TUCUMÁN: DESTINAN FONDOS PARA CAPACITAR ARQUEÓLOGOS Y ANTROPÓLOGOS

“Si bien la partida va dirigida al decanato, este debe girarla al Grupo Interdisciplinario de Arquéologo y Antropólogos de Tucumán (Giaat), que ya están trabajando en el Pozo de Vargas (donde supuestamente eran arrojados cadáveres)”, aseguró hoy a Télam el secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau.

El funcionario explicó que “el Giaat viene haciendo las veces de perito forense en la causa por el Pozo de Vargas, pero también está montando un laboratorio arqueológico, con una infraestructura adecuada para la identificación nominal de personas”.

“La idea es que ellos trabajen basándose en los datos histológicos dados por familiares de desaparecidos y en los genéticos de los restos humanos que puedan extraerse tanto del Pozo de Vargas, como de centros clandestinos, que podrían investigarse en el futuro”, destacó Lobo Bugeau.

El aporte del gobierno de José Alperovich, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, “busca que la Unt pueda formar profesionales que, eventualmente, colaboren como auxiliares de Justicia en las investigaciones para el esclarecimiento de la verdad histórica”.

El dinero llega cuando la falta de recursos económicos impedía que la Justicia Federal, junto al Giaat, continuara con las excavaciones en el Pozo de Vargas, la única finca privada de la Argentina que habría sido utilizada para enterrar los cuerpos de perseguidos políticos durante la última dictadura militar.

“Las excavaciones están paralizadas por la falta de fondos. Según los peritos hacen falta cavar dos o tres pozos pequeños más para drenar el líquido (procedente de las napas freáticas) que afecta al pozo central”, había explicado a Télam tres semanas atrás el juez federal número dos, Felipe Terán.

En febrero de este año, la Justicia Federal confirmó que eran humanos los restos óseos hallados en el Pozo de Vargas (está en una finca ubicada en Francisco de Aguirre al 4000, en las afueras de la capital), causa por la que también está imputado Antonio Bussi, ex gobernador de facto entre 1976 y 1977.

El juez precisó que también constataron “la presencia de vestigios de sangre o líquidos biológicos con vestigios de sangre en la casi totalidad del material analizado, así como la presencia de pelos de gran similitud a los cadavéricos”.

Terán ya ordenó la elaboración de “un plan de trabajo y de un presupuesto (en particular y otro en general) para que sea exhumada la totalidad de los posibles restos óseos existentes en el lugar”, cuyo boceto fue girado -para consulta- a científicos del Giaat de la Unt.

Los miembros del Giaat excavaron hasta los 21 metros de profundidad, donde cruza la napa freática, que complica la tareas, y a partir de allí perforaron con trépanos (taladros) cónicos y extrajeron muestras por aspiración, y aproximadamente a los 34 metros aparecieron los restos óseos, aunque no ropa ni otras pertenencias.

A principios del siglo pasado, el pozo, que tendría una profundidad de 90 metros, servía para abastecer de agua a las locomotoras que llevaban caña de azúcar a los ingenios, pero en la década del 30 se secó y desde entonces estuvo abandonado.

Durante los años 70, según el testimonio de los vecinos de la denominada Finca de Vargas (es donde se encuentra el pozo), entraban y salían camiones sin identificación, en particular de noche, lo que alentó la sospecha de que el lugar había sido utilizado para arrojar víctimas y taparlas.

La causa se inició en 2003 por un escrito del ex director de Transporte y Comercio Interior de la provincia, Enrique Romero, quien denunció la existencia del pozo, que habría sido utilizado como depósito para arrojar cadáveres de perseguidos políticos.

“Nos llama mucho la atención que en el pozo se hayan encontrado diferentes tipo de sedimentos usados para relleno, que no son del lugar. También nos topamos con algo que se habría usado para sellado y, aparentemente, se habría arrojado cal. Pero aún faltan los análisis de laboratorio”, reconoció Terán.

Como los forenses confirmaron que se trata de restos óseos humanos (presuntamente extrajeron muestras que pertenecen a una decena de cuerpos), los próximos pasos apuntarán a determinar la antigüedad de los huesos, para saber si pertenecen a personas que vivieron durante la década de los 70.