, en efectivo.

La testigo recordó que el contrato fue firmado por el ya fallecido Martinenghi —en su momento coprocesado por presunta falsificación de documento—, pero dijo no saber quién había firmado las facturas que debería haber extendido Alsogaray.

Tampoco pudo precisar a los jueces Leopoldo Bruglia, Cristina Sanmartino y Vaccare quién, cuándo ni dónde se pagaron las dos facturas que sumaban los 500 mil dólares en concepto de “honorarios profesionales”.

Gutiérrez dijo que el dinero para abonar esos honorarios fue obtenido de “un préstamo” de la empresa fantasma panameña Zeal International Corporation, acreedora concursal de Astilleros Alianza por un monto cercano a los 30 millones de pesos.

El supuesto contrato por el cual María Julia pactó el asesoramiento nunca fue sellado como establece la ley, único elemento que permite precisar una fecha cierta de emisión.

Pero fue el segundo testigo del día, Guillermo Ansorena, quien más complicó a María Julia. Este ex contador de Astilleros desde 1975, que luego fue síndico titular, afirmó desconocer vínculo alguno entre la empresa y Alsogaray. “Jamás escuché hablar de la reconversión” de la empresa y aseguró que no supo de ningún pago de esa magnitud antes de mayo de 1991. “Lo normal era que no se pagara en efectivo”, agregó.

El ingeniero Rubén Ceci fue el tercer testigo del día. Habló del proyecto de reconversión, pero dijo que no prosperó y no lo vinculó a la ex funcionaria. Sólo recordó haberla visto una vez en 1991 en la planta de Avellaneda con gente del astillero.

Por último Hugo Vidal, también contador síndico, desconoció cualquier vínculo o relación laboral de Alsogaray con el astillero en esos años.